El éxito de las movilizaciones por la vivienda y, especialmente, las manifestaciones de este sábado empujan al PSOE a abrazar la tesis de aprovechar ese empuje para ir ya a elecciones.
Pedro Sánchez medita en su nuevo retiro de fin de semana si anunciar el lunes la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, volviendo a ser el líder político que elige la ola que más le conviene para subirse, como hizo en 2023 para sorpresa de todos.
En este caso, con el marco de la vivienda y frente a un PP caricaturizado por los socialistas como un partido "desalmado" que no atiende las necesidades sociales.
¿A quién beneficia la movilización por la vivienda? ¿Mueve voto entre los dos bloques de derechas frente a izquierdas? ¿Funcionará el mensaje simplificado de los que quieren solucionar el problema de la vivienda frente a los que defienden a los poderosos?
Y hay más dudas: ¿Es demasiado tarde después de ocho años para que Pedro Sánchez se ponga alguna medalla sobre ese asunto?¿Hay perspectiva de que el contexto sea mejor para el Gobierno en los próximos meses?
Las respuestas a esas incógnitas básicas mueven al presidente del Gobierno este fin de semana para terminar de decidir si el lunes anuncia que convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
O si, por el contrario, decide aguantar, como ha hecho hasta ahora cada vez que se ha encontrado ante un grave escollo y todo el resto del universo entendía que no podía seguir adelante.
Por ejemplo, en sus inicios cuando contra todo pronóstico volvió a presentarse a unas primarias que tenía perdidas. No escuchó el clamor que le daba por muerto, aguantó y le funcionó.
O cuando se lanzó a intentar una investidura en 2023 que necesitaba el apoyo de Junts y, por tanto, dar un giro radical a su posición contraria a una ley de amnistía y a su promesa electoral de traer a Carles Puigdemont ante la Justicia. Desoyó los consejos y le salió bien.
También cuando siguió adelante pese a los casos de corrupción que afectaban directamente a sus colaboradores más cercanos y sin asumir ninguna responsabilidad política, aunque retóricamente asegure que sí la asume.
Esta vez el círculo se le ha cerrado y tiene menos margen de maniobra.
Ministros y dirigentes socialistas son cada vez más defensores de la convocatoria electoral anticipada y, según avanza el fin de semana, están más convencidos de que la legislatura se ha acabado. Eso sí, añaden que con este presidente del Gobierno nunca se sabe.
Todo parece indicar que esta vez sí firmará el decreto de disolución, dando por imposible llegar a 2027 como pretendía y admitiendo que no va a tener mejor momento que este.
No tanto para ganar las elecciones o gobernar, como está obligado a asegurar en público, como para sostener un resultado que no sea catastrófico para el PSOE.
Es decir, la decisión final depende de la respuesta a una pregunta básica: ¿es posible mejorar de aquí a julio?
En la respuesta intervienen factores que analiza estos días como la evolución de la situación económica que, atendiendo a la coyuntura internacional, no sólo no mejorará, sino que es previsible que haya datos negativos como un ascenso de los precios de la energía y los hidrocarburos con todo lo que ello significa.
En ese escenario económico, no parece aconsejable ir a elecciones en plena turbulencia en febrero o marzo. Mucho mejor ahora con la agenda de la vivienda caliente sobre la mesa.
El otro 15-M
El análisis de esa coyuntura económica, la prospectiva del corto plazo y los datos de encuestas exprés y estudios demoscópicos sostienen la meditación de Sánchez en este nuevo fin de semana de retiro, según fuentes del Gobierno.
Esos estudios demoscópicos buscan determinar si la oleada de protestas por la vivienda favorecen al PSOE, si mejora posiciones de otras opciones de izquierdas como Podemos o lo que será el Frente Amplio, si movilizan a las derechas o si van a opciones minoritarias que no aportan para la distribución de escaños.
Por ejemplo, una pancarta destacada en la Puerta del Sol reza: “PSOE y Sumar responsables de nuestra miseria” y la firma la Coordinadora Juvenil Socialista, grupo con importante representación en la acampada.
Es decir, no son votos para la “izquierda institucional”, salvo que se entienda que hay segundas o terceras derivadas en las familias o entornos de los que protestan.
Imagen de una pancarta de la acampada de la Puerta del Sol.
Entre otras cosas, porque el estallido social que se vive también es consecuencia de la gestión de Sánchez en política de vivienda, además de la de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Con todas las diferencias por el paso del tiempo, estos días se recuerda que hace 15 años el 15-M se hizo contra un Gobierno del PSOE (el de Zapatero) y no vino seguida de una victoria de la izquierda. Por el contrario, sólo seis meses después el PP de Mariano Rajoy arrasó con mayoría absoluta.
La ola de aquella acampada no sirvió en el corto plazo para que los socialistas ganaran poder sino que, por el contrario, surgió a su izquierda Podemos y dejó al PSOE en su peor resultado histórico.
En el entorno de Sánchez dan mucha importancia al hecho de que todas las encuestas indiquen que el PP está estancado en el porcentaje de voto de 2023, mientras que Vox sea el beneficiario de acontecimientos como los de Ceuta o, incluso, el rechazo de protestas como la de la Puerta del Sol por la vivienda.
Esos datos tienen la lectura de la debilidad de Alberto Núñez Feijóo, siempre según los socialistas. Pero también la evidente transferencia de votos fronterizos que pasan del PSOE al PP, mientras que los populares ceden a su vez apoyo hacia Vox. Es decir, un corrimiento general de voto a la derecha que es muy difícil de corregir.
Entienden que puede frenarse ese trasvase con la simplificación de presentar al PSOE como “protector de los débiles”, frente al “desalmado PP” que rechaza medidas para evitar desahucios.
Otra línea de análisis es qué se puede hacer en estos meses si se aguanta en el Gobierno.
Para empezar, consideran que ha quedado demostrado que no pueden aprobar nada sobre vivienda y es un esfuerzo inútil volver a presentar más iniciativas o decretos.
Tienen en el horizonte más inmediato la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo modelo de financiación.
Esa iniciativa tiene un coste político interno siempre y, en este caso, es rechazada por Asturias y Castilla-La Mancha, las dos únicas comunidades de régimen común con presidentes socialistas, además de Cataluña.
Junts lo rechaza porque es fruto de un pacto con ERC y porque lo consideran insuficiente.
Por tanto, llevarlo al Congreso supondría una nueva derrota con alguna quiebra interna y, en definitiva, otra constatación de su debilidad.
Sin Presupuestos
El siguiente hito sería la negociación de los Presupuestos para su presentación, dando por hecho que no serán aprobados en diciembre y así poder disolver para llamar a las urnas en febrero o marzo.
Pero visto lo visto consideran que no tiene mucho sentido porque ya tienen la causa justa para convocar elecciones y no necesitan aguantar tantos meses cambiando el marco sobre la vivienda que ahora entienden más favorable.
La pregunta sería: ¿qué más pueden aportar en la legislatura?
El Gobierno asegura que las arcas del Estado están llenas por una recaudación fiscal récord, que en otras circunstancias les permitiría hacer política social y electoral intensa en los próximos meses. Incluidos unos Presupuestos muy expansivos y sociales.
Pero, de nuevo, la incógnita es cómo hacerlo sin mayoría suficiente y sabiendo que lo que llaman “las tres derechas” no están dispuestas a dar ningún respiro al Gobierno.