El Gobierno considera que el hermano del presidente del Gobierno es inocente, pese a la condena, según ha asegurado la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros.
Oficialmente, el Gobierno ha preferido asegurar que confía en la Justicia y en los recursos, pese a que la condena ha provocado notorio malestar en el Ejecutivo, que la considera "injusta y sin pruebas", parte de una operación de "persecución y derribo" y sobre una "causa política". Así lo han dicho otros miembros del Ejecutivo y dirigentes socialistas, con respaldo total de la Moncloa.
La portavoz sí ha incidido en que la sentencia es consecuencia de un proceso iniciado por uan organización ultraderechista.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a 9 años de inhabilitación para empleo público y para acceder a cargos electos por prevaricación. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
La noticia se ha conocido cuando el presidente estaba en París en el desfile por la fiesta nacional francesa. Y el primer miembro del Gobierno en reaccionar fue Óscar Puente, quien aseguró en redes sociales que "esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".
Fuentes de Moncloa explican que el caso de su hermano es el que más afectaba personal y emocionalmente al presidente del Gobierno porque entiende que es un caso de "persecución" y porque lamenta que su condición de presidente afecte a su familia. En este caso a su hermano y en el que instruye el juez Juan Carlos Peinado, a su esposa, Begoña Gómez.
La condena no ha cogido por sorpresa al Gobierno. De hecho, Moncloa daba por hecho hace semanas que habría condena para José Luis Ábalos y contra David Sánchez, en los dos primeros casos judiciales relacionados con el presidente del Gobierno, como adelantó EL ESPAÑOL.
Pedro Sánchez y los ministros siempre han defendido la inocencia del hermano del presidente. Abiertamente han utilizado durante meses expresiones como "la Justicia pondrá a cada uno en su sitio" y otras similares para argumentar que no habría condena y que ni siquiera tendría que celebrarse una vista oral sobre este asunto.
Aseguraban que la plaza fue creada en la Diputación de Badajoz en octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez había sido destituido como secretario general del PSOE y estaba al margen de la política y sin que nadie apostara por su vuelta. Es decir, que no tenía capacidad para imponer la contratación de su hermano.
De hecho, la sentencia señala que no ha quedado probado que en octubre de 2016 se decidiera crear la plaza "con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón". Pero el 1 de octubre, Sánchez ya había sido destituido y no había opciones de que volviera a la secretaría general.
"No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos", admite la resolución.
Aunque concluye "declara probado que se creó en la Diputación provincial un cargo"de forma espuria y carente de contenido real para ser adjudicado" a él en concreto, con un contrato de alta dirección".
Por eso, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha escrito en redes: "La del FGE y ahora la de David Sánchez y Gallardo. Dos sentencias y el mismo mensaje: “No ha quedado probado que…” “No ha quedado acreditado que…” A la Justicia solo le pedimos una cosa: que los ciudadanos podamos entenderla. A mi me parece TREMENDO".
Sánchez decidió mantener a Miguel Ángel Gallardo como candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Extremadura del pasado mes de diciembre, pese a que ya estaba imputado y pendiente de juicio. El expresidente de la Diputación de Badajoz ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y está ya fuera de la política tras el fiasco de su candidatura en las autonómicas que ganó el PP.
