Pedro Sánchez arrancó las vacaciones a finales de julio con el compromiso de presentar en el Parlamento un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque no tenga garantizada su aprobación.
Este lunes, en el anticipo del arranque del curso político, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, reafirmó esa apuesta, aunque lleve aparejado el riesgo de una grave derrota parlamentaria y la posibilidad de poner en peligro la firme intención del presidente del Gobierno de llevar la legislatura hasta 2027.
Pero si le saliera bien la difícil apuesta de aprobar las cuentas de 2026 tendría garantizada esa continuidad y sepultaría los reproches sobre inestabilidad en el Gobierno.
En realidad, la Constitución obliga taxativamente a los gobiernos a presentar las cuentas en el Parlamento, aunque prevé la posibilidad de prorrogarlas si no se consiguen aprobar.
Pero Sánchez ha incumplido reiteradamente este mandato y están en vigor los de 2022, aprobados en otra legislatura, algo que no había pasado nunca en democracia.
"La lectura sobre la Constitución y su aplicación puede tener algunos matices", dijo Sánchez el pasado mes de abril para salir del paso del reproche legal por no haber presentado las cuentas.
En realidad, el propio presidente y sus ministros no han dejado de insistir en que presentarían también los de 2025, aunque fuera sin cumplir los plazos previstos por la Constitución. De hecho, a día de hoy aún no ha habido un anuncio formal y oficial de que tal presentación no se producirá.
"En tiempo y forma", llegó a decir hace un año María Jesús Montero, un compromiso que obviamente no cumplió nunca, sin explicación alguna, salvo una salida de la portavoz Pilar Alegría sobre la necesidad de quitar trabajo al Parlamento.
En todo caso, hace un año, Sánchez inició el curso político avanzando ante el Comité Federal su propósito de gobernar "con o sin el concurso del poder legislativo", mientras que ahora el mensaje oficial parece distinto: habrá proyecto de Presupuestos presentado en el Congreso.
La primera dificultad es la aprobación del llamado techo de gasto o límite del déficit, que se aprueba siempre antes de verano para cumplir el plazo constitucional. Eso permite llevar las cuentas al Parlamento a finales de septiembre para que entren en vigor el 1 de enero.
Ese trámite no se ha producido aún para que se vote en el Congreso. En 2024 ya fue rechazada la propuesta del Gobierno en una ocasión y Moncloa la retiró en otra para no volver a perder. Es decir, ya va con evidente retraso.
El escollo para la aprobación de los Presupuestos son, fundamentalmente, los votos de Junts y los de Podemos.
Puigdemont y Podemos
El Gobierno confía en que pueden lograr el apoyo de Carles Puigdemont con el horizonte de la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía y la resolución de asuntos pendientes, como la prórroga de la vida de las centrales nucleares de Cataluña y el aumento de inversiones para esa comunidad.
Con el partido de Ione Belarra el problema es el aumento del gasto militar. Sánchez sorteó la exigencia del 5% que planteó Donald Trump a los miembros de la OTAN, pero mantiene el aumento hasta el 2,5% que avanzó el pasado mes de abril.
La baza del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, es ampliar el concepto de "gasto militar" al de inversiones en seguridad, para incluir el dinero dedicada a la lucha contra los efectos del cambio climático. Y esa posición queda reforzada con lo vivido este mes de agosto con los incendios forestales.
El Gobierno remarca que todas las comunidades afectadas por los incendios han solicitado y han tenido apoyo del Ejército, y no sólo de Unidad Militar de Emergencias. Es decir, se ha visualizado que su actuación forma parte del gasto militar como inversión en seguridad y emergencias.
Fuentes del Gobierno explican que, precisamente, el pacto de Estado contra el cambio climático que propuso Sánchez el domingo y que se supone que impulsará en septiembre, incluirá compromisos de inversión contra incendios forestales que pueden ser incorporados en ese catálogo de inversión en seguridad.
Así, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y de Europa que anunció Sánchez en abril incluye ya este capítulo.
En la presentación en la Moncloa explicó que "se va a destinar a reforzar las capacidades duales de nuestras Fuerzas Armadas para que también puedan ayudar a la gestión de emergencias y desastres naturales como inundaciones o incendios en una península, la Península Ibérica, que como saben ustedes, está dramáticamente afectada por los efectos de la emergencia climática".
Concretó que "esta partida va a suponer en torno a un 17% de la inversión total, va a rondar los 1.750 millones de euros. ¿Y con esos recursos qué vamos a hacer?, vamos a ampliar, por ejemplo, nuestra flota de helicópteros de rescate, también de apoyo logístico. Vamos a adquirir nuevos vehículos, lanzapuentes, aviones cisterna para la extinción, por ejemplo, de incendios o a fletar un nuevo buque hidrográfico".
Y añadió: "Además, vamos a invertir en la adaptación y modernización de las infraestructuras del Ministerio de Defensa para que puedan responder de forma ágil a situaciones de emergencia que afectan a la seguridad nacional".
Citó expresamente "el extraordinario papel del Ejército de las Fuerzas Armadas y singularmente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han llevado a cabo en los territorios afectados por la DANA. La mayoría sabemos también que la emergencia climática es una realidad que lejos de atenuarse, desgraciadamente se agrava año tras año. Por eso es importante que aumenten también las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para ayudarles a hacer frente".