Máximo Huerta, efímero ministro de Pedro Sánchez que dimitió en 2018 por una sentencia sobre una deuda fiscal, nos contó que cuando fue a la Moncloa a dimitir, el entonces recién llegado presidente del Gobierno le preguntó preocupado cómo creía que la historia hablaría de él cuando dejara de ser jefe del Ejecutivo.
Entonces nadie sospechaba siquiera que Sánchez fuera a tener problemas con la corrupción y el machismo de sus colaboradores.
Este miércoles en el Congreso, el presidente se juega en parte su relato sobre esos dos asuntos y sobre la forma en la que pasará a la historia, aunque no haya llegado aún el momento de su salida de la Moncloa.
Es previsible que sus socios de Gobierno y parlamentarios, es decir, los que le apoyaron en la investidura, hagan discursos muy duros contra Sánchez, por su responsabilidad en los nombramientos y el mantenimiento de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, acusados de corrupción.
También por Paco Salazar, expulsado de Moncloa y de la dirección del PSOE tras las acusaciones contra él de acoso sexual.
Lo que Moncloa da por hecho es que aunque Sánchez sea vapuleado en el pleno del Congreso, saldrá formal y políticamente vivo porque ninguno de sus socios tiene intención de poner fin a la legislatura o romper el Gobierno de coalición.
El gran salvavidas del líder socialista es Vox: los socios de Sánchez no quieren abrir la puerta a la llegada de la ultraderecha de la mano del PP.
El Gobierno se ha visto favorecido por el discurso de Vox a favor de la deportación de millones de migrantes ilegales.
En realidad, como este miércoles no se votará nada, ni se hará en breve, no habrá forma de comprobar ese apoyo del Parlamento, más allá de los discursos y de la ausencia de peticiones concretas.
Porque ninguno de los socios planteará el fin de la legislatura, ni se sumarán a una hipotética moción de censura de Alberto Núñez Feijóo, ni pedirán la dimisión de Sánchez, ni le exigirán que se someta a una cuestión de confianza. Al menos, no está previsto que lo hagan este miércoles.
La excepción canaria
La única excepción es Coalición Canaria, cuya diputada exigirá que Sánchez se someta a esa cuestión de confianza para testar si mantiene apoyo de la Cámara.
Por supuesto, Sánchez no tiene intención de presentar esa iniciativa y el resto de socios no quieren verse en la tesitura de retratarse en apoyo del presidente.
Las razones del presidente las explicó el ministro Óscar López en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero: "Porque no".
La incomodidad del presidente se comprobará también en la decisión insólita de Yolanda Díaz de tomar la palabra durante el debate. No ha ocurrido nunca que una vicepresidenta intervenga en el Pleno para confrontar con el presidente.
Lo más parecido fue cuando en 2023 la entonces ministra Irene Montero intervino para rechazar un proyecto de ley que partía del Gobierno del que ella formaba parte.
Los socios del Gobierno explican estos días que están muy molestos por la situación y la falta de decisiones de Sánchez. Por ejemplo, el PNV tiene previsto celebrar una reunión de su dirección para evaluar lo que pueda anunciar el presidente.
La ventaja para Sánchez es que el partido de Aitor Esteban está igual de enfadado con el PP por palabras de sus dirigentes contra ellos.
Se espera que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sea también muy duro contra el presidente, pero no es previsible que pida el fin de la legislatura.
ERC sigue negociando con el Gobierno acuerdos como el llamado concierto catalán, que podría cerrarse el próximo lunes para iniciar su trámite parlamentario, y eso requiere de meses de legislatura.
Junts ya condicionó el acuerdo con el PP a que Feijóo vaya a ver a Puigdemont a Waterloo y mantiene abiertas vías de negociación con el Gobierno. Es decir, de momento le interesa seguir adelante.
Podemos, el más beligerante
Podemos es el más duro contra el Gobierno, tanto que ya se considera parte de la oposición y no de los apoyos de Sánchez. Los de Ione Belarra, además, arremeterán también contra el Gobierno por la tarde, cuando se hable del aumento del gasto militar.
El Gobierno se aferra a que ha ganado 1.100 votaciones y ha sacado adelante 35 leyes. Omite que ni siquiera ha llevado al Congreso Presupuestos, contraviniendo la Constitución, y que algunas normas controvertidas están bloqueadas en la Cámara y no son rechazadas porque no se someten a votación.
Tras los argumentos previstos de Sánchez sobre la celeridad para tomar medidas y, sobre todo, con la comparación permanente a lo que hizo el PP y a los casos que tiene pendientes, está previsto que exponga medidas concretas contra la corrupción. Como hicieron Felipe González y Mariano Rajoy cuando se vieron acosados por la corrupción.
Aunque en su primera intervención ante el Pleno como presidente en 2018 Sánchez anunció un proyecto de ley para eliminar aforados, fuentes de Moncloa aseguran que esta medida no estará entre las que exponga.
Sí habrá medidas contra las empresas condenadas por corrupción, medidas de control de contratos públicos y posiblemente la creación de una agencia antifraude que le exige Sumar.
Según Moncloa, serán "medidas sobre empresas, partidos e instituciones".