La familia Pujol trata de sacar rentabilidad a la guerra entre comisarios que desde 2014 vive el Ministerio del Interior. Y tumbar con ello el procedimiento que se sigue contra el clan catalán en la Audiencia Nacional. Su objetivo, según confirman fuentes cercanas a su entorno, es que el comisario José Villarejo acuda al principado para declarar como testigo. La familia del expresidente catalán busca así que el mando policial, ya jubilado, aporte información sobre la llamada "operación Cataluña" y aclare si la Policía española obtuvo de forma ilegal la información de sus cuentas bancarias ocultas en el principado.
Los contactos entre la familia Pujol y el comisario Villarejo se han materializado en Madrid en las últimas semanas. Y suponen un paso más en la estrategia del clan catalán para tumbar los procedimientos judiciales seguidos contra ellos en España, que mantienen imputados tanto al matrimonio Pujol-Ferrusola como a sus hijos.
El 16 de julio de 2014, fue el propio expresidente Pujol quien reconoció que su familia escondía en el extranjero una "herencia", oculta desde hace años. El comunicado llegó tras la publicación de la información bancaria por parte del diario El Mundo. En ese momento, los Pujol pusieron una denuncia en Andorra, acusando al BPA de vulnerar el secreto bancario local y filtrar los datos a la policía española.
Causas en Andorra
Dos años después, la investigación sobre las finanzas del clan Pujol se centraliza en la Audiencia Nacional, pero Andorra tiene también varios procedimientos abiertos relacionados con ellos. El primero tiene que ver con la denuncia presentada por la familia. Y el segundo se relaciona con la intervención del BPA andorrano por presuntos delitos de blanqueo de dinero tras una petición de EEUU.
El pasado 18 de agosto, la jueza Canolic Mignorance, que ha instruido el caso contra los gestores del BPA, procesó a 24 empleados y directivos del banco, a los que ha envió en el banquillo a la espera de juicio, por considerar que hay pruebas contra ellos. En su declaración en este procedimiento, los hermanos Cierco -máximos accionistas del BPA en aquellas fechas y que han resultado absueltos- denunciaron presiones y amenazas de la policía española para acceder a los datos bancarios de distintos políticos independentistas, con la familia Pujol a la cabeza.
Según Higini Cierco, la petición fue trasladada por varios agentes de la Policía Nacional y la entrega de la información se realizó tras varias reuniones en un céntrico hotel de Madrid con un mando policial que se hacía llamar Felix, y que el empresario catalán identifica en su declaración como el comisario Marcelino Martín Blas, entonces responsables de la Unidad de Asuntos Internos.
Operación Cataluña
No es la primera vez que las investigaciones sobre la familia Pujol y los movimientos separatistas en Cataluña se convierten en un arma arrojadiza en el Ministerio del Interior. El 16 de octubre de 2015, el diario Público reveló una grabación en la que el comisario Villarejo hablaba con el financiero Javier de la Rosa para conseguir información sobre las finanzas ocultas de la familia Pujol.
Tiempo después, fue el propio Villarejo quien afloró los trabajos de la policía en este sentido. Ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga el caso del llamado Pequeño Nicolás, el mando policial declaró que tanto él como Martín Blas coincidieron en labores de inteligencia en Cataluña.
Ahora, la familia del expresidente catalán intenta tensar más esta cuerda: valora citar como testigo al ex mando policial. Una maniobra que beneficiaría también a los máximos accionistas del BPA, siempre que Villarejo confirme como testigo su versión sobre la obtención de la información bancaria.
La nulidad de las actuaciones
Los Pujol no son los únicos que han visto en la presunta guerra sucia de Interior una oportunidad para eludir la Justicia. El pasado mes de agosto, veinte procesados por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) presentaron un escrito ante la jueza Mignorance, que perseguía el fin último de lograr la nulidad de todo el proceso debido a las maniobras del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Argumentan para ello también, entre otras cosas, la denuncia realizada por el máximo accionista del banco, quien se declaró víctima de amenazas por parte de policías españoles para conseguir datos bancarios de los Pujol y otros dirigentes independentistas.