Mariano Alonso Brais Cedeira

La información exclusiva publicada por EL ESPAÑOL que evidencia que el Ministerio del Interior acercó a presos de la banda terrorista ETA basándose en informes médicos dudosos de una profesional de la medicina que fue dirigente de Batasuna, el brazo político de los etarras, ha provocado una ola de indignación entre las víctimas del terrorismo y la oposición política. 

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Según denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), las informaciones publicadas por este periódico en las últimas horas vendrían a reflejar la estrategia seguida por la izquierda abertzale para lograr que los etarras en prisión sean acercados a cárceles vascas. "Venimos denunciando el paripé que suponían las falsas cartas de arrepentimiento y ahora los informes médicos que no pretendían otra cosa que blanquear este cambio de política penitenciaria a cambio de nada", asegura Carmen Ladrón de Guevara, abogada de este colectivo.

A su juicio, vendría a confirmarse que la aproximación penitenciaria de los miembros de la banda terrorista al País Vasco no es más que "una cesión más a Bildu. En ningún caso se trata de una cuestión de legalidad penitenciaria, como viene afirmando el ministro y el secretario general de Instituciones Penitenciarias".

Para el PP, se trata de algo "humillante" para las víctimas del terrorismo etarra y por extensión para todos los españoles el hecho de que tras conocerse hechos como este Fernando Grande-Marlaska siga siendo el titular de Interior. Así lo manifestaba en las redes sociales la vicesecretaria de Organización de los de Pablo Casado, Ana Beltrán, quien resaltaba que "Interior y ex dirigentes de Batasuna, aliados necesarios para favorecer a presos de ETA. 

Los populares llevan tiempo poniendo en la diana de sus críticas a Marlaska, también por la concesión de terceros grados, como el que recibió en 2020 el asesino de Lardero, y también por los pluses salariales a los directores de las prisiones por favorecer ese régimen de semilibertad, como también desveló este periódico.  

La doctora en cuestión, Matilde Iturralde Martínez de Lizarduy, fue una destacada integrante de Herri Batasuna, brazo político de ETA en los años más duros de la banda terrorista. En 1997 fue condenada por el Tribunal Supremo, junto a otros 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, a una pena de siete años de prisión por un delito de colaboración con banda armada. Dos años después resultó absuelta por el Tribunal Constitucional.

Su particular modus operandi hacía que los reclusos pertenecientes a ETA recurriesen a ella de manera preferente. Así lo hizo, por ejemplo, Javier Zabalo Beitia, que cumple condenas de 72 años por por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga, que no llegó a explotar. Zabalo pidió en junio de 2020, en una carta remitida a la dirección de su prisión, que Martínez de Lizarduy fuese designada como "médico de confianza".