Las claves
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El Gobierno ha enviado al Congreso una propuesta para reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto como principio rector.
La reforma requiere mayoría cualificada y el apoyo del PP, lo que hace imposible su aprobación.
Actualmente, el Tribunal Constitucional ya reconoce el aborto como derecho fundamental, a diferencia de la propuesta que lo rebajaría a principio rector.
La iniciativa ha generado críticas tanto en partidos de izquierda como entre algunos socios parlamentarios del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha decidido enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma de la Constitución para incluir como derecho la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, es imposible que progrese porque necesita una mayoría cualificada imposible de lograr porque sería necesario el voto del PP. Es decir, es un paso simbólico, político o propagandístico.
La propuesta supone modificar el articulo 43 para que los poderes públicos garanticen a las mujeres el derecho al aborto. La ministra Ana Redondo asegura que se blinda este derecho, pero, en realidad, no sería un derecho fundamental sino un principio rector como el de la vivienda.
Se opta por esta vía porque no precisa reforma agravada, es decir, disolución de las Cortes y referéndum. Pero en todo caso no saldrá de ninguna manera.
El Gobierno ha optado por la reforma del artículo 43 para incluir el aborto en el capítulo de "los principios rectores de la política social y económica", en lugar del referido a los derechos fundamentales, que tienen mayor nivel de protección y pueden ser invocados, por ejemplo, en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ana Redondo: "Vamos a dar la batalla por lograr que los derechos de las mujeres no estén en riesgo"
En este momento, el aborto ya es un derecho fundamental, según estableció por primera vez el Tribunal Constitucional en la sentencia 44/23.
Esa resolución aseguró por primera vez que el aborto está amparado por derechos fundamentales de la mujer, especialmente los de dignidad (artículo 10 de la Constitución), libre desarrollo de la personalidad (artículo 10), integridad física y moral (artículo 15) y libertad e intimidad (artículos 16 y 18).
La Constitución garantiza a las mujeres la posibilidad de decidir libremente sobre la interrupción del embarazo dentro de los límites establecidos por la ley.
Por tanto, la norma que avala la interrupción voluntaria del embarazo no es sólo una despenalización, sino una manifestación de derechos fundamentales, según el Constitucional.
La propia Ley del aborto en vigor inicia la exposición de motivos asegurando que "el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar".
Con la propuesta del Gobierno, esta protección bajaría paradójicamente de nivel y perdería su condición de derecho fundamental.
Por eso, a la izquierda del PSOE, especialmente en Podemos, y entre juristas progresistas, el anuncio genera rechazo.
El Gobierno plantea una reforma suave de la Constitución que, en la práctica, reduce el grado de protección actual del derecho al aborto.
Otros socios parlamentarios, como el PNV y Junts, ya han expresado su incomodidad por un debate que ya tenían resuelto entre sus bases y votantes.