El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entregará a la juez María Tardón, que investiga el asalto masivo a la ciudad autónoma, un dosier con el registro de sus llamadas a Presidencia del Gobierno.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento, que recoge las 10 llamadas que Vivas dirigió al Palacio de la Moncloa entre el 27 y el 30 de julio, en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Siete de aquellas llamadas no fueron atendidas. Sólo tres llegaron a establecer comunicación, tal y como testificó Vivas ante Tardón el pasado miércoles.
El receptor de todas ellas fue Diego Rubio, director de Gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
La documentación sitúa a Rubio en el centro de la investigación. Y así, no es descartable que Tardón, que analiza el flujo de comunicaciones institucionales anterior a la invasión, acabe citándole como testigo.
El dosier que Vivas aportará a la Audiencia Nacional recoge una primera llamada a Presidencia. Rubio la atendió el 27 de julio a las 8:39 de la mañana y la conversación duró seis minutos.
La segunda llamada respondida se produjo ese mismo día a las 13:07. Duró tres minutos.
Tres veces en el mismo minuto
La tercera respuesta no se produjo hasta el 30 de julio, ya con la invasión en marcha, tras abrirse las puertas de la frontera, inconteniblemente, pasadas las 10:00 horas de la mañana. Fue una conversación de un minuto, iniciada a las 11:17, según consta en el registro de llamadas que Vivas entregará a la juez.
Entre ambas fechas se concentraron los siete intentos que, según el Gobierno ceutí, no obtuvieron respuesta.
Tras las dos conversaciones de la mañana del 27, el listado refleja tres llamadas consecutivas a Rubio a las 20:58. Ninguna fue atendida.
La mañana del 28 se repitió la secuencia. Una llamada se realizó a las 8:12, dos a las 8:13 y una cuarta a las 8:16.
Tampoco fueron respondidas, según el documento que el Gobierno de Ceuta entregará en la Audiencia Nacional "en los próximos días".
Moncloa niega que esos siete intentos consten en los registros que asegura haber revisado en los teléfonos de Presidencia. Fuentes gubernamentales sostienen que las peticiones recibidas de Ceuta fueron atendidas de inmediato o pocos minutos después.
Las discrepancias
El Ejecutivo central llega a plantear que aquellas llamadas pudieron efectuarse a través de WhatsApp. También apunta a una posible falta de cobertura en el terminal receptor.
Pero el registro de Ceuta recoge diez llamadas salientes a un único destinatario, con fecha, hora y duración de las tres conversaciones atendidas. El documento, por tanto, rebate la tesis de Moncloa de que los intentos fallidos se redujeron, en realidad, a uno.
Las llamadas forman parte de una cadena más amplia de avisos que Vivas pretende aportar a la investigación judicial.
El Gobierno de Ceuta sitúa la primera advertencia institucional el 26 de julio, domingo previo al jueves del asalto. Ese día difundió un comunicado sobre el aumento de la presión migratoria y reclamó reformar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.
La Ciudad reclamaba extender el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla a las entradas por cualquier punto no habilitado, también por vía marítima, como había registrado por proposición de ley el PP el día 16 de agosto, y acaba de aprobar el Senado.
También pedía reforzar la seguridad jurídica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Más alertas
El documento preparado para la juez continúa explicando que el 27 de julio, después de la primera conversación con Rubio, Vivas promovió una reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno.
Asistieron el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano; el superintendente de la Policía local, Sebastián Vega; y un representante de la Guardia Civil. Por parte de la Ciudad participaron Vivas, el consejero Alejandro Ramírez y el director de Gabinete de la Presidencia ceutí, Pablo García.
Según la cronología del Ejecutivo local, Vivas pidió refuerzos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la declaración de emergencia nacional y la creación de un mando único.
La reunión acabó con un comunicado conjunto de Delegación y Ciudad. Ambas administraciones alertaron de más de 1.000 entradas en una semana, del colapso del sistema de acogida de menores y de la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
El comunicado reclamaba una respuesta "extraordinaria e inmediata". También insistía en mantener la coordinación humanitaria, asistencial y de seguridad.
Pantallazo de la conversación entre Diego Rubio y Pablo García.
Tras aquel encuentro, el gabinete de Vivas volvió a dirigirse a Rubio. Según Ceuta, el jefe de Gabinete de Sánchez respondió que estaba "moviendo la cuestión con los ministerios competentes", pero que necesitaba "más tiempo".
La mañana del 28, tras las cuatro llamadas sin respuesta, Pablo García, director de Gabinete de Vivas, envió un WhatsApp a Rubio. "Buenos días, Diego. Perdona la molestia. Estoy con el Presidente. ¿Podemos hablar?", escribió.
Rubio devolvió la llamada a las 8:30, pero no obtuvo respuesta. Un minuto después, envió otro mensaje: "Estamos trabajando en diversos frentes para poder solucionar el problema. Creo que el delegado del Gobierno os mantiene informados. De momento, necesitamos tiempo".
García contestó a las 8:35: "Ok. Entendido".
La Ciudad sostiene que esa respuesta no suplió la conversación solicitada entre Sánchez y Vivas. Moncloa, por el contrario, considera que el intercambio demuestra que atendió la petición de Ceuta de forma inmediata.
Peticiones a varios ministerios
Ceuta afirma que no limitó sus gestiones a Presidencia. El 28 de julio reclamó una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien sí atendió a Vivas.
También solicitó hablar con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La Ciudad asegura que comunicó a ese departamento la gravedad y urgencia de la situación, aunque el ministro se encontraba de viaje.
Ese día se produjo además una nueva reunión en Delegación del Gobierno. La Ciudad sostiene que reiteró allí sus peticiones de refuerzos, emergencia nacional y mando único.
Por la tarde, el Ejecutivo ceutí trasladó esas mismas demandas a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Según su cronología, la respuesta fue que la declaración de emergencia nacional y el mando único debían ser estudiados jurídicamente.
El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, compareció aquel 28 de julio. Alertó de que el sistema de menores, con más de un millar de personas, estaba colapsado y de que el CETI se encontraba desbordado.
El 29, Vivas elevó públicamente el tono. Habló de más de 1.500 entradas, de más de 200 diarias y de una sobreocupación del sistema de menores que su Gobierno cifró en el 1.600%.
Reclamó recursos extraordinarios de acogida, traslados a la Península, financiación y más efectivos policiales. También insistió en la necesidad de un mando único y de una respuesta estructural que incluyera reformas legales y una mayor colaboración con Marruecos.
La conversación con Sánchez
La situación cambió el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva por la frontera del Tarajal.
La Junta de Portavoces suspendió el Pleno de la Asamblea y se reunió de urgencia. Por unanimidad, reclamó al Gobierno la declaración de emergencia nacional, más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el despliegue del Ejército, el cierre de la frontera y un mando único.
El acuerdo del equipo de gobierno local fue remitido a Moncloa y a los ministerios de Interior, Defensa, Exteriores, Política Territorial y Juventud e Infancia.
Ceuta sostiene que su solicitud se amparaba en la Ley de Seguridad Nacional. Rechaza que se tratara de una petición vinculada a la legislación de Protección Civil, como sostuvo inicialmente el Gobierno.
A las 11:17 de aquel 30 de julio se produjo la tercera llamada atendida por Rubio. Vivas se incorporó entonces a la conversación y pidió hablar con Sánchez.
Moncloa sostiene que Rubio confirmó que ambos presidentes hablarían cuando Sánchez regresara de una visita a los incendios de Ávila. La conversación se produjo a las 12:55, según Presidencia. La Ciudad, en su dosier, la sitúa alrededor de las 13:00.
También sostiene que fue la única conversación directa entre Sánchez y Vivas entre el 27 de julio y el día de la entrada masiva. "Y hasta ahora", añaden fuentes del Gobierno ceutí.
A las 17:00, según el documento de Ceuta, la Ciudad volvió a informar a Moncloa de que podían haber entrado más de 20.000 personas. Asegura que no recibió una respuesta posterior.
Horas después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamó a Vivas para informar de la decisión de desplegar al Ejército, según la versión ceutí.
La eventual declaración de Rubio
Dada la controversia entre las dos versiones, cuando se entregue el dosier, la juez puede precisar un contraste testifical entre los registros de los teléfonos de Ceuta y Presidencia. También puede requerir información a las operadoras y examinar el uso de aplicaciones de mensajería.
La cuestión no se limita a verificar si Rubio recibió tres llamadas a las 20:58 del 27 de julio y otras cuatro entre las 8:12 y las 8:16 del día siguiente.
Tardón debe determinar qué información recibió el Estado antes de la entrada masiva y cuál fue la respuesta de los responsables con capacidad para adoptar medidas. La investigación analiza posibles delitos cometidos por omisión en la defensa de la integridad territorial.
Rubio fue el receptor de las 10 llamadas que figuran en el documento de Ceuta. Fue también el interlocutor del gabinete de Vivas en las primeras horas de la crisis.
Su declaración permitiría confrontar los dos relatos, y aclarar si las siete llamadas llegaron a su terminal, qué información recibió de Ceuta y cómo se trasladó a Sánchez y a los ministerios competentes.
Tardón ya ha comenzado a recabar comunicaciones e informes sobre los avisos anteriores a la entrada masiva. Este jueves declararon tanto Gonzalo Sanz, el exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno, como el superintendente de la Policía local.
La documentación de Vivas añade ahora un registro telefónico a una investigación centrada, precisamente, en determinar si las instituciones fueron advertidas a tiempo y si reaccionaron con la diligencia exigible.