Santiago Abascal, líder de Vox, acusa a Pedro Sánchez y al PSOE de estar rodeados de una trama de corrupción, detallando un 'diccionario' alfabético de implicados y escándalos.
El 'diccionario de la corrupción' presentado por Abascal incluye nombres como Ábalos, Begoña Gómez, Cerdán, Delcy Rodríguez y Zapatero, cada uno vinculado a casos judiciales o investigaciones por corrupción.
Abascal sugiere que el Gobierno está maniobrando para manipular las próximas elecciones, señalando la supuesta entrega masiva de pasaportes y el control de votos en el extranjero a través de países aliados.
Entre los casos destacados figuran la condena a Ábalos por el caso Koldo, la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias y el rescate de Plus Ultra, que involucra a Zapatero y fondos públicos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una andanada de acusaciones sobre Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados por los casos judiciales que afectan al PSOE.
Desde la tribuna, Abascal ha comenzado a enumerar el que ha venido a bautizar como 'diccionario de la corrupción' de Sánchez, letra por letra. Desde la A de Ábalos, condenado esta semana por el Supremo a 24 años de prisión, hasta la Z de Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra.
"Cuando Sánchez se presentaba en esta cámara como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario: nos decía, de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba".
El "diccionario de la mafia" de Sánchez según Abascal.
Así, Abascal ha comenzado a enumerar algunos de los personajes involucrados en los 15 escándalos de corrupción vinculados al PSOE –16 si se incluyen ya las pesquisas llevadas a cabo ayer en el ayuntamiento de Soria– y a algunos de sus personajes principales.
"A de Ábalos. B de Begoña. C de Cerdán. D de Delcy. E de EREs. F de Ferraz, donde está guarida de la trama. G de gerente del PSOE. H de hidrocarburos. P de Puente. O de Paco Salazar. O de Plus Ultra. O de Parador de Teruel. O de Pegasus. O de PSOE. O, directamente, de P.S. La Z podría ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero".
"También está la I de Illa, o de Indra. La J de Jésica. La K de Koldo. La L de Leire Díez. La M de Marlaska. La N de los negocios de su esposa con Barrabés. La O de Óscar y la P de Puente, que necesita dos letras porque no nos olvidamos de Adamuz".
La Q, según Abascal, son "los quilates de los diamantes de sangre". La R responde a los rescates de Air Europa y de Plus Ultra. La S, a la SEPI. La T, a Tito Berni.
El final de su diccionario cita la "U de la UGT, que todavía debe millones a los andaluces, la V de Venezuela, epicentro de la corrupción, la W de Wakalua, la X de Ximo Puig, la Y de Yolanda Díaz, que decía hace poco, en un lapsus, que queda Gobierno de corrupción para rato y la Z, por supuesto, la de su pana Zapatero".
En su discurso, Santiago Abascal también ha lanzado la teoría de que el presidente del Gobierno, "en connivencia con varios de sus cómplices, está maniobrando para manipular las próximas elecciones generales".
Se ha referido "a una trama para alterar el resultado" mediante la liquidación de "todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero al tiempo que reparte millones de pasaportes españoles a gente que nunca ha vivido en España".
Y ha añadido: "Lo hace con la mayor eficacia, allí donde todos los aliados de Sánchez mantienen aún estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones: estructuras chavistas que aún operan en Venezuela, algunas estructuras kirchneristas que operan aún en Argentina, donde Paco Salazar está haciendo de agente electoral, en México, cuya presidenta vino a España hace muy poquito a mostrar su apoyo a Sánchez, y en Cuba, donde los pasaportes se reparten solo a los adictos al régimen".
"Millones de votos que van a controlar desde el aparato mafioso de Pedro Sánchez, donde no habrá interventores, no habrá trazabilidad ni custodia de los sobres y donde tendrán un papel esencial las autoridades cubanas, venezolanas, mexicanas, brasileñas... es decir, todos los socios leales de Sánchez y todos los clientes de Zapatero".
"El régimen cubano –ha rematado el líder de Vox– va a ser el encargado de recoger y enviar las papeletas, va a mandar cientos de miles de votos directamente a las urnas de España y ustedes les van a decir a qué provincias hay que mandarlos para alterar el reparto de escaños".
El diccionario de Abascal
Tal y como ha explicado EL ESPAÑOL en sucesivas piezas, el ecosistema de corruptelas que rodea al PSOE es tan laberíntico que hace falta una guía para no perderse. Abascal, sin embargo, se ha ceñido a los principales nombres de las tramas en orden alfabético.
Ábalos, José Luis
El exministro José Luis Ábalos durante su declaración ante el Tribunal Supremo.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, es la primera pieza mayor del caso Koldo con condena firme del Tribunal Supremo.
La Sala Segunda lo condenó a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el llamado caso Mascarillas.
La sentencia considera probado que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama formaron una organización estable, con reparto de funciones, que operó desde el Ministerio de Transportes para obtener beneficios ilícitos mediante adjudicaciones, gestiones públicas, pagos periódicos, viviendas y favores personales.
Begoña Gómez
Begoña Gómez, investigada por el juez.
Esposa del presidente. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral contra ella por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La causa nació por sus vínculos profesionales con Juan Carlos Barrabés, empresario que participó en la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y cuyas empresas obtuvieron contratos públicos de Red.es tras concurrir a concursos en los que constaban cartas de apoyo firmadas por ella.
La investigación se amplió después al presunto uso de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, para gestiones privadas vinculadas a la actividad académica de Gómez, y a la supuesta apropiación del software desarrollado para la Complutense.
Peinado le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.
Cerdán, Santos
Sánchez y Cerdán, durante la última investidura en el Congreso.
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, está investigado en la derivada del caso Koldo sobre el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública.
El Tribunal Supremo apreció indicios de que pudo participar en la percepción de comisiones a cambio de contratos irregulares, hasta el punto de atribuirle indiciariamente un papel de dirección y reparto de las cantidades recaudadas.
La investigación sitúa en el centro del caso a Servinabar 2000 SL, la empresa navarra vinculada al empresario Antxon Alonso.
La Audiencia Nacional también investiga a Cerdán en el caso Fontanera por liderar, presuntamente, la trama de las cloacas destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE. Esta se gestó desde la propia sede de Ferraz durante los días de reflexión de Sánchez.
Delcy Rodríguez
Zapatero con Delcy Rodríguez
Actual presidenta de Venezuela. En la red de presunto tráfico de influencias liderada por el expresidente Zapatero, Delcy Rodríguez juega un papel fundamental en la rama internacional de los negocios, actuando como la persona que controla la asignación directa de los buques en las operaciones millonarias de compraventa de petróleo venezolano.
Según la confesión judicial del comisionista Víctor de Aldama, la vicepresidenta venezolana aterrizó ilegalmente en Madrid y fue recibida por Ábalos en un viaje orquestado por la red, durante el cual se descargaron maletas con oro y dinero en efectivo.
ERE
Chaves y Griñán, vinculados al caso ERE
El caso de los ERE fue la gran macrocausa de corrupción del socialismo andaluz. La Audiencia de Sevilla consideró probado que, entre 2000 y 2009, altos cargos de la Junta de Andalucía crearon y mantuvieron un sistema irregular para repartir cerca de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, eludiendo los controles ordinarios de fiscalización.
La sentencia condenó en 2019 a 19 de los 21 acusados, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Supremo confirmó después el núcleo de la condena y sostuvo que ambos conocieron y permitieron el sistema fraudulento.
Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional anuló sus condenas y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia, una decisión que el propio tribunal sevillano ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ferraz
La oficina de Zapatero, en la calle Ferraz, en Madrid.
Sede central del PSOE que, según el auto judicial del caso Fontanera y las investigaciones de la UCO, albergó de manera sistemática las reuniones de las cloacas destinadas a maniobrar y desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al entorno del Gobierno.
Ferraz era utilizado por la trama para llevar a cabo reuniones como la que Santos Cerdán tuvo con Tubos Reunidos para facilitar el rescate de la SEPI. Además, era donde Zapatero guardaba las joyas –valoradas en 1,3 millones de euros– no declaradas, y por las que se le imputa un delito de contrabando.
Gerente del PSOE
Ana Fuentes, declarando en la Comision de investigacion del Senado, en ocyubre de 2025
Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, está investigada por su presunta intervención en los pagos del partido a la red de Leire Díez. El juez Santiago Pedraz aprecia indicios de que pudo actuar como cómplice de los delitos atribuidos a la trama y como posible autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Según la investigación, esos pagos se habrían camuflado mediante facturas falsas para retribuir trabajos destinados a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Hidrocarburos
El empresario Víctor de Aldama.
Red de fraude fiscal en el sector del combustible que conecta la vertiente política del caso Koldo con la delincuencia económica a gran escala y en la que están involucrados Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas.
La trama se valía de empresas operadoras instrumentales para vender carburante omitiendo deliberadamente el pago del IVA, lo que generó un agujero a la Hacienda Pública estimado en más de 180 millones de euros.
Según las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional y los informes de la UCO, los cabecillas de la red utilizaron su red de influencias en el Ministerio de Transportes —con la mediación de Koldo García y el conocimiento de José Luis Ábalos— para acelerar y asegurar la concesión de las licencias administrativas clave como operadores de hidrocarburos.
Indra
Multinacional tecnológica y de defensa, participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI, que se sitúa en el foco del debate político y judicial por dos vertientes diferenciadas.
En el ámbito judicial, la compañía figura de forma relevante en la investigación en torno a Begoña Gómez, al haber desarrollado un software valorado en 150.000 € para el máster de la Universidad Complutense de Madrid.
Por otro lado, en el plano institucional, la corporación ha sido objeto de una intensa polémica tras la maniobra ejecutada por la SEPI en su consejo de administración para forzar el cese de consejeros independientes y colocar a directivos afines al Ejecutivo, garantizando así el control gubernamental sobre una empresa estratégica para el Estado y clave en los sistemas de escrutinio electoral.
Jésica Rodríguez
Jésica Rodríguez, en el piso de la calle Atocha
Expareja de Ábalos cuyo papel en la trama evidencia el uso de prebendas y fondos de la red para sufragar beneficios personales. Aldama costeó durante dos años el alquiler de un piso de lujo en Plaza de España como contraprestación a Ábalos.
Las pesquisas determinaron que fue contratada de forma irregular en las empresas públicas dependientes del Ministerio, Ineco y Tragsatec, donde percibió salarios públicos sin realizar trabajo efectivo alguno.
Koldo García
Koldo García durante su declaración en el Supremo.
Lugarteniente de Ábalos condenado a 19 años de cárcel por su participación en el caso Mascarillas. Es la pieza central del caso Koldo, encargado de actuar como el principal facilitador e intermediario de la trama de corrupción dentro de la administración pública.
Leire Díez
Pedro Sánchez junto a Leire Díez.
El brazo ejecutor de Cerdán en las cloacas del PSOE. Pieza central de la trama investigada en el caso Fontanera.
Según los informes de la UCO y el sumario judicial, lideraba la denominada "red de fontanería" encargada de ejecutar maniobras operativas destinadas a desestabilizar las causas judiciales que afectaban al entorno del Gobierno, coordinando campañas para atacar la credibilidad de los jueces instructores y de la Guardia Civil.
Marlaska
Leonardo Marcos y Marlaska en un acto en 2024.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Su responsabilidad política y "ética" queda señalada por Abascal permitir la infiltración directa de la trama corrupta en la Guardia Civil.
La fontanera de la trama, Leire Díez, llegó a reunirse en la cúspide del cuerpo con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para engrasar las maniobras de la red.
La gravedad de esta quiebra institucional alcanza su punto crítico con el anterior director de la Benemérita, Leonardo Marcos, quien maniobró de forma activa desde su cargo con el objetivo de bloquear y frenar los escándalos judiciales que cercan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Negocios con Barrabés
Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez
Los negocios y vínculos entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés se articularon en torno a la colaboración académica y el apoyo en la adjudicación de contratos públicos. En el ámbito educativo, Barrabés ejerció como asesor y profesor en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ayudando a diseñar el programa formativo para Gómez, con quien ya colaboraba en un máster que motivó que el empresario visitara la Moncloa en "cuatro o cinco" ocasiones.
Paralelamente, el Grupo Barrabés comenzó a recibir más de 16 millones de euros en adjudicaciones de organismos públicos como Red.es; para lograr al menos 8,4 millones de estos fondos europeos, sus empresas se presentaron a los concursos aportando cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez
Óscar Puente
El ministro Óscar Puente consulta su móvil desde su escaño en el Congreso.
Ministro de Transportes. Abascal lo menciona en relación al accidente de Adamuz. Como ministro de Transportes, asumió la portavocía del Gobierno sobre la tragedia, garantizando "máxima transparencia" y explicando las actuaciones de Renfe y Adif, incluidas las inspecciones previas en el tramo sin fallos detectados.
Víctimas y oposición le exigen responsabilidades políticas por posibles negligencias en la red y por los errores cometidos por Adif tras el siniestro.
Plus Ultra
Avión de Plus Ultra.
La aerolínea Plus Ultra fue el principal cliente y beneficiario de la red de tráfico de influencias liderada, presuntamente, por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, su amigo Julio Martínez ha sido citado a declarar como investigado en este caso el 21 de julio.
A través de esta trama, la compañía logró obtener de forma irregular un rescate público de 53 millones de euros del fondo de la SEPI en marzo de 2021, a pesar de que no cumplía los requisitos legales exigidos por encontrarse en causa de disolución antes de la pandemia y tener deudas previas con la Seguridad Social.
Quilates
Ilustración de Zapatero y algunas de las joyas encontradas en su caja fuerte.
Abascal hace referencia al valor de 1,3 millones de euros de las joyas de Zapatero encontradas durante los registros de su oficina.
Unas joyas que, según su entorno, fueron entregadas en 2007 por el rey saudí durante su visita a España, pero que el expresidente no declaró ante Patrimonio, lo que contradijo el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio Ejecutivo.
Rescates y SEPI
Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI; y presidente en funciones durante el rescate de Plus Ultra.
Air Europa y Plus Ultra condensan la sombra política y judicial sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mecanismo creado durante la pandemia para auxiliar a compañías consideradas estratégicas.
Air Europa recibió 475 millones de euros en noviembre de 2020, la mayor ayuda concedida por la SEPI con cargo a ese fondo. La operación está ahora bajo investigación –de hecho, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, está imputado– por un presunto delito de prevaricación administrativa, con el foco puesto en la legalidad del expediente y en el papel de la SEPI durante la aprobación del rescate.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. La primera causa sobre la concesión fue archivada en 2023, pero la Audiencia Nacional investiga ahora una derivada distinta: si parte del dinero público pudo desviarse a una red internacional de blanqueo vinculada a fondos venezolanos.
El juez José Luis Calama sospecha que casi 16 millones pudieron salir de las cuentas de la aerolínea hacia sociedades instrumentales y cuentas en el extranjero, mientras el caso ha terminado alcanzando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por su presunto papel en la obtención del rescate.
Tito Berni
Juan Bernardo Fuentes, más conocido como 'Tito Berni', durante su entrevista con Televisión Canaria.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, fue diputado del PSOE en el Congreso y uno de los nombres centrales del caso Mediador, una presunta trama político-empresarial investigada en Canarias por el cobro de comisiones, regalos y favores a empresarios a cambio de promesas de contratos, subvenciones y gestiones administrativas.
A 24 de junio de 2026, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él ocho años de cárcel: seis por cohecho continuado y dos por pertenencia a grupo criminal.
UGT
Abascal se refiere al caso de las facturas falsas de UGT-A en Andalucía. En noviembre de 2024, la Audiencia de Sevilla condenó a la antigua cúpula del sindicato por fraude de subvenciones y falsedad documental en ayudas públicas destinadas a cursos de formación.
La sentencia fijó en 40,6 millones el perjuicio causado a la Junta de Andalucía y declaró a UGT-A responsable civil subsidiaria de esa indemnización, aunque el sindicato no fue condenado penalmente y recurrió ante el Supremo.
Venezuela
Nicolás Maduro, en un momento de su programa de televisión "Con Maduro +"
Venezuela aparece como el hilo de varias de las investigaciones que rodean al PSOE y al Gobierno de Sánchez. El primer punto de conexión fue el Delcygate: la llegada a Barajas, en enero de 2020, de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y sancionada por la Unión Europea, y su encuentro con José Luis Ábalos pese a la prohibición de entrada en territorio europeo.
Ese episodio reaparece ahora por las ramificaciones del caso Koldo y por las declaraciones de Víctor de Aldama sobre sus negocios con el entorno venezolano.
El empresario ha vinculado ante el juez un sobre de PDVSA, presuntamente entregado por Delcy Rodríguez, con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de operaciones de petróleo venezolano. Esa línea sigue en investigación y no está judicialmente acreditada como hecho probado.
La conexión venezolana también alcanza al caso Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros públicos y bajo investigación en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de parte de esos fondos a una red de blanqueo.
El juez José Luis Calama ha imputado en esa causa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, blanqueo y delitos conexos.
Wakalua
Wakalua fue el hub turístico impulsado por Globalia, matriz de Air Europa, que en enero de 2020 firmó un acuerdo de patrocinio con el IE Africa Center, el centro que entonces dirigía Begoña Gómez.
El vínculo quedó bajo sospecha política por su cercanía temporal con el rescate de 475 millones concedido por el Gobierno a Air Europa en noviembre de ese mismo año, pero el Instituto de Empresa siempre ha defendido que el acuerdo se interrumpió por la pandemia, que no llegó a ejecutarse y que no recibió dinero de Globalia ni de Wakalua.
Ximo Puig
Pedro Sánchez junto a Ximo Puig en Valencia, en 2014.
Abascal menciona a Ximo Puig por los escándalos que han rodeado al socialismo valenciano durante y después de su etapa al frente de la Generalitat. El más directo afecta a su hermano, Francis Puig, enviado a juicio por presuntas irregularidades en subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano entre 2015 y 2018.
La causa se centra en delitos de falsedad documental y estafa agravada, con peticiones de cárcel de la Fiscalía y de la Abogacía de la Generalitat.
La alusión también remite al caso Azud, la macrocausa sobre presunta corrupción urbanística y financiación irregular que salpicó al PSPV. Informes de la UCO apuntaron a una posible financiación irregular de campañas socialistas valencianas de 2007 y 2008, aunque Puig siempre negó cualquier implicación personal y no figura como imputado en esa causa.
Yolanda Díaz
Abascal menciona a Yolanda Díaz por el lapsus que cometió en el Senado en octubre de 2025, cuando, al defender al Ejecutivo de coalición, afirmó que quedaba "Gobierno de corrupción para rato".
Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin del 14 de mayo de 2026, días antes de estallar el 'caso Zapatero'.
La Z del diccionario es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y una de las figuras más sensibles del nuevo mapa judicial que afecta al PSOE.
La Audiencia Nacional lo citó como investigado en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, después de que el juez José Luis Calama situara bajo sospecha sus gestiones y relaciones con el entorno de la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros públicos.
El caso conecta a Zapatero con una doble derivada: la del rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, y la de sus vínculos empresariales y políticos con Venezuela.
La investigación examina si su red de contactos pudo servir para favorecer a la compañía y canalizar pagos a través de sociedades vinculadas a su entorno. Zapatero declaró en la Audiencia Nacional como investigado y negó haber influido en el rescate de la aerolínea.
A esa causa se suma la pieza separada abierta por las joyas halladas durante el registro de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros. El expresidente sostiene que procedían de un regalo institucional del rey de Arabia Saudí, mientras la investigación trata de aclarar su origen, su titularidad y por qué no fueron incorporadas al patrimonio público si efectivamente fueron recibidas en el ejercicio del cargo.
Este mismo miércoles, la UDEF ha remitido al juez un informe donde asegura haber detectado un nuevo tráfico de influencias. El político habría cobrado 200.000€ por mediar ante el expresidente de Bolivia para evitar una multa al Grupo Gloria.