Ricardo González, el juez del voto discrepante en la sentencia de La Manada ha reaparecido este jueves en una concentración que jueces y fiscales han convocado frente al Palacio de Justicia de Pamplona. Interpelado por las declaraciones de Rafael Catalá en las que se refería a él, el magistrado ha dicho que no tenía nada que decir, que él sólo habla "en autos y sentencias, en ningún otro sitio".
Primeras declaraciones del juez que pidió la absolución para 'La Manada'
"No entro para nada en comentarios que se hagan sobre mi persona. Esto [la concentración] es por las reivindicaciones muy anteriores a lo que ha sucedido con el caso de La Manada", ha señalado González a los medios de comunicación durante la concentración, que ha durado unos diez minutos. El juez ha sido recibido por abrazos de todos sus compañeros de profesión y, en este sentido, ha señalado que "solo puedo decir que agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más"
El ministro de Justicia afirmó la semana pasada que "todos saben que este juez tiene algún problema singular". Catalá recordó que González tiene "algunos expedientes ya abiertos" y consideró que el voto de González contiene "expresiones y consideraciones impropias de un voto particular".
Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro al mostrar una actitud "especialmente escandalosa". Consideran que las declaraciones de Catalá “no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia” y “deberían provocar su inmediata dimisión”.
Catalá ha participado esta mañana en un desayuno informativo de Europa Press, en el que se ha mostrado confiado en que "la tensión se resuelva cuanto antes" y se siga trabajando "con lealtad" desde el Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las asociaciones de profesionales.
También ha mostrado su confianza en que haya "en breve" una propuesta de los técnicos para la reforma del Código Penal que mejore el "compromiso democrático" con las víctimas de delitos sexuales y que todas las instituciones se pongan "al servicio de la justicia y de la garantía de los derechos de todos los españoles".