El presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, que presidirá el juicio relacionado con el proceso de declaración unilateral de independencia de Cataluña, se ha dirigido por escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que los nueve acusados que se encuentran en prisiones catalanas estén en Madrid la última semana de enero.
El traslado afecta al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquín Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart
"Intereso que adopte las decisiones que resulten indispensables para garantizar la presencia de los procesados presos a disposición de esta Sala en la última semana del corriente mes de enero", indica Marchena en su escrito, en el que explica que en el momento actual ha sido ya declarado abierto el juicio oral del 'procés y se han formulado las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce el partido Vox. El próximo día 14 termina el plazo de presentación de los escritos de defensa.
La ley procesal penal establece que, una vez señalado el día de comienzo del juicio -lo que aún no se ha hecho- el tribunal ordenará que los acusados que se encuentren presos sean "inmediatamente conducidos a la cárcel de la población" donde la vista se celebre.
La Sala entiende que "ni la celeridad que impone la ley ni la fijación reglamentaria del plazo mínimo de un mes para recabar la presencia de los procesados presos pueden ser concebidas como exigencias temporales en detrimento de la seguridad que ha de presidir el traslado de los presos, de su derecho a que este traslado se verifique en condiciones que respeten su dignidad y del derecho de todo acusado a un proceso sin dilaciones indebidas", por lo que ha optado por dirigirse a Interior para que organice el traslado con tiempo suficiente para garantizar la seguridad y los derechos de los presos.