La Agencia Tributaria está detrás de una operación vinculada a unos arquitectos canarios que hicieron supuestos trabajos para la empresa Juandro Consultores, vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, para llevar a cabo un proyecto en México, y relacionados con el exsenador Miguel Zerolo, condenado por prevaricación. El instructor de la AEAT ve “incoherente” que la empresa dueña de unos terrenos mexicanos recurriera a proveedores españoles, para la realización de determinados servicios, “por cuya naturaleza de tipo urbanística, sería obviamente más razonable acudir a proveedores locales, por varios motivos, especialmente por el conocimiento de la normativa y demás cuestiones que se le presupone a los nacionales del país”.

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A pesar de lo inusual, los gestores de Juandro Consultores contrataron al despacho de arquitectos Palerm & Tabares de Nava SL, del que formaban parte Juan Manuel Palerm Salazar y Leopoldo Tabares de Nava, vinculados al exsenador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación.

Este despacho tiene sede en Santa Cruz de Tenerife y, de hecho, todos los contratos suscritos entre Juandro Consultores y Palerm & Tabares de Nava se habrían firmado físicamente en esa isla. Concretamente, fueron dos contratos, uno de Máster del desarrollo Azul de Cortés, por 300.000 dólares, firmado el 26 de diciembre de 2006, y otro contrato para la realización de los estudios previos pertinentes a la Urbanización La Paz, de febrero de 2007, por un importe de 200.000 euros.

Beneficio de 14 millones

Esta operación está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por la participación del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a través de su empresa Iniciatives Marketing e Inversión. Su empresa entró en el negocio en 2006 abonando 1,3 millones de dólares a la sociedad Juandro Consultores, que adquirió los terrenos en los que se iba a desarrollar el proyecto, a cambio de un 21,5% de sus participaciones. En 2008 vendió sus derechos en la operación por 15,2 millones de euros, obteniendo un beneficio próximo a los 14 millones de euros.

De la Mata sospecha que el expresidente de Isolux Corsán, Luis Delso y Pujol Ferrusola, entre los que existía “una relación de afinidad personal”, pudieron “concertarse” para introducir al hijo del exjefe del Gobierno catalán en el negocio "con el objetivo de que después le compraran su parte con inmensas plusvalías".

Zerolo, a través de su testaferro

Según recuerda un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), ambos arquitectos, Juan Manuel Palerm Salazar y Leopoldo Tasares de Nava, estuvieron inmersos en un procedimiento judicial dirigido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz. En dicho proceso el Ministerio Fiscal pidió su procesamiento, por su presunta intervención en una falsificación en relación a la redacción del Plan General de Ordenación de Santa Cruz en el año 2009, donde también habría estado en calidad de investigado el alcalde de la ciudad Miguel Zerolo.

Igualmente fueron denunciados por unas obras licitadas por Zerolo sobre el acondicionamiento de un barranco, presupuestadas para tener un coste inicial de 18 millones de euros, y que se inflaron finalmente hasta los 120 millones de euros, interviniendo también es esta cuestión los dos arquitectos, tanto por su presunta implicación en el desvío de fondos, como por el hecho de que uno de sus familiares se habría beneficiado del proceso de expropiación.

Pero es más, no es la primera vez que se vincula a Zerolo con el representante de Juandro SL, Julio Bonis Álvarez. En unas conversaciones intervenidas en una investigación al exsenador por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se descubrió que el dirigente de CC podría tener algún interés en el proyecto Azul de Cortés, en el que participó Jordi Pujol Jr. La Policía destaca especialmente que Juandro SL pagara mensualmente 4.515 euros a una sociedad al frente de la cual estaba un testaferro de Zerolo, adscrito al mismo partido político, y que también fue senador.

En ese procedimiento incluso se estableció la posibilidad de que Zerolo participara en el proyecto Azul de Cortés, a través de Julio Bonis. Los pagos de los presuntos servicios prestados los arquitectos ahora investigados por la AEAT efectivamente tuvieron lugar desde la cuenta de Bancover BBVA.