Desde 2019, España ha perdido casi medio centenar de farmacias distribuidas por todo el territorio. Establecimientos sanitarios que se encontraban en zonas rurales y que suponían el único nexo con el sistema de salud en kilómetros. Por ello, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España han puesto en marcha un plan para evitar que sigan desapareciendo.

Se trata de establecer nuevos márgenes y deducciones fiscales a las oficinas de farmacia más pequeñas para que puedan seguir subsistiendo: el plan pasa por incrementar las garantías de la prestación farmacéutica en estas oficinas "situadas en zonas con riesgo de despoblación y económicamente vulnerables".

El proyecto se ejecutará mediante una modificación de un Real Decreto que pauta los requisitos exigibles a las oficinas de farmacia para que puedan beneficiarse de la aplicación de un índice corrector por su baja facturación pública.

El índice corrector es, a fin de cuentas, una compensación económica que hace el Gobierno en beneficio de aquellas farmacias económicamente comprometidas para que tengan un mayor margen en la venta de medicamentos. Estas compensaciones económicas se aplican a aquellas boticas que no superan los 200.000 euros anuales de facturación al Sistema Nacional de Salud por recetas públicas. La compensación máxima actual es de 833 euros mensuales.

De esta forma, la modificación del Real Decreto 823/2008 afecta a las conocidas como farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida). El objetivo final del Ministerio es modificar los requisitos que se pedían actualmente elevando "las cuantías fijas derivadas de la aplicación del índice corrector de los márgenes mediante la actualización del IPC", así como la "actualización anual" de las cuantías fijas.

Aunque el Ministerio no concreta cómo se van a modificar estos requisitos, da a entender que lo hará focalizándose, sobre todo, en la localización de estos establecimientos. Es decir, boticas de pequeños núcleos de población y de la España más despoblada.

Viabilidad y sostenibilidad

La noticia ha sido bien recibida por los farmacéuticos. En declaraciones a EL ESPAÑOL, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, afirma que la revisión del índice corrector de los márgenes de las farmacias VEC "debe suponer un primer paso para dotarlas de la necesaria sostenibilidad".

"Desde el Consejo General vamos a remitir las correspondientes aportaciones al Ministerio de Sanidad para enriquecer esta norma y añadir otras soluciones estructurales que contribuyan a la viabilidad de todas estas farmacias", añade.

A este respecto, recuerda que ya han presentado otras propuestas dirigidas a avanzar en la sostenibilidad del conjunto de la red de farmacias, especialmente de las ubicadas en las zonas más frágiles y deprimidas, como la de estudiar incentivos fiscales para las del ámbito rural.

Tal y como confirma Aguilar a este diario, el órgano que representa a los farmacéuticos de España está trabajando junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un proyecto que permita fijar población en el medio rural, ofreciendo servicios que responden a necesidades reales de los pacientes "y que podrían contribuir a su vez a dotar de estabilidad económica y profesional a estas farmacias".

Situación necesaria

Según los datos que recoge el Ministerio de Carolina Darias, en España existen actualmente 712 oficinas de farmacia VEC a las que se aplica este índice corrector. Es decir, más del 3% de la red nacional de farmacias.

Aun así, el documento refleja que el número de oficinas de farmacia afectadas por el índice corrector ha caído en los últimos cinco años. Mientras que es de 712 en el año 2021, era de 800 en 2020, de 819 en 2019, de 856 en 2018 y de 899 en 2017.

Hay que recordar que la mayoría de las VEC se localizan en municipios de menos de 1.500 habitantes. Y este tipo de establecimientos son "más del 80% de las oficinas de farmacia afectadas en el territorio nacional".

La modificación de los índices correctores por parte del Ministerio de Sanidad no es algo nuevo, puesto que en 2012 se suprimió el requisito que sólo permitía acceder a un índice corrector a las farmacias situadas en entornos "aislados" o "socialmente deprimidos". Desde entonces se puede acceder a este beneficio desde cualquier localidad.

Grandes ciudades

Según un informe publicado en julio de 2021, la pandemia de Covid-19 provocó el cierre de 16 farmacias fuera de las capitales y un aumento del 13,5% del paro registrado de licenciados y auxiliares de farmacia a finales del 2020.

Además, durante el año 2020 se produjo la apertura de 53 farmacias, 3 de ellas en capitales y 50 en las provincias. El cierre de las 16 citadas farmacias más el que se produjo en 2019 (de 39 establecimientos) incrementa el total a casi medio centenar de boticas.

Según el estudio, las farmacias cerradas se situaban en Navarra y Castilla-La Mancha (durante 2019), mientras que en 2020, la mayor parte del cierre de farmacias se produce en Castilla y León.

Aunque han sido poco estudiadas las causas del cierre de farmacias, el estudio apuntaba a la pérdida de población. Se estima que existen en España, por lo menos, de 2.500 a 3.000 farmacias atendidas exclusivamente por su titular.

Según dicho informe, estos establecimientos reportan a sus titulares un rendimiento inferior al que obtendrían si fueran adjuntos en una botica ajena; a pesar del riesgo económico y empresarial que supone poner en marcha una farmacia.

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