El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paga una nueva factura a sus socios del PNV. La Comisión Mixta de Transferencias acordó el jueves que el Gobierno vasco asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por un importe de 187 millones de euros.
Esta cifra equivale al 6,24% del coste que el subsidio tiene para toda España, que asciende a 3.022 millones de euros al año, según lo estimado en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Desde 2020, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu abonaba las ayudas del Ingreso Mínimo Vital mediante una encomienda de gestión. A partir de ahora, se encargará de recibir y analizar las peticiones, aprobarlas y abonarlas. Todos estos trámites se realizarán a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).
Para hacer efectivo el traspaso, se ha acordado descontar los 187 millones de euros de los 1.407 millones que el Ejecutivo de Vitoria debe abonar este año a la Administración central en concepto de "cupo vasco".
El "cupo vasco"
Esto es la cantidad que, tras recaudar todos los impuestos, el Gobierno regional abona a la Administración central para sufragar su parte proporcional de los servicios que recibe del Estado en su territorio (como Defensa, aeropuertos, puertos del Estado, Exteriores o mantenimiento de la Casa Real).
Pero las peculiaridades del Concierto Vasco hacen que el Ejecutivo autonómico reciba la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con su correspondiente dotación económica, sin haber contribuido a financiarlo con un solo euro.
La última Ley del Cupo Vasco se aprobó en 2017, por un período de cinco años: es decir, estaba en vigor hasta 2021, pero queda automáticamente prorrogada hasta que se apruebe la nueva.
En aquel momento, 2017, no estaba prevista la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, por tanto, en el cálculo no se incluyó su posible coste económico. En consecuencia, el Ejecutivo regional no ha contribuido a financiarla para el conjunto del Estado con un solo euro de los impuestos que recauda en su territorio (que son prácticamente todos, incluyendo el IRPF, IVA e hidrocarburos).
Agujero de la Seguridad Social
De acuerdo con el cálculo previsto, el Gobierno vasco recauda directamente estos tributos y aporta al Estado el 6,24% (su parte proporcional del PIB español) del coste de las competencias que la Administración central todavía ejerce en su territorio.
Lo mismo ocurre con la financiación de los denominados "gastos impropios" de la Seguridad Social. Desde este año, los Presupuestos Generales del Estado prevén una partida de 36.300 millones de euros para hacerse cargo de unos gastos que hasta ahora se cubrían con las cotizaciones sociales, y aumentaban el déficit de la Seguridad Social.
Ahora, estas prestaciones no contributivas, como las políticas activas de empleo son "gastos impropios" que no estaban previstos en 2017, cuando se diseñó la actual Ley del Cupo. Y por eso el Ejecutivo vasco no contribuye a su financiación con un solo euro (le correspondería abonar al Estado 2.265 millones para contribuir a su financiación, aplicando el mismo coeficiente del 6,24%).
Las nuevas competencias
Una vez cerrado el acuerdo sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Ejecutivo de Iñigo Urkullu quiere asumir ahora otras competencias estatales pendientes de traspaso, como las Cercanías de ferrocarril, la Gestión del Litoral y Meteorología.
El último hito de este calendario es gestionar desde Vitoria la Seguridad Social, aunque la entrega de esta transferencia resultaría mucho más problemática, pues supone romper la caja común.