La Justicia ha imputado a ocho grandes constructoras por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de tres tramos de la línea del AVE a Murcia. El auto, emitido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia el pasado 5 de febrero, cita como investigadas a Acciona, Construcciones Villegas, Dragados, Hormigones Martínez, Tecsa, Sacyr, Neopul y Constructora San José. En su escrito, la jueza Olga Reverte considera que estas sociedades pudieron ser "posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental".
Según la tesis de los investigadores, estas sociedades participaron en el desvío de dinero público mediante facturas infladas por los trabajos de recolocación de regadíos a lo largo del trazado del AVE a Murcia. Desde 2016, la Justicia investiga los sobrecostes de 60 millones de euros que supusieron estos trabajos, abonados por la empresa pública ADIF.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que la reposición de los canales de regadío se realizó mediante los llamados "expedientes de gasto", otorgados por las comunidades de regantes afectadas pero abonados directamente por la empresa pública que controla las infraestructuras ferroviarias en España. En este caso, la Justicia ha imputado ya a varios responsables de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las entidades que concertaban las obras.
La mayoría de los trabajos fueron contratados siempre a la misma sociedad: Obras Marimar SL, que cargó 71 millones de euros en facturas por esos conceptos, cuando ADIF había presupuestado solo 11 millones. Después, según la tesis de los investigadores y los testimonios de varios de los investigados, ese dinero era repartido entre responsables de ADIF, las comunidades de regantes y otras personas que presuntamente participaban en la trama.
Ahora, la jueza considera que las constructoras que recibieron por concurso esos tramos pudieron, al menos, colaboradores necesarios en este presunto desfalco. De media, las obras sufrieron incrementos de coste que alcanzan el 626%. El tramo San Isidro-Orihuela rompió todas las estadísticas con un sobrecoste del 1.544%. En el caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el aumento de dinero público fue del 3.109%. Aun así, las facturas se abonaron.
Un peritaje sobre sus facturas
Para confirmar de forma preliminar la posible responsabilidad de las constructoras, el juzgado pidió un informe pericial sobre la documentación entregada con los principales contratistas. La conclusión del informe judicial revela que el montante presuntamente malversado por el grupo de constructoras podría oscilar entre los 7,3 y los 22 millones de euros. Ese es el diferencial entre las facturas presentadas por las distintas sociedades a ADIF y los costes reales que han podido acreditar de forma preliminar ante la Justicia por esos mismos trabajos.
En el caso de la Constructora San José, por poner un ejemplo, el diferencial entre las facturas cobradas y los gastos demostrados es de 3,3 millones de euros de dinero público. Una cifra cercana a lo que habrían facturado de más según el escrito judicial contructoras como Sacyr o Neopul, titulares del tramo entre Orihuela y Colada de la Buena Vida.
Sin embargo, según refleja la instructora en su escrito, si esos mismos datos se cruzan además con las facturas presentadas por la empresa Obras Marimar, que fue la que sirvió de excusa a las grandes constructoras para girar sus gastos, la desviación real podría llegar al 57% y la cantidad de dinero público presuntamente malversada, superar los 22 millones.