La proposición de Ley Orgánica registrada por el PSOE el pasado mes de enero en el Congreso para desactivar la acción popular, y bautizada por el PP como Ley Begoña, permitirá apartar de las causas que afectan al PSOE a los jueces que participen en protestas contra el Gobierno, como la celebrada este sábado a las puertas del Tribunal Supremo.
La norma fue diseñada por el ministro Félix Bolaños para apartar a la acusación popular que ejercen asociaciones como Manos Limpias o Hazte Oír en las causas penales en las que están investigados la mujer (Begoña Gómez) y el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno.
Pero el texto también incluye, en su artículo 3, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplía los motivos de recusación y abstención de los jueces.
Y, entre otros, incorpora el siguiente supuesto: "Haber manifestado públicamente, invocando su condición de juez o magistrado, o sirviéndose de esta condición, la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos
políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento o dirigirse a ellos con la misma finalidad de forma privada o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto, comprometiendo su independencia o imagen de imparcialidad".
El texto indica que habrán "comprometido su independencia o imagen de imparcialidad" los jueces y magistrados que participen en protestas contra el Gobierno, como la celebrada este sábado ante el Tribunal Supremo, para mostrar su rechazo a la reforma de la carrera judicial y fiscal que impulsa el ministro Bolaños.
En la misma situación se encontrarían los jueces que, desde noviembre de 2023, participaron en concentraciones convocadas a las puertas de los Juzgados de toda España, para protestar contra la intención del Gobierno de impulsar la ley de amnistía, que las principales asociaciones denunciaron como una quiebra del principio de igualdad y del Estado de Derecho.
En consecuencia, una vez entre en vigor, este artículo de la llamada Ley Begoña permitirá apartar o recusar de las causas judiciales que afecten al PSOE, a los jueces que hayan participado en estos actos de protesta contra el Gobierno.
El enunciado es tan amplio que el motivo de recusación también sería aplicable a los jueces que hayan expresado cualquier crítica al Gobierno o al PSOE, por ejemplo a través de un mensaje en las redes sociales. O incluso si han ejercido dicha crítica "de forma privada".
El portavoz socialista Patxi López registró el pasado 10 de enero la proposición de Ley que, desde entonces, está pendiente de la toma en consideración por el Pleno.
Pero la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, aún no ha activado este trámite porque el Gobierno todavía no tiene garantizado el apoyo de sus socios parlamentarios para sacarla adelante.
Con una dificultad añadida: el negociador habitual del PSOE para recabar el apoyo de los socios era Santos Cerdán, que ha pedido la baja voluntaria en el partido y ha renunciado a su escaño, al ser imputado en el Tribunal Supremo como miembro de una "organización criminal" que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Después de que el PSOE la registrara en el Congreso, esta iniciativa parlamentaria fue cuestionada por todas las asociaciones de la carrera judicial, también la progresista Juezas y Jueces por la Democracia, afín al PSOE.
Pero también algunos de sus socios del "bloque de investidura" cuestionaron aspectos como la disposición transitoria única, según la cual la reforma tendrá efectos sobre todas las causas judiciales que estén en curso a su entrada en vigor.
La concentración celebrada este sábado ante el Tribunal Supremo, en la que han participado cerca de un millar de personas, es el paso previo a los tres días de huelga convocados para la próxima semana (del 1 al 3 de julio) para pedir al Gobierno que retire las reformas de la carrera judicial y fiscal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que impulsa el ministro Félix Bolaños.
Las protestas cuentan con el apoyo de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales (todas, salvo las dos próximas al PSOE).
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recomendó este sábado a los jueces y fiscales que se "lean" su reforma, para comprobar que "ni una sola línea afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho".
Y reclamó que se respete la soberanía de las Cortes para debatir y aprobar su reforma legal, "sin injerencias y sin presiones" de los profesionales afectados.
Con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impulsa Bolaños, los fiscales asumirán la investigación de los delitos, tarea que actualmente corresponde a los jueces de instrucción.
Las asociaciones mayoritarias denuncian que con ello puede peligrar la imparcialidad de algunas investigaciones (por ejemplo, las referidas a corrupción de partidos políticos), dado que los fiscales tienen una dependencia jerárquica del fiscal general del Estado, que es designado directamente por el Gobierno.
La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, expresó este sábado el apoyo del primer partido de las Cortes a las movilizaciones de los jueces y fiscales, por considerar que el Gobierno intenta asegurarse el control del Poder Judicial, mediante las reformas que impulsa el ministro Bolaños.