El Gobierno español traslada a la Península a 500 niñas migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta a finales de julio.
La medida, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, choca con la postura de la Unión Europea, que exige aplicar devoluciones según la Directiva de Retorno.
Comunidades autónomas como Aragón, Baleares y Madrid advierten que sus centros de menores están saturados y el PP reclama que se priorice el acuerdo bilateral con Marruecos para repatriar a los menores.
La decisión del Ejecutivo provoca un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición, que exige el retorno inmediato de los migrantes.
El Gobierno de España trabaja en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta a finales de julio, dentro de un plan integral de choque propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia.
"Este plan incluye el real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida", han confirmado fuentes del ministerio dirigido por Sira Rego.
La decisión del Ejecutivo choca con las palabras de la Comisión Europea, que afirmó apenas 24 horas antes que el "derecho de la Unión Europea contempla" las devoluciones de menores en la Directiva de Retorno.
Así lo expresó el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammer.
"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", añadió Lammer.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el presidente Vivas.
Choque en España y Europa
La decisión añade más presión a unas comunidades autónomas que, como Aragón, Baleares y Madrid, tienen sus centros de menores no acompañados desbordados.
Por ello, el ministerio de Rego dice estar valorando una vía por la cual organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los migrantes en especial situación de vulnerabilidad sin necesidad de trasladar la tutela a las autonomías, aunque no ha especificado cuál.
A falta de conocer los detalles, el plan, de entrada, choca con la línea marcada por la Unión Europea y con las propias peticiones de Juan Jesús Vivas y el Partido Popular.
Estos habían pedido que, al considerarse Marruecos un país seguro por la propia UE, el Gobierno activara los mecanismos para agilizar la devolución de todos los migrantes que aún deambulan por Ceuta, 2.168 de los cuales son menores, según datos del Ministerio de Interior.
"La legislación europea debe aplicarse. Europa dice claramente lo que la legislación establece. El Gobierno sólo tiene un camino: cumplirlo", sostuvo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante su visita a Ceuta.
En la misma línea se expresó Vivas, quien reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dedicara recursos a levantar campamentos en lugar de reforzar a los funcionarios de Extranjería.
"Ese esfuerzo en poner carpas, ¿por qué no se hace en tramitar los expedientes de expulsión?". El presidente ceutí reclamó más funcionarios, intérpretes, jueces y fiscales para acelerar los procedimientos.
"Hay que atender la emergencia: sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin expectativa de asilo, de regularización ni de traslado a la Península, apoyándonos en la ayuda que estamos recibiendo de Europa. Es vergonzoso que Europa no esté ayudando y el Gobierno no".
También los vicepresidentes de Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón advirtieron a Rego por carta que impugnarían el reparto de menas de Ceuta al considerar que debían ser devueltos a sus familias a Marruecos.
En el caso de los menores, sin embargo, este retorno no puede ser automático.
La Directiva europea de Retorno permite repatriar a menores no acompañados, pero exige comprobar previamente que serán entregados a su familia, a un tutor o a unas instalaciones de acogida adecuadas.
Fuentes de Génova han insistido a EL ESPAÑOL que el Gobierno debería dar prioridad al acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en 2007.
"En su artículo 2 dice que ambos países cooperarán para la repatriación de los menores con sus familias o con los servicios sociales del país de origen", explicaron a este diario.
"Si la cooperación con Marruecos es leal, debería poder hacerse. Si estamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales, como dice Sánchez, ejecutemos el acuerdo que tenemos suscrito y en vigor".
En caso de que no existiese una fórmula de reagrupación familiar, el PP también critica que "se esté asumiendo que los servicios sociales marroquíes no son capaces de hacerse cargo, lo cual no es verdad".
La decisión anunciada hoy por Rego supone, por tanto, otro choque entre el Gobierno y la oposición.
Mientras Vivas y el PP reclaman activar cuanto antes la vía del retorno de los menores y adultos que quedan en Ceuta, Infancia acelera una solución alternativa que va en la dirección opuesta y puede generar aún más confrontación política.