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La Universidad Complutense de Madrid aplicará un plan de ajuste para corregir un déficit estructural de 33,19 millones de euros entre 2025 y 2028.
El plan implica una drástica contención de gasto, principalmente mediante jubilaciones y la no reposición de profesores y personal administrativo.
Habrá recortes en becas internas, ayudas a la investigación y reducción de oferta académica, aunque no se prevén despidos colectivos.
El ajuste ha provocado críticas sindicales, que exigen una financiación autonómica justa y estable para evitar el deterioro de las condiciones laborales y académicas.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, encara un escenario crítico tras cerrar 2024 con un déficit estructural de 33,19 millones de euros. Lo hace asumiendo un plan de ajuste que impacta directamente en la estructura de personal, en las becas internas y en parte de la oferta académica de la institución
Goyache ha optado por la receta clásica de contención del gasto público que, en la práctica, se traduce en menos profesores a través de la no reposición, menos ayudas y una revisión de actividades y titulaciones no rentables para equilibrar las cuentas entre 2025 y 2028.
Para hacer frente a esta situación, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que marcará las líneas de actuación en los próximos cuatro años.
En el citado documento, al que ha tenido acceso Madrid Total, el tijeretazo es cuantificable: el objetivo es corregir un déficit estructural de 33,186 millones (resultado presupuestario ajustado de 2024) en cuatro ejercicios.
El 83 % del ajuste procede del capítulo I, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS), tanto funcionario como laboral, y solo el 17 % corresponde a otras medidas de ahorro o incremento de ingresos.
Dentro del ajuste de personal, el peso recae principalmente en el PDI (16,243 millones, el 59 %), seguido del PTGAS funcionario (7,896 millones, 29 %) y del PTGAS laboral (3,453 millones, 12 %).
Las medidas que realmente 'hacen número' se apoyan en el uso intensivo de jubilaciones y en la no reposición plena de vacantes, especialmente entre 2026 y 2028.
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Se establece una contención estricta de plantillas: no se cubrirán plazas en departamentos con superávit docente, no se estabilizará personal postdoctoral sin compromiso estructural y las sustituciones solo se autorizarán cuando exista déficit docente real.
Además, se suprimen los premios e indemnizaciones de jubilación del PDI funcionario desde el 1 de enero de 2025, con extinción completa a finales de 2026.
El plan también fija un control mensual de nóminas y prohíbe cualquier incremento de coste de personal en 2025 más allá de las subidas salariales obligatorias por ley.
No se plantean despidos colectivos, pero sí una fuerte disciplina en nuevas incorporaciones, recorte de complementos y reducción de la temporalidad mediante jubilaciones y fin de interinidades.
En paralelo, se aplicará una retención de crédito del 35 % a todos los centros gestores en 2025 para contener gasto ordinario (electricidad, gas, servicios) y se recortarán partidas en varios vicerrectorados: suspensión de ayudas a grupos de investigación propios, reducción de proyectos de calidad docente como INNOVA o DOCENTIA, disminución de becas de formación práctica, de excelencia de máster, de colaboración en departamentos y ayudas a asociaciones.
El plan también incrementa la presión sobre actividades que generan ingresos. La retención sobre títulos propios y formación permanente subirá del 15 % al 20 % (con un ahorro estimado de 440.000 euros en 2026).
Se incrementará un 5 % la retención sobre contratos del artículo 60 de la LOSU (750.000 euros), así como un 5 % en cátedras extraordinarias (74.000 euros).
A ello se suman ahorros por no devolver a los centros la diferencia entre precio de licitación y adjudicación en contratos (500.000 euros) y una previsión prudente de 330.000 euros adicionales por optimización patrimonial: revisión de cánones y explotación de parcelas o edificios.
El plan no concreta cierres de grados o másteres, pero sí anticipa un ajuste de la oferta académica, especialmente en formación permanente y actividades no rentables, así como una reducción de cursos internos para el PDI.
En el ámbito estudiantil, el recorte afecta a becas y ayudas propias de la universidad, formación práctica, colaboración en departamentos, excelencia de máster, proyectos del observatorio del estudiante y ayudas a asociaciones, aunque no impacta en las becas generales del Ministerio o de la Comunidad, que dependen de financiación externa.
El escenario económico de la Complutense coincide con un cambio importante en la política educativa de la Comunidad de Madrid. Tras la salida de Emilio Viciana, asume la Consejería de Educación Mercedes Zarzalejo, que heredará la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para mantener la universidad a flote.
De hecho, la llegada de Zarzalejo añade expectativa a este tema: su decisión sobre la financiación plurianual será determinante para la viabilidad del plan económico del rector Goyache.
Según datos de la propia universidad, entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron un 15 %, mientras que los gastos aumentaron un 27 %, impulsados por el encarecimiento energético, las subidas salariales pactadas y mayores obligaciones legales y sociales.
La Complutense sostiene que el plan busca garantizar la sostenibilidad sin comprometer la calidad académica y que cualquier mejora en la financiación autonómica permitiría revisar o suavizar las medidas previstas.
Sin embargo, el ajuste ya ha generado contestación sindical. Desde UGT Servicios Públicos de Madrid denuncian que el Plan Económico-Financiero"carga la responsabilidad de la crisis presupuestaria sobre sus trabajadoras y trabajadores" y critican que el equipo rectoral haya aprobado el documento sin esperar a conocer la posición de la nueva consejera.
El sindicato subraya que la comunidad universitaria arrastra un plan de ajuste superior al 30 % desde hace más de dos años y que los recortes no han resuelto el problema estructural. A su juicio, la solución pasa por una financiación"justa, adecuada y estable" para la Universidad Complutense de Madrid, y no por nuevas medidas de contención que incidan directamente en su personal.