Las claves
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a España al peor dato en 30 años en el Índice de Corrupción. Según Transparencia Internacional, nuestro país ha perdido un punto respecto al año pasado y ha descendido tres puestos en la clasificación global.
En concreto, España ha caído hasta el puesto 49 de un total de 182 países analizados y ha obtenido apenas 55 puntos sobre 100. Se trata de la peor nota de las últimas tres décadas.
Nunca antes la democracia española había estado tan abajo. Por delante, se encuentran países como Ruanda, Eslovenia, Arabia Saudita o Costa Rica.
Según ha explicado la presidenta de la organización, Silvina Bacigalupo, en un acto abierto al público y al que han acudido, al menos, 30 personas, "el retroceso de España se enmarca en una tendencia general de descenso en la clasificación mundial".
Las causas del empeoramiento y de la bajada en la puntuación se explican, según ha detallado, por la bajada de nuestro país en otros índices mundiales que evalúan la transparencia, el acceso a la información pública, las garantías de independencia judicial y la efectividad de los órganos de control.
También por la existencia de una brecha entre las normas legislativas impulsadas y la materialización de las mismas en la práctica; una responsabilidad que, ha recalcado, corresponde a todos los diputados.
"Necesitamos establecer políticas de consenso y una estrategia nacional contra la corrupción que permita detectar los puntos negros y disfunciones del funcionamiento gubernamental", ha expuesto.
A su juicio, no es necesario crear nuevas instituciones, sino coordinar y fortalecer las ya existentes.
Los datos
Con la entrada de Mariano Rajoy al Gobierno de España, nuestro país alcanzó en ese año 65 puntos de 100 en la clasificación mundial.
Esto se traduce en que, al menos, se han retrocedido hasta 10 posiciones. En la Europa de los 27, España ocupaba el decimosexto peldaño.
Así, nuestro país se sitúa ahora peor que cuando afloraron los escándalos de la financiación ilegal del PP, que terminaron provocando la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez y por la que llegó a La Moncloa.
Si nos ceñimos a estos datos, el peor de aquellos años fue 2017, meses antes de la moción, cuando España obtuvo 57 puntos, dos más que ahora.
Para observar un cambio radical de paradigma hay que retrotraerse a 1997, después de la llegada de José María Aznar al poder.
Tras la catarata de escándalos de corrupción que marcaron la última etapa del felipismo, España mejoró 16 puntos en un solo año.
Sin embargo, ahora nuestro país se sitúa por debajo de la media europea, que alcanza los 62 puntos, en un momento en el que la propia Unión Europea atraviesa un declive continuado en materia de control de la corrupción.
La secretaria general de Transparency International, Áurea Moltó, ha alertado de que la UE ha pasado de 66 a 62 puntos en los últimos años, con caídas notables en países como España, Francia o Austria, lo que resulta especialmente preocupante al tratarse de "democracias consolidadas".
Nuestro país ha sido superado por países como Alemania, Bélgica, Emiratos Árabes y comparte puntuación con Chipre y Fiyi.
Los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez como el caso Koldo, que ha llevado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a prisión, han podido afectar a la evaluación de España en este ranking.
Según la organización, ha habido un "deterioro sostenido" de las políticas públicas y de los estándares de integridad institucional y, por ende, el contexto español “no puede entenderse” al margen de estas dinámicas.
En primer lugar, esta institución incide en que nuestro país "continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción".
También señala que no se evalúan con profundidad los conflictos de interés ni la opacidad de los lobbies, de los que no se dispone un registro central.
En este sentido, la secretaria general de la organización ha asegurado que "seguimos teniendo un agujero en nuestra valoración", pero que también la corrupción está empeorando a nivel global.
La imagen global
El Índice, por primera vez en más de una década, se sitúa de media global en 42 puntos sobre 100, un nivel considerado "bajo".
Es decir, los países son cada vez "menos capaces de alcanzar niveles óptimos en baja corrupción".
En concreto, hasta 122 países de los 182 evaluados obtienen una puntuación inferior a 50 en el ranking.
Solo ha habido mejoras en 31 países, mientras que 50 han empeorado y 100 se han mantenido en niveles estables.
Por ejemplo, en EE. UU, según la plataforma, desde que Donald Trump está al frente de la administración "hay una falta de aplicación en la normativa de prevención de corrupción".
Explican, de hecho, que el mandatario americano derogó una ley de 2021, impulsada por Joe Biden, para atacar los agujeros financieros del sistema estadounidense que obligaba a declarar a las llamadas 'empresas fantasma' quienes eran sus beneficiarios.
Según asegura la organización, la corrupción se ha agravado por la "pérdida de liderazgo internacional ante bienes y objetivos de buena gobernanza y por el deterioro del régimen democrático".
La restricción de libertades como la libertad de prensa o de expresión debilita los mecanismos de control y agrava los riesgos de corrupción, incluso en democracias consolidadas.
Según Transparency International, la corrupción tiene efectos económicos y sociales "devastadores", contribuye al empobrecimiento, incrementa la desigualdad y alimenta la polarización política.
En este contexto, la organización ha advertido de que la corrupción es un fenómeno transaccional que "requiere de respuestas coordinadas y sostenidas".
Los países que gozan de una mayor puntuación son Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega, entre otros.
Su puntuación se explica porque poseen mecanismos de transparencia muy arraigados como la restricción al acceso a contratos públicos o el control de los presupuestos estatales destinados a diferentes administraciones.
En el caso de Singapur, por ejemplo, ha alcanzado 83 puntos debido a que "tienen mano dura en materia de corrupción con penas altas".
En caso contrario, países como Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Yemen o Libia se sitúan en la cola del ranking.
El IPC mide la percepción de la corrupción en el sector público a partir de fuentes expertas, analizando factores como el abuso de poder, el exceso de burocracia, el soborno, la malversación o el nepotismo en el acceso a la función pública.
No mide, sin embargo, la percepción ciudadana directa ni fenómenos como el desvío de dinero en efectivo o el blanqueo de capitales.
Por tanto, el ranking ofrece una fotografía concreta y fiable de la situación de corrupción en nuestro país a lo largo de los años.
