Defensores de condenados del caso Gürtel estudian la presentación de una querella contra Baltasar Garzón tras conocerse el contenido de una grabación en la que el comisario José Villarejo, hoy en prisión, revela que "preparó" el arranque de ese procedimiento judicial con el exjuez y con Juan Antonio González, policía de la confianza del entonces ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Comimos Balta, Juan Antonio, el Oli [José Luis Olivera, jefe de la Udef] y yo, preparando lo de la Gürtel, en agosto [de 2008], o sea, justo cuando al día siguiente admitía él el tema", se oye decir a Villarejo en esa grabación, al final de una comida celebrada en octubre de 2009 y en la que participaron la fiscal Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, y el propio Garzón.

Estos últimos ya se habían marchado cuando Villarejo habla de Gürtel con el entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, y dos mandos policiales adjuntos al DAO, Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, y Gabriel Fuentes. 

Villarejo relató que en esa comida de agosto de 2008 con Garzón, González y Olivera "me dijo Juan Antonio: 'muy importante que tú le cuentes todo el tema de (ininteligible) al juez, porque es muy importante, porque ahora mismo es un hombre muy importante para este país, no sé qué y cuál'. Y le digo: 'macho, a mi no me cuentes nada, que yo siempre [Garzón] me ha caído de puta madre".

La intervención de Villarejo en el origen del caso Gürtel era desconocida hasta ahora y la grabación no desvela en qué consistió. Pero sí pone de manifiesto que la información "muy importante" en poder del agente encubierto era un hecho conocido por Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial y uno de los principales colaboradores de Rubalcaba.

De la estrecha relación entre el que era ministro del Interior cuando se inició el caso Gürtel y el comisario González da fe la vehemente defensa pública que Rubalcaba hizo del mando policial cuando éste atravesaba uno de sus peores momentos, tras aparecer en el caso Malaya unas anotaciones de Juan Antonio Roca en las que consignó un pago de 200.000 euros a favor de J.A.G. "No es que exista presunción de inocencia [a favor de Juan Antonio González], es que hay inocencia", dijo Rubalcaba.

"Fíate de González"

En la grabación también se escucha decir a Villarejo que durante la comida de agosto de 2008 Baltasar Garzón le cogió en un aparte y le dijo que de él se fiaba pero de Juan Antonio González no.

"Y, entonces, en un aparte y no sé qué me dijo, Balta me dijo 'yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras y tal cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos'. ¡Coño, no me jodas! 'No, no, hombre, no es así, tal'. Y dice 'nooo, no, además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual', dice 'pero no me fío de Juan Antonio'. Me lo dijo, ¿eh? Me dijo. 'Y ¿por qué?' 'Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice: ''fíate de él y tal y cual'. Y me dice 'porque tu amigo Alfredo…'. 'Yo no conozco a Alfredo'. Y dice '¿serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!'. Y yo 'no le conozco'. Y él 'así me gusta, así me gusta, que lo niegues'".

Los defensores de los condenados del caso Gürtel consideran que esa grabación, adelantada por el web Moncloa.com, "confirma las sospechas que siempre hemos tenido sobre la irregular asunción de la competencia del caso Gürtel por Garzón", afirma el letrado Miguel Durán, que representa a Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa.

Los letrados creen que las relevaciones de Villarejo ponen de manifiesto que este comisario estuvo en el origen del procedimiento y aportó información relevante, hecho que fue ocultado a las defensas y que no consta en las diligencias.

También ponen en evidencia, aseguran, que Garzón estuvo al corriente del caso antes de asumir formalmente la competencia, lo que se produjo el 6 de agosto de 2008, cuando abrió diligencias previas. Los letrados creen que Garzón "se quedó con el caso Gürtel" por una irregular aplicación de las normas de reparto de la Audiencia Nacional. 

Además, esa "preparación" del caso antes de haber asumido la competencia se hizo con mandos policiales de la confianza de un ministro del PSOE, adversario político de los dirigentes del PP contra los que a la postre se dirigió el procedimiento. Más aún, a tenor de la grabación, Garzón y Rubalcaba habrían tenido conversaciones extraprocesales sobre el caso Gürtel, lo que hasta ahora no se conocía.

Para las defensas, estos datos "deben ser investigados por un juez para saber si configuran un escenario de prevaricación en el origen del caso Gürtel".

Este procedimiento judicial, que ha acabado provocando la pérdida del Gobierno para el PP, fue sentenciado el pasado 24 de mayo por la Audiencia Nacional, que condenó a 29 de los 37 acusados. La sentencia fue durísima para el PP, ya que declaró la existencia de una trama de "corrupción institucional" en el partido y su financiación ilegal a través de una caja B.

El proceso se encuentra ahora pendiente de que la Sala Penal del Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos contra el fallo de la primera instancia, y los defensores pretenden encontrar en la grabación de Villarejo y en otros incidentes -como el de la denuncia interpuesta contra el magistrado Julio de Diego y en la que se asegura que se durmió con frecuencia durante la vista oral- una apoyatura para lograr la nulidad de la condena.

El fantasma que persigue a Garzón

El caso Gürtel ya supuso la tumba de Garzón en 2012, cuando, por unanimidad, el Tribunal Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por escuchar ilegalmente las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados y sus abogados, accediendo así de manera ilícita y contraria a la Constitución al conocimiento de sus estrategias de defensa. La condena supuso la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europero de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de Garzón contra el fallo del Tribunal Supremo. El TC rechazó la impugnación del exjuez por la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho constitucional tutelable en amparo", mientras que el TEDH declaró su demanda inadmisible.