Jueces y fiscales se han concentrado este sábado ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid bajo el lema Sin Estado de Derecho no hay democracia, para defender la independencia del Poder Judicial.
Se trata del paso previo a la huelga de tres días (1 al 3 de julio) que las asociaciones mayoritarias han acordado para exigir al Gobierno que retire las reformas de la carrera judicial y fiscal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que impulsa el ministro Félix Bolaños.
Las asociaciones denuncian que estas reformas "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente".
¿Quién impulsa las protestas?
Asociaciones mayoritarias. Las protestas han sido consensuadas por las asociaciones mayoritarias: la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Fiscales, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Sólo han decidido quedarse al margen las dos asociaciones más próximas al PSOE: Juezas y Jueces por la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales (a la que han estado ligados los dos últimos fiscales generales, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado).
¿Los jueces pueden hacer huelga?
La sexta en democracia. Medios como la televisión pública TVE lanzaron el viernes el bulo de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha determinado por unanimidad que la huelga de jueces y fiscales es "ilegal".
No es cierto. En su resolución dada a conocer este viernes, el Pleno del CGPJ señala que no puede fijar servicios mínimos, porque no tiene competencias para ello y porque "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece en el momento actual, de soporte normativo". De hecho, es la sexta vez que los jueces van a la huelga en democracia.
La carrera fiscal y judicial
Riesgo de politización. Las asociaciones mayoritarias denuncian que las reformas de Bolaños van a "rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) señala que estas reformas supondrán "regularizar a cientos de jueces y fiscales sustitutos sin las debidas garantías de mérito, capacidad e igualdad".
Además, la reforma creará un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno. Todo ello, a juicio de la AJFC, implica un riesgo de "politización de la carrera fiscal y judicial".
El Estatuto Fiscal
Mayor dependencia del Gobierno. Con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impulsa Bolaños, los fiscales asumirán la investigación de los delitos, tarea que hasta ahora correspondía a los jueces de instrucción.
Las asociaciones denuncian que con ello puede peligrar la imparcialidad de algunas investigaciones (por ejemplo, las referidas a corrupción política), dado que los fiscales tienen una dependencia jerárquica del fiscal general del Estado, que es designado directamente por el Gobierno.
Además consideran que, con estas reformas, "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", señalan las asociaciones.
Y recalcan que ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Qué dijo el CGPJ
Se vacía el Consejo Fiscal. En su preceptivo informe, el CGPJ ya cuestionó que la reforma del Estatuto fiscal reduce sensiblemente las competencias del Consejo Fiscal, elegido por sus miembros en votación secreta, hasta "dejarlo desprovisto de su capacidad de contrapeso", en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia y de otros organismos internacionales.
Por ejemplo, el Consejo Fiscal pierde funciones en la resolución de expedientes disciplinarios y se elimina la exigencia de su informe previo en casos de traslado forzoso, separación del servicio o resolución de posibles incompatibilidades.
¿Qué pasa con la UCO y la Udef?
Policía judicial. Con la reforma que impulsa Bolaños, la Policía Judicial (tarea que habitualmente desarrolla la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional) también pasará a depender de la Fiscalía.
Algunas asociaciones alertan de que el trabajo de la Policía Judicial puede verse condicionado de este modo, debido a la dependencia última del fiscal general del Estado, designado por el Gobierno.
Basta recordar que la UCO ha elaborado los informes claves que han llevado a la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el llamado caso Koldo.