El presidente Pedro Sánchez ha atendido, en parte, la petición de los presidentes autonómicos del PP y ha anunciado que 500 efectivos del Ejército de Tierra se van a sumar de forma inminente a las labores de apoyo a la extinción de incendios forestales en toda España.
Sánchez ha hecho este anuncio durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Orense, donde ha estado acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
A continuación, se dirigirá a la zona afectada por el incendio en Villablino (León).
Ante el presidente de la Xunta, Sánchez ha confiado que 200 de estos militares puedan incorporarse a estas labores en Galicia, como le había pedido Rueda.
"Desde el Sistema de Protección Civil vamos a dar todos los recursos necesarios para perimetrar y extinguir incendios en la provincia de Orense", ha garantizado.
Pedro Sánchez ha recordado que las comunidades autónomas "son las competentes para luchar contra los incendios", y ha garantizado que la Administración central va a poner a su disposición "todos los medios necesarios".
"Ante crisis como la que estamos viviendo", ha dicho, "tenemos que actuar codo con codo, de manera coordinada y cooperativa".
Al respecto, ha asegurado que su Gobierno ha incrementado un 35% los recursos destinados a la prevención de incendios y un 40% los destinados a la extinción.
El presidente del Gobierno ha asumido que "quedan días complejos", en la lucha contra el fuego porque "la meteorología por desgracia no nos está acompañando".
Ha pedido a los ciudadanos que estén "muy atentos a las instituciones", porque la prioridad ahora es "proteger y salvar vidas. Cualquier cautela es poca", ha señalado.
Durante su comparecencia, Sánchez ha considerado que "no puede haber impunidad para las personas encargadas de provocar estos incendios, tienen que rendir cuentas ante la Justicia".
Como ha informado EL ESPAÑOL, desde el pasado 1 de junio la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han detenido a 27 personas como presuntos autores de incendios forestales, mientras que otras 83 están siendo investigadas.
Pero Sánchez ha pedido hacer "una reflexión mucho más a fondo" y ha anunciado que, a partir del mes de septiembre, quiere impulsar "un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática", al que espera que se sumen Administraciones, partidos políticos, sindicatos y la sociedad.
Porque los incendios que este verano han arrasado más de 100.000 hectáreas en toda España son, a su juicio, la mejor prueba de que los efectos del cambio climático son "cada vez más acelerados, graves y asiduos" en la Península ibérica.
Este pacto, ha dicho, también ha de servir para reflexionar sobre "cómo podemos redimensionar nuestras capacidades, no solamente en la respuesta, sino también la prevención de todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, ya sean incendios, danas o cualquier otra catástrofe natural vinculada con el clima".
"Esto puede parecer algo abstracto", ha admitido, "pero desgraciadamente es lo que estamos viviendo, en Galicia, en Castilla y León, y en otras partes de nuestro país".
"Tenemos que dejar fuera de la lucha partidista, para centrarnos en la evidencia científica", ha reflexionado.
Al respecto, ha recordado que una de las primeras decisiones que tomó en 2018, tras llegar a la Moncloa, fue declarar la emergencia climática.
Sánchez ha expresado sus "condolencias por las personas que han perdido la vida" en los incendios y su "solidaridad y empatía con todas aquellas víctimas, heridos y el conjunto de la ciudadanía que ha visto sus casas, enseres, negocios y modo de vida súbitamente arrebatado".
Minutos antes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido que la situación es "complicadísima", con 12 fuegos activos aún en la provincia de Orense.
Rueda ha reclamado la "movilización de las Fuerzas Armadas", que a su juicio pueden hacer "una labor fundamental", por ejemplo con maquinaria pesada para abrir cortafuegos y zanjas para frenar el avance del suelo, sin participar directamente en las labores de extinción.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha denunciado este domingo que el flanco norte del incendio de Jarilla (Cáceres) está "desbocado", pero "el Gobierno nos dice que no tiene capacidad para enviar los medios que hemos solicitado".
Poco después, Guardiola ha anunciado a través de las redes sociales que le ha telefoneado el teniente coronel de la UME para comunicarle que 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa se van a incorporar a labores de "presencia, vigilancia y disuasión" en los incendios de la región.
Además, desde la base de Rota se van a desplazar cuatro máquinas pesadas de la Armada para ayudar a realizar cortafuegos y zanjas, que frenen el avance del fuego.
El incendio de Jarilla afecta ya a 6.000 hectáreas y es especialmente difícil abordarlo, ya que alcanza un perímetro de 100 kilómetros.
Tras la reunión del Cecopi, Guardiola ha agradecido la labor que desarrollan los profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya tiene "el 100% de su capacidad activa", desplegada en toda España.
Ante el avance del fuego y la "terrible situación que estamos viviendo", la presidenta de Extremadura ha destacado que la región necesita la presencia de "personal del Ejército de Tierra".
Sin embargo, ha dicho, "en la reunión del Cecopi el delegado del Gobierno nos ha anunciado que no tienen capacidad para atender los medios que solicitamos".
El avance del flanco norte del incendio de Jarilla ha obligado a evacuar a 360 vecinos de Gargantilla, 250 del municipio de Rebollar y a confinar a los de Hervás (4.000 habitantes).
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la “falta de humanidad” del Gobierno central en la semana más negra de incendios en España.
A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez deja desasistidas a las CCAA, para después “buscar culpables” y recurrir a “si necesitan ayuda, que la pidan”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y María Guardiola (Extremadura) pidieron el sábado la intervención del Ejército para desarrollar labores logísticas y de vigilancia, que ayudarían a disuadir a los pirómanos.