El Gobierno aprobará este martes, en Consejo de Ministros, una partida de 39,8 millones de euros para la crisis migratoria de Canarias. Pero no será para el traslado de los menores extranjeros no acompañados (menas) a la Península, sino para crear 1.200 plazas más en las islas.
Así queda reflejado en el informe quincenal remitido este lunes al Tribunal Supremo, donde las dos administraciones reconocen su incapacidad para consensuar una salida efectiva a la sobreocupación de los recursos de protección insulares.
La apuesta de Moncloa por aumentar la capacidad de los centros de acogida en Canarias en lugar de reubicar a los menores solicitantes de asilo en la Península "incumple" tanto el espíritu como la letra de la orden del Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas en el Ejecutivo autonómico.
El espíritu, porque el Supremo decretó el pasado 24 de marzo que la situación de "hacinamiento" de los menas era "evidente". Y la letra, porque lo que ordenó el Alto Tribunal fue que el Estado se hiciera cargo de todos los solicitantes de asilo "en un plazo de 10 días" que expiró a inicios de abril.
Este documento, remitido para, teóricamente, cumplir la medida cautelar dictada el pasado marzo por la Sala Tercera, señala que el Consejo de Ministros aprobará este 22 de julio una "declaración de emergencia" para la realización de obras de adaptación en los centros por importe de 39,8 millones de euros hasta final de 2025.
Y que el objetivo de esa partida es permitir la disponibilidad de 1.200 plazas nuevas en los 86 centros ya existentes.
Lo acordado, lo hecho
La decisión llega tras varios meses de enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo central y el autonómico. El Supremo, al admitir la demanda de Canarias, ordenó en primavera al Estado que "asumiera su obligación", hasta ahora "desatendida", de hacerse cargo de todos los menores solicitantes de asilo llegados a las islas.
Las leyes españolas e internacionales establecen que estos menores deben ser responsabilidad directa del Estado por la especificidad de sus derechos y situación jurídica, frente al régimen estándar de tutela autonómica para el resto de menas.
El Comité Interadministrativo de Cooperación, creado tras la orden judicial, ha celebrado tres reuniones desde el 1 de julio. Pero el último informe evidencia que el llamado "acuerdo de premisas" apenas ha despejado los principales desacuerdos.
"Ningún menor ha salido de las islas", lamenta una fuente del Gobierno canario, y la solución apuntada por la Secretaría de Estado de Migraciones es, ahora, la ampliación física de plazas en centros canarios.
"Eso es lo que quieren, pero nosotros nos negamos", subraya una fuente próxima al presidente Clavijo.
En cifras, los últimos datos oficiales del Ejecutivo insular sitúan en 1.250 los menores solicitantes de asilo aún bajo tutela de Canarias, del total de 5.484 menores acogidos en los centros de acogida.
Frente a esto, el Ejecutivo central sólo ha ofrecido 250 plazas, en el viejo cuartel conocido como Canarias 50, aunque no de forma inmediata, porque la instalación sólo inició sus obras de adaptación la semana pasada, el 14 de julio.
El Estado también menciona otras opciones, como 400 plazas en un centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), aunque Canarias denuncia que no ha recibido información oficial ni resultado de las gestiones con la Comunidad de Madrid, que rechaza albergar a estos menores en dichas condiciones.
"Incidente de ejecución"
El gran punto de fricción es el proceso de traslado definitivo de los menores solicitantes de protección internacional a recursos en la Península.
El informe recoge que la Administración del Estado ha expuesto "dudas" sobre algunas cuestiones jurídicas que están vinculadas a la ejecución de estos traslados de menores "a centros que se encuentren fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias".
El Gobierno de Canarias, por su parte, censura que esas dudas sean excusa para el estancamiento y expresamente hizo constar que "no las comparte", según sus portavoces.
El desacuerdo llega al punto de que Moncloa prepara ya un "incidente de ejecución" que "sólo retrasará las reubicaciones".
La falta de traslados provoca que, a fecha de presentación del informe, ningún menor ha podido ser evaluado individualmente, ya que el Centro previsto para ello sigue sin estar en marcha. Así, todos los menores solicitantes de protección internacional "continúan en centros de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias".
El Gobierno de las islas acusa al central de estar dilatando el proceso para que todos los menores se queden en las islas, amparándose en las "excepciones" recogidas en el documento original de premisas entregado al Supremo, insuficientes ante la situación de "sobreocupación".
La creación inminente de 1.200 nuevas plazas no sólo coincide con el total de solicitantes de asilo que permanecen bloqueados en las islas, sino que certifica el cambio de enfoque: el Gobierno, al ampliar las plazas en Canarias, evita el traslado forzoso a la Península y "prolonga el hacinamiento", pese a la "emergencia humanitaria" reconocida por el Tribunal.
El informe sugiere que la diferencia entre los 946 menores reconocidos como solicitantes de asilo y las nuevas plazas se debe a que el Estado acabará asumiendo la cifras oficiales del Gobierno canario.
Ambas Administraciones han optado por entregar el informe conjunto al Alto Tribunal, aunque advierten que "nada impide" que en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, puedan presentar otros escritos en los que expongan sus "desacuerdos" abiertamente sobre la ejecución de las medidas cautelares.