No hubo giro de guion. El Congreso tumbó los dos Reales Decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts y convirtió una derrota parlamentaria en un problema, o una ventana de oportunidad para Pedro Sánchez: aguantar hasta 2027 o adelantar las elecciones, ahora que la vivienda le ofrece un relato político en torno al que intentar rearmar al Ejecutivo.
Los decretos eran la respuesta del Gobierno a las protestas desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen, la vecina del Retiro convertida en símbolo de la crisis de la vivienda.
Después de ocho años en Moncloa y con la vivienda como principal preocupación ciudadana, Sánchez y sus ministros habían hecho de la calle un escenario más de la batalla política.
Pero de nada sirvieron los discursos de ira ni las calles inflamadas de rabia. Tampoco la nueva generación de indignados que rodeó el Congreso, evocando las movilizaciones de los peores años de la crisis económica y que alumbraron Podemos. Ni siquiera la votación nominal, uno a uno, que solicitaron PSOE y Sumar para "retratar" a los que votaron en contra".
Junts no se movió y eso que la presión, debido a que su voto era clave, llegó hasta el último minuto con un Pedro Sánchez que, sólo un minutos antes de comenzar la votación, se subía a la tribuna para pedirles que abandonen "el cálculo político" y "los argumentarios" y que "sean valientes".
Antes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordaba a los independentistas catalanes que “el 90%” de sus propuestas estaban recogidas en el primer decreto, el único que tenía posibilidad de prosperar y que incluía la prohibición de los desahucios. Un texto que defendía ante las críticas que "no es improvisado”, que era fruto de "meses de trabajo".
La socialista incluso se ofreció a tramitar el Real Decreto como proyecto de ley para incluir enmiendas de Junts y “puntualizaciones o correcciones técnicas”.
Algo que no convenció a Junts, que como primer paso, le pedía al Gobierno retirar los dos Reales Decretos y negociar uno nuevo, consciente de la treta del Gobierno: ningún decreto tramitado como norma se ha modificado.
Su portavoz, Miriam Nogueras, se reafirmó. "No nos da miedo el chantaje” , afirmó mientras acusó al Gobierno de “alimentar mentiras y falsos esperanzas” tras ocho años de inacción.
La independentista blandió su propuesta alternativa de Real Decreto con un texto ya encuadernado, que vendió como alternativa a “los populismos y los extremos”.
La propuesta de los de Puigdemont, que esperan que sirva como base, elimina la prórroga obligatoria de hasta dos años y el tope del 2% a las actualizaciones de alquiler, y sustituye ambos mecanismos por una prórroga voluntaria entre propietario e inquilino con incentivos fiscales. Algo que distanciaría al Gobierno de sus partidos más a la izquierda como Podemos o Sumar.
A cambio, endurece las restricciones a fondos, entidades financieras y grandes tenedores para adquirir vivienda.
Aun así los socialistas se encaraban con Junts. “No lo vamos a retirar porque no estamos dispuestos a dar un paso atrás”, remataba Patxi López, portavoz del PSOE.
Otros elevaban la presión desde la tribuna con un claro objetivo: señalar al partido que invistió a Sánchez a cambio de una ley de amnistía y que, en los últimos años, impide que salgan adelante otras iniciativas.
Gabriel Rufián, de ERC, sacaba un billete de 500 mientras acusaba a Nogueras de “imitar a Ayuso”. Otros, como el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, vinculaba el voto en contra con el de los suicidios que auguraba que vendrán de personas desahuciadas.
El clima pre-electoral se olía en toda la sesión con un Sánchez que apenas siguió el pleno. Tras la intervención de Rodríguez, se fue a la zona del Gobierno del Congreso. Por allí fueron pasando los principales ministros del Gobierno. Uno a uno o, en el caso de Sumar, todos en bloque. Todos crípticos. Sólo con cara de circunstancia salían de la sala, alimentando los rumores.
En el pleno seguía el debate. Con independencia del sentido del voto, todos coincidían en señalar que la vivienda es la principal preocupación ciudadana.
La cuestión es cómo. Las recetas son dispares pero, en su mayoría, críticas con el Gobierno. Incluso partidos que respaldaban el Real Decreto admitían ciertas diferencias, como sucedía con Coalición Canaria o el PNV.
“No se puede estar escandalizado con los altos precios y permitir la inmigración masiva”, remataba el joven diputado de Vox, Carlos H. Quero, quien sentenciaba que “haber traído a media América y África tiene consecuencias”.
Desde el PP, Juan Bravo acusaba al Gobierno de “no actuar” durante 8 años. “Han tratado de arreglar en cuatro días, lo que han destrozado en ocho años”.
“Desde que ustedes en el Gobierno, el precio de la vivienda ha subido un 75% y el alquiler un 45%”, recordaba Bravo, quien pedía “más viviendas y menos intervencionismo”.
Por allí pasaban los ministros de Sumar mientras las quinielas entre diputados barajaban la fecha del 29 de noviembre, como fecha más plausible.
Menos suerte tuvo el segundo Real Decreto, que incluía los contratos indefinidos de alquiler. “Pocas veces hay una brecha mayor entre la ciudadanía y lo que hay aquí”, remataba el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
“El derecho a la vivienda se abrir por encima de la clase rentista que ustedes representan”, remachaba. Una intervención celebrada por ERC, Bildu o Sumar y también entre los manifestantes que rodeaban el Congreso.