La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional ha conseguido frustrar el plan de un capo del narcotráfico para fugarse en helicóptero de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Los agentes antidroga desplegaron durante 48 horas un dispositivo con varios vehículos armados en los alrededores de la prisión malagueña para impedir que la aeronave aterrizara en el recinto y rescatara al preso, que ya había sido trasladado a otra cárcel sin que sus subordinados lo supieran.
La Policía frustró hace una semana el plan de una organización de narcotraficantes para sacar en helicóptero de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) a uno de sus principales integrantes. El grupo pretendía que la aeronave aterrizara en la explanada del centro penitenciario para recoger al preso y facilitar su fuga.
Según revelan fuentes penitenciarias y de la Policía a EL ESPAÑOL, los agentes antidroga se desplegaron durante 48 horas en los alrededores de la prisión para tratar de impedir que el plan llegara a ejecutarse.
La información de inteligencia que manejaba la Policía describía lo que iba a ocurrir, así que los especialistas en la materia hablaron con el director de la prisión.
A esa investigación de la Policía se le unió el apoyo de la Guardia Civil en el perímetro, lo que durante la operación llevó a pensar que el operativo era suyo. Guardia Civil sirvió de apoyo debido a que suya es la competencia en el perímetro de la cárcel.
Hasta el sábado pasado, cuatro vehículos de la Guardia Civil, con agentes armados, permanecieron en la zona como parte del dispositivo de vigilancia.
La operación tenía como objetivo detectar la posible aproximación del helicóptero y evitar que aterrizara en el recinto penitenciario.
Los investigadores descubrieron que el plan de la organización pasaba por acceder a las instalaciones de la prisión, concretamente al módulo 9, según las fuentes consultadas.
El objetivo era un capo de la droga de nacionalidad francesa que había permanecido interno en la cárcel malagueña.
Sin embargo, el Ministerio del Interior ya había dispuesto su traslado a otro centro penitenciario. Sus subordinados, según las mismas fuentes, desconocían esa decisión, por lo que continuaron adelante con los preparativos para sacarlo de prisión.
La medida penitenciaria no había llegado al conocimiento de quienes preparaban la operación, que mantenían su intención de desplazarse hasta Alhaurín de la Torre para recoger al narcotraficante.
De ahí que la Policía mantuviera el dispositivo durante dos días, ante la posibilidad de que el plan siguiera adelante pese a que el preso ya no se encontraba allí.
Aunque una fuga de estas características pueda parecer propia de una película, existen precedentes en Europa de narcotraficantes liberados de prisión mediante operaciones en las que se han empleado helicópteros.
Las autoridades españolas debían tener en cuenta esa posibilidad a la hora de valorar la amenaza y desplegar los medios necesarios para neutralizarla.
El caso vuelve a poner de relieve los desafíos que plantea el crimen organizado para la seguridad de las prisiones. Las grandes redes del narcotráfico disponen de recursos económicos, contactos internacionales y capacidad logística para intentar operaciones complejas incluso cuando sus integrantes se encuentran privados de libertad.
El reto es impedir que los narcos sigan operando desde prisión.
El episodio de Alhaurín de la Torre se produce en un contexto en el que las organizaciones criminales han aumentado su capacidad operativa y logística.
La Costa del Sol constituye uno de los principales escenarios de actividad de estas redes, que cuentan con estructuras internacionales y recursos para mover grandes cantidades de droga, armas y dinero.
La amenaza no se limita a los intentos de fuga. Otro de los problemas que afrontan las autoridades penitenciarias es la posibilidad de que determinados internos mantengan contactos clandestinos con sus organizaciones en el exterior y continúen impartiendo instrucciones desde prisión.
Francia ha impulsado en los últimos años medidas específicas para reforzar la seguridad penitenciaria frente a los grandes narcotraficantes.
Entre ellas figuran unidades de alta seguridad destinadas a internos vinculados al crimen organizado, el refuerzo de la inteligencia penitenciaria y la incorporación de medios tecnológicos para dificultar las comunicaciones ilegales y detectar amenazas como el uso de drones.
El debate también afecta a España, donde las fuerzas de seguridad y los responsables penitenciarios deben afrontar el desafío de evitar tanto las fugas como la continuidad de las actividades criminales desde el interior de las cárceles.
La experiencia francesa ha situado sobre la mesa la necesidad de combinar tecnología, información, coordinación policial y formación especializada de los funcionarios penitenciarios.
Estos trabajadores mantienen un contacto diario con los internos y pueden detectar cambios de comportamiento, relaciones entre presos, conflictos y posibles estructuras de liderazgo que resulten relevantes para prevenir actividades delictivas.
El objetivo no es únicamente impedir que un narcotraficante abandone ilegalmente la prisión, sino también evitar que conserve desde ella la capacidad de dirigir su organización.
El intento de rescate frustrado en Alhaurín de la Torre ilustra la dimensión que pueden alcanzar los planes de las redes del narcotráfico para recuperar a sus integrantes.
La lucha contra estas organizaciones no termina necesariamente con la detención de sus miembros: supone garantizar que la prisión impida tanto la fuga como la continuidad de sus actividades constituye otro de los desafíos para las autoridades.
Desde el sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) describen cómo en los últimos años el crimen organizado se ha convertido en una auténtica amenaza en las cárceles. Tanto por cómo continúan allí sus actividades ilícitas como por los intentos de fuga como este último.