El Gobierno de España se hace cargo por goteo de los menores extranjeros no acompañados (menas) que tienen derecho a protección internacional. En un mes, desde que el Estado se avino a cumplir la orden del Tribunal Supremo el pasado 11 de agosto, han salido de las islas 83 de los 1.200 menas solicitantes de asilo.
Es decir, 20 chicos a la semana, cuando en las últimas dos del mes de agosto se unieron otros 35 al sistema, según fuentes del Ejecutivo insular. "Todo esto ocurre porque el Ministerio de Infancia no está dotado presupuestariamente", explica un miembro del Gobierno de Fernando Clavijo.
El pasado martes se celebró una más de las reuniones semanales que impuso el Supremo a las partes cuando, a finales de julio, Moncloa asumió sus obligaciones y acordó un método de traslado a la Península para los menores.
Lo cierto es que las dificultades económicas del departamento de Sira Rego (IU, Sumar) se unen a la demora de los trabajos por parte de otro Ministerio, en este caso el de Inclusión, de la socialista Elma Saiz.
Hasta el verano no empezaron a buscar entidades colaboradoras acreditadas, con experiencia, y centros disponibles en la Península, según admitieron sus representantes en una de esas reuniones semanales con el Ejecutivo insular.
"Pero si hubiesen empezado en marzo, que es cuando los jueces les dieron 10 días de plazo para cumplir con su obligación legal de acoger a los menores e incluirlos en el sistema de asilo", explica esta misma fuente, "ya las tendrían todas".
Según la normativa, cada centro puede acoger a un máximo de dos decenas de chavales, "preferiblemente 12 o 15", para que se les pueda atender adecuadamente, según los derechos que les otorga la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
"Nos vamos a año y medio"
Y las contrataciones se han retrasado tanto, que ya hay más de 100 menas trasladados al centro Canarias 50, ubicado en Las Palmas, donde se les va reuniendo, trasladados desde otras islas, para centralizar los vuelos para su reubicación.
"Hay chicos que llevan más de un mes allí, parados, sin hacer nada, y desarraigados", explica una fuente conocedora.
Eso ha hecho que muchos menores ya hayan comunicado a sus cuidadores que quieren seguir dentro del proceso de protección internacional. Pero que "no quieren ser trasladados sine die a esas instalaciones".
Son ya unos 300 los chicos y chicas que han hecho esa solicitud. Y el Gobierno de las islas llegó a levantar la voz, el pasado martes, en la reunión semanal con el de la nación, al abordar esta situación.
"Mira, tienen personal como para ir a entrevistar a los menores a sus hogares, en El Hierro o Tenerife... pero se niegan", insiste esta fuente. "El propio Gobierno de Canarias ha tenido que darles un listado de entidades con las que contactar en la Península" para intentar agilizar la burocracia del Estado.
"A este paso, nos vamos a año y medio", lamenta la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en conversación con este diario.
De hecho, la media de dos decenas de chavales trasladados a la semana se volverá a cumplir en ésta en curso. Este miércoles, salieron 11 menores, el viernes está previsto que salgan seis más, y el domingo otros cinco, según fuentes oficiales canarias.
También hay otro centenar largo de menas que han reclamado quedarse en las islas, porque pasados los 16 años ya han encontrado un trabajo "con el que pagarse los estudios".
Pero las autoridades de Canarias no lo pueden afrontar, porque no tienen plazas suficientes para todos los que fueron acumulando en los 85 centros de acogida habilitados desde hace dos años.
"Si el Gobierno del Estado hubiese asumido su obligación desde el principio con los solicitantes de asilo", repite el argumento la citada fuente cercana al Ejecutivo insular, "ninguno habría desarrollado arraigo aquí".
Los 3.500 del 'decretazo'
Pero Moncloa, opina entorno de Clavijo, "no cumple". Ni con los menores, ni con la política migratoria en general, ni con los fondos a las Comunidades Autónomas para el grueso del problema: los más de 3.500 menas que quiere repartir por decretazo en las Comunidades Autónomas.
"De ese expediente, por llamarlo así, no hemos sabido nada. No han movido un dedo... y es normal", añade este miembro del Gobierno de Canarias. "¿Cómo van a exigir a los gobiernos regionales peninsulares una cosa que ellos no cumplen?".
Es curioso, pero los argumentos de la Autonomía que sirve, a la vez, de llegada y tapón para la inmigración ilegal a España son las mismas razones que esgrime el Partido Popular.
Una fuente de la dirección de la formación de Alberto Núñez Feijóo coincidía este miércoles, en conversación con EL ESPAÑOL, todo lo expuesto más arriba. "La política supuestamente buenista de Pedro Sánchez es lo más inhumano que hay, porque incita a las mafias para que hagan negocio con esta gente que se juega la vida".
Y el citado miembro del Gobierno canario abunda: "Nosotros entendemos a las CCAA del PP", explica, "porque dicen lo mismo que Asturias o Castilla-La Mancha que, como son del PSOE, no se les usa políticamente para acusarlos de racismo o xenofobia".
'Efecto llamada' humanitario
Es cierto que en 2025 ha bajado la oleada de pateras, y que han arribado a las islas (12.126) más o menos la mitad de migrantes irregulares que el año pasado (25.571) por estas fechas.
"Pero es que 2024 fue el récord", repone esta fuente. Y además, sólo en agosto fueron más de 600 los nuevos habitantes de las islas llegados a las costas.
Por eso, a cierre de mes ya eran (otra vez) casi cinco millares los menas bajo la tutela de la consejería de Delgado. Concretamente, 4.606 chicos y 292 chicas, según los datos oficiales del Ejecutivo del archipiélago...
Y de ellos, ya más de un tercio son candidatos a la protección internacional, según sus países de procedencia, en guerra o escenario de persecuciones religiosas. ¿Un nuevo efecto llamada, en este caso, humanitario?