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El Gobierno trabaja contrarreloj en la negociación de un texto para el Real Decreto de Vivienda que pretende aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros y, posteriormente, en el Congreso.

El PSOE se enfrenta a una doble negociación: una con los socios de Ejecutivo y otra con la oposición, mientras la presión social crece con la acampada en Sol.

El Ministerio de Vivienda ha trasladado a los medios de comunicación una batería de diez puntos clave que el Gobierno quiere incluir en un texto que han calificado de "ambicioso y transversal".

El 'decreto Maricarmen' sigue en negociación con los distintos grupos parlamentarios e incluye los siguientes puntos:

  1. Protección ante los desahucios. Para que no haya una sola Maricarmen más.
  2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre. Porque las viviendas son para vivir.
  3. Estabilización de los contratos de alquiler. Para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población frente a las renovaciones.
  4. Regulación del alquiler de temporada. Para acabar con el fraude en los contratos de corta duración.
  5. IVA a los pisos turísticos. Para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación.
  6. Bonificaciones fiscales para personas inquilinas. Para rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata.
  7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler. Para incentivar que bajen los alquileres.
  8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Para ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda, pero no tienen ahorros.
  9. Blindaje del parque estatal de vivienda. Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores.
  10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Porque la regulación se tiene que acompañar de la ampliación del parque de vivienda asequible.

"El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía", señala el comunicado.

Otro borrador al que ha tenido acceso Artículo 14 refuerza la protección de los inquilinos que no puedan hacer frente a los pagos. Si no puede abonar su renta, la comunidad autónoma le ofrecerá una solución; de no encontrarla, tendrá que correr con los gastos, cuando así lo determine un juez.

Además, este decreto contempla penalizaciones extra en forma de intereses para las autonomías que se retrasen en la transferencia a los propietarios y, sobre la situación de vulnerabilidad, especifica que se revisará el estado de las personas que se acojan cada doce meses para dilucidar "si la situación de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional que la motivó subsiste”.

Asimismo, el borrador reduce el plazo para abandonar una vivienda sin penalizaciones económicas, con especial énfasis en el alquiler temporal. El arrendatario podrá romper el contrato un mes después de su formalización, avisando con diez días de antelación. Los arrendadores no podrán exigir una compensación en estos casos.

En el caso de alquiler habitual, se podrá cesar el contrato por parte del inquilino al medio año de su entrada en vigor, anunciándolo con una antelación mínima de un mes.

Sumar, "lejos" del acuerdo

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado menos optimista con la negociación del texto. García ha afirmado que el Ejecutivo está "aún lejos" de tener una ley que "satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país".

"Y que podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha añadido, apuntando a que su grupo no votará a favor desde el propio Gobierno.

"Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de nuestras casas y la prórroga de alquileres con renovación automática es el punto de partida irrenunciable".

"Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", ha zanjado tajante García en su cuenta de X.

Sumar pide entre sus "líneas absolutamente irrenunciables", congelar los precios del alquiler, la renovación automática de la prórroga de pagos, la eliminación de los desahucios y la regulación de los alquileres de temporada y habitacionales. García ha afirmado que "van a presionar para que el real decreto de Maricarmen se lleve íntegro" al Pleno del Congreso para su votación.

Fuentes de la formación política han afirmado que ven el acuerdo "muy lejos" y han sentenciado que no apoyarán un texto que no cumpla con las exigencias de la ciudadanía.

"A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy", explican fuentes de la formación.

"El decreto debe escuchar el clamor de la calle: el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos", han lamentado desde Sumar.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido, en Blue Sky, que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle, "ni a validar un texto que no esté a la altura".

En una línea similar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó a movilizarse contra el Gobierno del que forma parte para que se ultimara la norma.

La vicepresidenta ha exigido que el decreto incluya "sí o sí" la "prórroga de alquileres, la protección de desahucios, regulación de temporada y por habitaciones y el fin del fraude turístico".

A través de una publicación en su perfil de BlueSky ha recalcado que desde su formación, Sumar, no van "a dar por bueno un decreto que no esté a la altura de la emergencia" que existe en materia de vivienda.

Respuesta de la oposición

Desde Podemos, la eurodiputada Irene Montero ha rechazado un acuerdo de mínimos y ha acusado al Gobierno de tratar de "contener" la presión social y la movilización en las calles con "parches".

En su opinión, según ha trasladado en una entrevista en TVE, el texto que pretende aprobar Moncloa beneficia "a los de siempre" en una "negociación partidista".

"¿Por qué no contienen a Junts y el PNV en sus demandas?", ha preguntado la eurodiputada, que ha apostado por mantener la presión en la calle para conseguir que se acabe con el "negocio de la vivienda" y ha insistido en que lo que hay que hacer es prohibir la venta para especular y los desahucios sin alternativa habitacional, expropiar las viviendas a los fondos "buitre" y bajar el precio de los alquileres.

Junts es una de las formaciones clave para que la norma se apruebe en el Congreso. Las demandas de los de Miriam Nogueras colisionan con las demandas que Sumar exige para dar su sí al texto.

"Nosotros estamos negociando con la Moncloa. Evidentemente, la Moncloa es el Gobierno y una parte del Gobierno. Por eso decía que hay elementos para buscar el común denominador", ha explicado en una entrevista en TV3 el presidente del Parlament y dirigente de Junts, Josep Rull.

"Si hay alguien que se quiere atrincherar ideológicamente con políticas que no han dado resultado, no lo lograremos", ha añadido Rull, que quiere ser "optimista" y ve posible un pacto si hay "generosidad" y "responsabilidad".

Junts apuesta por construir más y ejercer un mayor control sobre los "fondos buitre", a la par que dar más "seguridad jurídica" a propietarios y a inquilinos para que un "volumen importante" de pisos vuelvan al mercado.

Sobre la posibilidad de que Podemos se desmarque del acuerdo, Rull ha afirmado que los morados "tendrán que dar las explicaciones pertinentes si hay un amplísimo consenso" del que no participen.

"Lo que ha pasado a Maricarmen no puede volverse a repetir más", ha defendido. "Junts está buscando un decreto que resuelva el problema", ha zanjado.

Una reacción muy distinta ha tenido el PNV, el cual, en boca de su portavoz, Maribel Vaquero, ha afirmado que "por ahora" está "bastante de acuerdo" con lo que está planteando el Gobierno en las negociaciones y ha pedido a otras formaciones que "se alejen de posturas maximalistas".

El partido nacionalista vasco ha ejercido de sostén del Gobierno en esta legislatura, pero no se encuentra dentro del mismo.

Maricarmen

El reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en un piso del madrileño distrito de Retiro con una renta antigua, desencadenó una protesta social que ha llevado a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado por la noche.

Tras la manifestación que tuvo lugar en Madrid, se instalaron en el centro de la capital varias tiendas de campaña. Con la protesta por la educación pública del pasado domingo, se han ido sumando acampados. El Sindicato de Inquilinas está gestionando, junto a otros colectivos, la acampada en Sol.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Rufina Parra, ha advertido que las movilizaciones continuarán aunque el decreto de Vivienda incluya una cláusula que proteja el alquiler con contratos indefinidos porque no admitirá un "decreto falso" que no acabe con la situación.

"Si el Gobierno aprueba otra ley que no incluya los contratos indefinidos, que no incluya otras cláusulas que eviten este tipo de acciones y que vayamos también hacia la regularización de precios", la respuesta será "resistir y luchar". "No vamos a parar, no vamos a parar. No queremos más maricármenes", ha afirmado Parra.