Sólo Pedro Sánchez se atrevió a enfurecer a Donald Trump en la Cumbre de la OTAN celebrada esta semana en La Haya. Firmó el compromiso de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 10 años pero, a continuación, anunció en rueda de prensa que no tiene intención de cumplir lo firmado.
Un insólito requiebro diplomático, más bien dirigido al consumo interno de sus socios de Gobierno y electores, que puede salir caro a España.
Sánchez alega que la exigencia de la OTAN es "incompatible con nuestro Estado del bienestar", pues exigiría recortar un 40% las pensiones, eliminar prestaciones sociales o subir en 3.000 euros anuales los impuestos a cada trabajador.
¿El compromiso firmado supone un abismo para España, pero no para los otros 31 socios de la Alianza? El acuerdo exige destinar en 10 años el 3,5% del PIB a la compra de armamento, y otro 1,5% a otras inversiones de seguridad, como las infraestructuras.
Pedro Sánchez presentó el pasado mes de abril un plan de 10.471 millones de euros para pasar este año del 1,24% al 2% del PIB en defensa y seguridad. Por tanto, si en poco más de seis meses, España ha elevado su gasto en Defensa un 0.76%, resulta llamativa la negativa a escalarlo un 1,5% extra a lo largo de la próxima década.
Esta misma semana, en medio del fragor por la cumbre de la OTAN, el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó un informe que concluye que la mayoría de los españoles aceptaría pagar más impuestos para Sanidad, Educación o pensiones, pero no para incrementar el gasto en Defensa.
El estudio, elaborado por un organismo vinculado al Gobierno, revela que el 76% está de acuerdo en aportar más para partidas sociales, por un 43% que asumiría una mayor carga tributaria para la Defensa.
La conclusión tiene cierta lógica. ¿Quién prefiere destinar más dinero a la fabricación de tanques que a evitar la lista de espera del médico?
Pero esconde un argumento maniqueo, por las derivadas geoestratégicas, industriales y de pura supervivencia política que deja fuera la pregunta.
Y parte de una cuestión falaz, pues hasta hace pocas semanas el Gobierno afirmaba que incrementar el gasto en Defensa no le costaría ni un euro más a los españoles, ni implicaría un recorte de partidas sociales.
Pero el presidente, Pedro Sánchez, es plenamente consciente de que pagar más en armamento es impopular, que sus socios tampoco estarían por la labor y que enfrentarse con Donald Trump -el verdadero responsable de ese 5%- le da réditos políticos. Sobre todo en este momento de extrema debilidad.
1. Una decisión política
Por tanto, la primera clave es puramente política. España no gasta más, entre otras cosas, porque no quiere. Así lo ha dejado claro Pedro Sánchez a lo largo de la última semana.
“Quien quiera entenderlo, que lo entienda, se respeta la soberanía de nuestro país”, respondió el presidente, cuando le preguntaron por la diferencia de pareceres con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Sánchez vendió el pasado domingo que había llegado a un acuerdo que permitía flexibilidad presupuestaria para España y Rutte después lo negó.
“El error de Pedro Sánchez es de bulto. La flexibilidad sobrevuela el comunicado, pero la intervención del presidente fue meditada para provocar un choque de trenes y ser leída en clave exclusivamente interna. Es un terrible error que España pagará caro”, concluye el general del Ejército de Tierra Domingo Guerra.
Poco después de la comparecencia de Sánchez en La Haya, Trump amenazó a España con "pagar el doble", dejando entrever que podía aumentar los aranceles a productos que afecten a nuestro país.
Otras fuentes del generalato sostienen a El ESPAÑOL que “la filosofía que ampara todo el proyecto gubernamental deja ver a las claras un cierto antiamericanismo”.
2. Las cifras
Pero las explicaciones que aporta Sánchez no son políticas, sino económicas. España no invierte más porque no puede, viene a decir. La disyuntiva que plantea es sucumbir al gasto en Defensa impuesto por Trump o mantener en pie el Estado del bienestar.
Las cifras que aporta para pasar del actual compromiso del 2% al 5% serían “350.000 millones adicionales en inversiones, subir en impuestos a cada trabajador 3.000 euros anuales, eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad o maternidad, reducir en un 40% las pensiones o recortar a la mitad la inversión estatal en educación”.
El sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha ha hecho sus propias cuentas, que determinan que pasar del 2% al 5% en los próximos tres años significaría un gasto extra de 107.000 millones de euros.
Pese a que el cálculo difiere con el de Moncloa, tiene sentido, pues lo que hacen desde el Ejecutivo es sumar ese esfuerzo adicional que año tras año tendría que asumir el Estado hasta 2035, el plazo marcado por la OTAN. Es decir, se trata de la suma de varios ejercicios.
Pero esto no significa que un 5% en Defensa represente 350.000 millones. El actual 2%, al que ya se comprometió el Gobierno hace dos meses, supone 32.600 millones de euros.
Y el 5% serían 87.000 millones, según los cálculos de Gestha, lo que ya representaría la mitad del gasto en pensiones, la segunda partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -por detrás de las propias pensiones- y una quinta parte del total de los PGE.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, cree que ese objetivo del 5% “no es realista”. “La única solución sería plantear un ERE total en la Administración pública”, sostiene.
Esto sería algo parecido al llamado DOGE, el plan de Elon Musk en la Administración estadounidense, aunque no parece que el Gobierno -ni siquiera otro del PP- se esté planteando algo así.
España podría acogerse al mecanismo de excepcionalidad planteado por la Comisión Europea para que hasta un 1,5% del PIB de inversión extra en Defensa no sea incluido en el déficit o al programa europeo SAFE, que prevé créditos por un valor total de 150.000 millones para la compra conjunta de material militar.
Si bien, la conclusión a la que llegan todos los expertos es que esas herramientas no son suficientes, por lo que llegar al 5% plantea otro dilema. La única forma de alcanzar esa cota, tan alejada del 1,4% que se había gastado hasta ahora, es mediante la subida de impuestos o el recorte del gasto público.
3. La viabilidad
Y aquí entra en escena la tercera cuestión, relacionada directamente con la anterior. No se trata tanto de que sea económicamente posible o no -lo sería transformando radicalmente las políticas de gasto- sino de que sea viable.
Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN), cree que sí. “Es absolutamente falsa la dicotomía que plantea el presidente”, asevera.
“En lugar de reducir el gasto público, se trataría más bien de hacerlo más eficiente. Se podrían recortar ciertas subvenciones y gasto superfluo de la Administración. Y, más importante aún, una inversión industrial tan ambiciosa supondría aumentar la productividad de la economía española, que es uno de nuestros grandes problemas”, añade.
El economista opina que afrontar este esfuerzo con deuda mancomunada europea, como ha llegado a plantear España, “supondría hacer que el euro pierda valor”. Por tanto, apuesta por esos préstamos que concede en estos momentos la UE, ya que “se pueden pagar a 45 años y apenas se nota en la deuda pública año a año”.
Para el coronel interventor Jesús María Izquierdo no sólo es viable, sino que “se convierte en una necesidad imperiosa, no ya para tener unas capacidades militares proyectables en el marco de operaciones en el exterior, sino como una necesidad para la supervivencia de Europa (tanto como fuerza de acción como de disuasión)”. Así lo recoge en un informe del CESEDEN.
Los militares ven este debate como una oportunidad para modernizar un equipamiento obsoleto y unas necesidades de personal que cifran en unos 20.000 efectivos.
Mientras, los investigadores del Real Instituto Elcano Félix Artega, Daniel Fiott y Luis Simón consideran en otro informe que “sin un esfuerzo nacional bien coordinado, España se arriesga a quedar excluida de los principales programas de Defensa de la UE, circunstancia que socavaría su competitividad industrial y haría mella en su capacidad de influir en la integración europea”.
4. Por qué los otros sí
Esta consideración lleva a preguntarse por qué los otros países sí están en disposición de hacerlo. O al menos, así se comprometieron en el documento final de la cumbre de la Alianza Atlántica.
Realmente, ese objetivo del 5% se desglosa en dos apartados: un 3,5% de gasto estrictamente militar y un 1,5% relacionado con otras cuestiones de seguridad e infraestructuras que puedan tener además un uso civil.
Por tanto, si tomamos como referencia el 3,5%, ahora mismo tan sólo Polonia y Estonia sobrepasarían esa cota, a la que ni siquiera llega Estados Unidos. Con un 3,38% de su PIB, pero con el 66% del gasto total de la OTAN, Trump ya ha aclarado que no piensa aumentar sus esfuerzos.
De hecho, porcentualmente, su aportación ha descendido en el último decenio.
Los países bálticos sí están en condiciones de cumplir con el 3,5% o el 5%. También Alemania, Francia o Reino Unido se muestran firmes en alcanzar los objetivos, aunque hay muchas más dudas sobre todo con la capacidad de estos dos últimos.
Pero, sobre todo, hay una serie de países como Italia, Bélgica, Canadá o Portugal, muy por debajo del 2%, que parecen muy lejos de acercarse al compromiso firmado en La Haya.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue muy gráfica al definir lo ocurrido en la cumbre. Cuando le preguntaron por qué no había hecho lo mismo que Sánchez (reconocer que su país no va a llegar a esas cifras), respondió: “España ha hecho como Italia, porque han firmado el mismo documento que nosotros”.
Valentín Pich, hasta hace un par de semanas presidente del Consejo General de Economistas, también considera que el 5% “es excesivo”. “Pero si somos una potencia de segundo o tercer nivel deberíamos ser un poco más discretos. Somos socios de un club y tenemos que estar para ayudar, no para provocar”.
5. Farol o realidad
Entonces, realmente, ¿la premisa de este artículo es real o engañosa? ¿Los aliados pueden llegar o no a ese 5%? Todo dependerá de si su estrategia es verdadera o se trata de un embuste.
Ni Valentín Pich ni los técnicos de Gestha creen que la mayoría de países vaya a cumplir. El objetivo es llegar a 2029, cuando la OTAN volverá a evaluar los compromisos, ya sin Trump en la Casa Blanca y quién sabe en qué posición estará Putin.
Aunque tampoco nadie garantiza que en ese futuro próximo la carrera armamentística se haya frenado. Y bien podría ocurrir lo contrario.
Antonio Fonfría cree que lleguen o no a la cifra que desea Trump, “los países tenderán a incrementar sus presupuestos en Defensa”. Y eso ya habrá salvado una primera bola de partido, pues lo que sobrevolaba en esta cumbre es que si los aliados no ofrecían un mensaje firme, Estados Unidos podía abandonar la Alianza.
Todo esto, en un contexto en el que la UE negocia su política arancelaria con Estados Unidos. La principal amenaza con la que Trump puede hacer daño económicamente a España.
Otra cuestión será abordar la llamada autonomía estratégica de Estados Unidos, ya que actualmente los países de la OTAN compran cerca de un 70% de su material militar al socio norteamericano. Una inversión muy alta en muy poco tiempo puede significar que Europa no consiga desarrollar su propia industria.
“Trump sabe que si no nos coordinamos, a él le seguirán cayendo contratos. Por eso es importante avanzar en la integración y acelerar los proyectos militares que ya tenemos en la UE”, asegura el economista de la UE especializado en asuntos militares.
En definitiva, todos están comprando tiempo. Los aliados a la espera de 2029, Trump que se mantiene en la OTAN con unos socios a su servicio y el propio Pedro Sánchez que utiliza ese tiempo para intentar ganar una vida extra.
También el futuro de Sánchez puede depender de si las represalias de Trump son serias -como suele ocurrir con él- o si van de farol. Porque, como advertía esta semana el Financial Times, una embestida económica por parte de Estados Unidos puede resultar letal para el devenir no del Ejecutivo sino de la propia España.