Las claves
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Ayuso descarta aprobar la nueva Ley de Universidades (LESUC) tras el cese del consejero de Educación y la remodelación de su equipo.
La prioridad del Gobierno regional será negociar un nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades madrileñas.
La LESUC incluía aspectos polémicos como el régimen sancionador y los requisitos para nuevos másteres, que generaron rechazo entre decanos y rectores.
Universidades como la Complutense y la Rey Juan Carlos atraviesan dificultades económicas, lo que refuerza la urgencia de un acuerdo financiero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfría definitivamente la que fue una de sus grandes apuestas educativas de la legislatura: la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).
Tras el cese del ya exconsejero Emilio Viciana y la remodelación de la cúpula de la Consejería, el Gobierno regional asume ahora que la normativa regional no verá la luz a corto plazo y que la prioridad pasa por cerrar un nuevo modelo de financiación plurianual para los campus madrileños.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, lo reconoció este miércoles con claridad: la ley "tal y como está redactada en este momento no va a salir".
En su lugar, el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en pactar con las universidades un marco estable de financiación que les permita planificar recursos a medio plazo. Algo que ha sido el encargo principal que ha recibido la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo.
La afirmación no es menor. La LESUC fue el gran encargo que Ayuso hizo en 2023 a Viciana y estaba llamada a redefinir el modelo universitario madrileño.
El texto incluía aspectos especialmente controvertidos, como el régimen sancionador, la ordenación del mapa de titulaciones o los requisitos para poner en marcha másteres, que atacaba directamente a las titulaciones propias como las que coordinó la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Todos ellos, puntos que suscitaron críticas tanto de la universidad pública como de la privada y que levantaron a los decanos y rectores del sistema madrileño. Ahora, esos elementos quedan en segundo plano y el objetivo es solo uno: la financiación.
El giro se produce en un momento en el que el debate sobre la financiación autonómica ocupa el centro de la agenda política y deja claras las prioridades de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.
El Ejecutivo regional insiste en que el objetivo es garantizar estabilidad presupuestaria a las universidades mediante un modelo plurianual. Este año, según recordó García Martín, los campus cuentan con más de 1.200 millones de euros consignados en los Presupuestos.
Desde el ámbito académico, el movimiento no sorprende.
La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, ya apuntó esta semana que, tras la salida de Viciana, los rectores veían oportuno empezar de cero con la ley y que esta garantizara "más ingresos" para las universidades.
La cuarta entrega de este culebrón educativo confirma así el repliegue del Gobierno regional en una de sus reformas estrella.
Sin nueva ley a la vista y con la financiación como única prioridad inmediata, la Comunidad opta por aparcar el debate estructural sobre el modelo universitario y centrarse en el terreno presupuestario.
La batalla no es menor, puesto que varios centros, como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o la Universidad Rey Juan Carlos, se encuentran en una delicada situación económica. La primera de las dos en un rescate que la propia Comunidad de Madrid está financiando.