Los 12 acusados de promover la secesión unilateral de Cataluña seguirán en el banquillo. La Sala Penal del Supremo no ha aceptado las peticiones de nulidad del procedimiento formuladas por las defensas basándose en una supuesta vulneración de derechos fundamentales que el tribunal considera inexistente.

Tampoco ha accedido a las solicitudes de suspensión basadas en que aún no se han recibido determinados documentos en los que las defensas están interesadas. Al haber sido pedidos con carácter de prueba documental, no será hasta que comience esa fase del juicio, aún lejana, cuando deberán estar disponibles.

El debate de las cuestiones previas, al que el tribunal ha dedicado dos sesiones, sí ha servido para que se admitan nuevas pruebas, como la pedida por el letrado Mariano Bergés. Se trata de un informe de la Intervención General del Estado que, según el defensor de Dolors Bassa, "pone en entredicho las conclusiones de los informes de la Guardia Civil" sobre las cuantías supuestamente malversadas en la preparación del referéndum ilegal del 1-O. También se incorporará un informe de la asesoría jurídica de la Generalitat según el cual ningún departamento del Govern asumió coste alguno de esa consulta, celebrada pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

Los magistrados han acogido, igualmente, la petición del defensor de Joaquim Forn, Xavier Melero, de que declare el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que mandó a 6.000 policías y guardias civiles a impedir la celebración del 1-O, lo que no se logró.

En cambio, han rechazado el planteamiento de Pau Molins, defensor de Santiago Vila, para que el exconsejero de Empresa -"que dimitió por no estar de acuerdo con la declaración unilateral de independencia", dijo el letrado- sea excluido del proceso.

Vila seguirá con sus excompañeros de gobierno, que a partir de este jueves empezarán a declarar. El primero será el exvicepresidente, Oriol Junqueras.