Un magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, será el decimocuarto fiscal general de la etapa constitucional iniciada en 1978. El Gobierno ha vuelto a fijarse en el alto Tribunal para elegir a quien dirigirá el Ministerio Público en uno de los momentos más complejos y delicados de España debido a la crisis provocada por el desafío secesionista catalán.

Declaraciones del nuevo fiscal general del Estado.

La Sala Penal del Supremo era la cantera natural para un Gobierno que no quiere que el fiscal general sea un miembro de la carrera para evitar servidumbres corporativas. De hecho, los nombres de otros prestigiosos magistrados de ese órgano, como Miguel Colmenero, han sido barajados para suceder al fallecido José Manuel Maza.

Sánchez Melgar (Palencia, 1955) tiene un perfil jurídico muy técnico, similar al de Maza. Ello responde a la línea continuista buscada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuya propuesta fue aceptada este viernes por el Consejo de Ministros tras ser valorada personalmente por el presidente Rajoy desde el jueves.

Igual que le ocurrió a Maza, Julián Sánchez Melgar considera que "cuando a uno le ofrecen una responsabilidad así no puede decir que no". "No deseo el cargo por el cargo", manifiesta a EL ESPAÑOL el nuevo fiscal general, que confiesa estar feliz en la Sala Penal del Supremo, en la ha trabajado durante los últimos 17 años. 

Asegura que lo que le ha llevado a aceptar la propuesta de Catalá no es sólo la crisis catalana sino "prestar un servicio a la Justicia y a la sociedad" desde una institución neurálgica del Estado. Sánchez Melgar fue uno de los cinco jueces que el pasado 31 de octubre admitió a trámite la querella firmada por Maza y dirigida contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa. En esa resolución la Sala apreciaba indicios del delito de rebelión. De no haber accedido a la Fiscalía, le hubiera correspondido también juzgar este asunto.

"Suscitar consensos"

"Quiero suscitar consensos y actuar con autonomía, independencia y prudencia, aplicando los valores constitucionales, sin precipitarme", afirma este juez con fama de cauto y de jurista reacio al protagonismo personal.

El futuro fiscal general recibirá la próxima semana el plácet del Consejo General del Poder Judicial, que certificará que cumple los requisitos objetivos para el cargo. Antes de su nombramiento por el Gobierno también deberá comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, lo que, salvo cambios, está previsto para el 5 de diciembre.

El Gobierno no ha consultado la elección de Melgar ni con el PSOE ni con Ciudadanos, lo que ha sido criticado por la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles. "Hubiéramos esperado que, aunque fuera media hora antes, nos hubieran comunicado la propuesta", afirma Robles, que subraya la "especial gravedad" del momento político por la situación creada por los secesionistas catalanes, cuestión en la que el PSOE ha apoyado al Gobierno en la aplicación del artículo 155.

Pese a ello, la portavoz socialista, exmagistrada del Tribunal Supremo, admite que desde el punto de vista de su prestigio y competencia jurídica "no se puede poner ningún pero" a Sánchez Melgar.

El ministro de Justicia recordó que en el procedimiento de nombramiento del fiscal general, que es una competencia exclusiva del Gobierno, no está prevista una consulta previa con la oposición. "Nunca ha sido así y hasta ahora nadie se ha sentido molesto por ello", dijo Catalá.