El Gobierno ha aprobado dos reales decretos-ley de vivienda tras un acuerdo entre PSOE y Sumar.
Entre las medidas figuran la ampliación de la protección frente a desahucios hasta 2030 y la regulación de alquileres de temporada y por habitaciones.
Uno de los decretos recoge la renovación automática de contratos de alquiler, medida rechazada inicialmente por el PSOE y que cuenta con la oposición de Junts.
La convalidación de ambos decretos en el Congreso está en duda debido a la falta de apoyos claros entre los socios parlamentarios.
Decreto Mari y decreto Carmen. El Gobierno ha aprobado finalmente este martes dos reales decretos-ley de vivienda, después de que PSOE y Sumar hayan cerrado un acuerdo de última hora tras una negociación que se ha prolongado durante toda la noche.
El Consejo de Ministros ha comenzado con una hora de retraso debido a estas conversaciones. El Ejecutivo asegura que ambos decretos incluyen medidas para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".
El primero reúne buena parte del paquete de medidas de vivienda que el Gobierno llevaba semanas negociando con Sumar.
Entre las medidas figura la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición hasta 2028 de la compra de viviendas por fondos buitre y la prórroga durante dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Incluye también algunas de las reivindicaciones de Junts, aunque no se han especificado cuáles.
El segundo decreto es mucho más concreto: incorpora exclusivamente el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales exigencias del socio minoritario y una medida que los socialistas habían rechazado en un principio.
Esta segunda norma parte, por tanto, con menos opciones para prosperar. Junts no comparte la renovación automática de los alquileres, por lo que el Gobierno no tiene garantizado su respaldo para la votación.
El Ejecutivo ha solicitado al Congreso la celebración de un Pleno extraordinario este viernes para votar la convalidación de ambos decretos. La petición deberá ser autorizada por la Mesa de la Cámara.
Los dos reales decretos-ley entrarán en vigor desde su publicación en el BOE y tendrán carácter provisional durante un máximo de 30 días, hasta que el Congreso decida si los convalida o los deroga.
El Gobierno pretende, sin embargo, someterlos a votación apenas tres días después de su aprobación.
El troceo permite separar la renovación automática de los alquileres del resto de medidas, pero no despeja las dudas sobre su convalidación parlamentaria.
El primer decreto, de hecho, tampoco cuenta a esta hora con todos los apoyos asegurados, debido al cruce de intereses entre los distintos socios.
Sumar había amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si el PSOE no aceptaba sus principales reivindicaciones. Este lunes trasladó al Gobierno un borrador en el que reclamaba, entre otras medidas, la regulación de los alquileres por habitaciones, la renovación automática de los contratos y un refuerzo de la protección frente a los desahucios.
Los de Carles Puigdemont reclamaban, entre otras medidas, deducciones para los inquilinos, bonificaciones para los propietarios afectados por las prórrogas y ventajas fiscales para los pequeños propietarios con hipoteca.
Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes que su formación mantiene abierta la puerta a alcanzar un acuerdo, aunque ha criticado que Sumar haya vetado sus propuestas y no acepte la protección al pequeño propietario.
La negociación se produce después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, situara de nuevo la vivienda en el centro de la agenda política y acelerara las conversaciones entre los socios del Gobierno.