Junts necesita que sea plenamente efectiva la amnistía, que Carles Puigdemont pueda estar en Cataluña después de que se culminen todos los complicados procedimientos entrelazados y en marcha en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sobre esa premisa básica, la Moncloa basa su convencimiento de que los independentistas no pueden dar todavía ningún paso decisivo para poner fin a la legislatura y provocar unas elecciones de las que podría salir un Gobierno del PP, con opciones de que necesite el apoyo de Vox.
Y según los cálculos que hacen fuentes jurídicas y del Gobierno, todo ese proceso en los tres tribunales no estará terminado como mínimo antes de la primavera de 2026, en el mejor de los casos para Puigdemont. Y no se puede descartar que se demore más todavía.
En el complicado calendario político, electoral o judicial de los próximos meses hay que tener en cuenta que una convocatoria electoral de generales provocaría de hecho una suspensión temporal y un enorme retraso de las decisiones del Constitucional y el Supremo: aplicarían la norma no escrita de no tomar decisiones de este tipo cuando se haya firmado el decreto de disolución de las Cortes.
Además, es muy posible que para abril no esté aún resuelta totalmente la aplicación de la amnistía y, por tanto, tampoco sea probable que pueda haber generales coincidiendo con las andaluzas de mayo o junio.
Con esta impresión, viven en Moncloa las horas previas a la reunión de la Ejecutiva de Junts que Puigdemont presidirá este lunes en Perpiñán (Francia), para decidir si rompen definitivamente con Pedro Sánchez o se limitan a hacer el gesto de poner fin a las reuniones fuera de España con un mediador internacional.
Esta opción implica además que Junts estudiará iniciativa a iniciativa el sentido de su voto en el Congreso.
Esto último haría la vida más incómoda al Gobierno, pero permitiría que Sánchez siga adelante con la legislatura, aunque sea difícil el horizonte del 2027.
Obligaría al Gobierno a filtrar aún más las iniciativas legislativas que aprueba y que necesitan pasar por el Congreso y, sobre todo, a bloquear muchas de las que ya están en tramitación.
Desde que se reanudó la actividad parlamentaria en septiembre, sólo ha habido un Pleno en jueves, que es el día dedicado al debate y votación de proyectos de ley o decretos, es decir, iniciativas procedentes del Gobierno.
Este jueves, de nuevo, no habrá Pleno y se mantiene la insólita situación: sólo se votan proposiciones de los grupos o mociones que sólo tienen valor simbólico.
Entre las normas bloqueadas por falta de apoyo están algunas clave para el Gobierno como la llamada "ley Bolaños" que modifica la carrera judicial y fiscal, y que provocó protestas de jueces y fiscales.
Por eso, Moncloa necesita y busca actuaciones políticas que no requieran participación del Parlamento: el cambio de hora, la reforma constitucional del aborto que, más allá de su valor simbólico, nunca se aprobará o gestiones diplomáticas, entre otras.
Paradójicamente, todo esto significa que también el PP necesitaría que la aplicación total de la amnistía se resolviera lo antes posible, aunque obviamente les gustaría que finalmente fracasara la polémica ley.
Primero, para que Junts pudiera dar el paso de forzar el fin de la legislatura. Y segundo, para que el partido de Puigdemont estuviera “limpio” y pudiera volver a ser interlocutor político, como en su momento fue Convergència i Unió.
Negociación en Suiza
Moncloa considera que es inevitable que en el fin del proceso de aplicación de la ley de amnistía sea exitosa, aunque la tramitación judicial esté siendo más larga de lo que tenían previsto inicialmente.
Así se lo trasladan reiteradamente a Puigdemont los enviados del Gobierno que ahora encabeza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El mensaje siempre es que la amnistía se aplicará a todos, pero que hay imponderables que el Gobierno no puede controlar, como la resistencia del Tribunal Supremo a asumirla plenamente o los recursos ante el TJUE, que retrasan enormemente la resolución.
De hecho, el problema del Gobierno es que, como destaca el propio Ejecutivo, el cumplimiento de gran parte de los acuerdos con Junts y ERC dependen de terceros, no están en manos del Ejecutivo.
Por ejemplo, el reconocimiento del catalán en Europa depende de los Estados de la UE; la amnistía, del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo; la delegación de competencias de inmigración, de Podemos.
Y la financiación singular, y otras normas en trámite como la de la multirreincidencia y la de la ocupación, del resto de comunidades y de la mayoría parlamentaria.
Todos los recursos de amparo relacionados con la aplicación de la ley de amnistía están abocados al Pleno del Tribunal Constitucional, que no tendrá hasta mediados de noviembre su próxima reunión.
La última fue el pasado 7 de octubre. Y en ella, el Constitucional admitió a trámite la demanda de Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde hace ocho años, contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación por el que está procesado.
El TC estará cinco semanas sin reunirse en pleno, según el calendario marcado por su presidente. Hay un motivo de peso: Cándido Conde-Pumpido no quiere dar ningún paso sobre la aplicación de la amnistía —en otras palabras, sobre la decisión que puede determinar la vuelta de Puigdemont a España libre de toda responsabilidad por el procés— sin conocer la resolución por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto a las cuestiones prejudiciales que han planteado sobre la ley de amnistía el Tribunal de Cuentas y tres órganos judiciales.
Las conclusiones del abogado general del TJUE, el luxemburgués Dean Spielmann, se conocerán el 13 de noviembre. Pero la decisión del TJUE tardará aún algunas semanas más.
Ello ha llevado a Conde-Pumpido a anunciar que los recursos de amparo no se empezarán a examinar antes de marzo. Y el debate no comenzará por el de Puigdemont, sino por el de Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya.
En el TC hay dos grupos (internamente se llaman 'series') de recursos sobre la aplicación de la amnistía.
Uno es el de los condenados por la malversación de fondos públicos destinados a financiar el procés, que son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
Éste fue el primero en recurrir, y el ponente de su demanda es, por turno de reparto, el magistrado del sector conservador José María Macías.
El calendario del TC
La otra serie de demandas son las de los procesados que, por estar fugados, no han podido ser juzgados: Lluís Puig, Antoni Comin y Puigdemont. El primero en recurrir fue Puig y el ponente, también del sector conservador, es César Tolosa.
En el TC los ponentes tienen mucho peso en la determinación del momento en que un asunto se lleva al Pleno. Fuentes progresistas indican que Macías y Tolosa "no tendrán mucha prisa".
Los conservadores están en minoría de 5 votos frente a 7 en el TC y la amnistía es un asunto divisivo.
En el TC no se espera que PSOE y PP pacten la renovación del Tribunal Constitucional en plazo (antes de que acabe diciembre), por lo que en el tribunal se cuenta con que será la composición actual, con Conde-Pumpido como presidente y mayoría progresista, la que resolverá los recursos.
En este sentido, es irrelevante que la demanda de Puigdemont sea temporalmente la última: la primera decisión, la correspondiente al recurso de Turull, sentará el criterio del TC y servirá para todos, tanto condenados como procesados.
Cosa distinta es que lo que resuelva el Tribunal Constitucional vaya a implicar automáticamente el retorno de Puigdemont o la rehabilitación de Junqueras y Turull.
Y es que corresponde, en todo caso, a la Sala Penal del Tribunal Supremo la decisión sobre la aplicación de la amnistía a cada condenado o procesado concreto.
Y, aunque el TS debe acatar lo que haya decidido el TC, también puede tener margen para acudir al TJUE, en función de lo que el Tribunal europeo responda a las cuestiones prejudiciales ya planteadas.
De hecho, durante la vista celebrada en el TJUE el pasado 15 de julio, tanto el presidente, el belga Koen Lenaerts, como el vicepresidente, el alemán Thomas Von Danwitz, enfatizaron en sus intervenciones que los jueces y tribunales tienen abierta la posibilidad de acudir "en cualquier momento" al mecanismo prejudicial, incluso después de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional.