Podemos quiere hacer pagar al PSOE su abstención a la proposición de Ley Trans que se votó este martes en el Congreso y que impidió su tramitación. La negativa a apoyar una norma que avala la ministra de Igualdad, Irene Montero, podría derivar en un veto a los socialistas el próximo Día del Orgullo.

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La ministra pretende llevar de nuevo la ley al Congreso antes del 28 de junio, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall (1969). Con esta maniobra trata de arrinconar al PSOE, sabedora de que otro impedimento a su tramitación tendría como consecuencia el veto del colectivo trans, que se ha convertido en parte sustancial del movimiento feminista.

Según fuentes socialistas, el problema tiene difícil solución. La Ley Trans, tal y como la quiere Unidas Podemos, está bloqueada por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que advierten falta de seguridad jurídica y de garantías constitucionales.

Unidas Podemos defiende que se pueda cambiar el sexo registral con la mera declaración del interesado -medida muy criticada por los expertos-, pero los socialistas entienden que el Tribunal Constitucional tumbará una medida así. A este argumento, entre otros, se aferran PP y Vox para votar en contra.

La Federación Plataforma Trans ya ha advertido al PSOE a través de su presidenta Mar Cambrollé de que "se abstenga de aparecer en los Orgullos" y les pide que "suelten la bandera del colectivo LGTBI". Una consigna que comparte el Consejo Juventud de España y que da cuenta del veto que podría producirse.

Posturas antagónicas

El veto del PSOE a esta ley sería una batalla ganada por parte de Unidas Podemos en la pugna que los dos partidos disputan por erigirse como portavoces oficiosos del movimiento feminista, que cuenta con un papel cada vez más protagónico del colectivo trans.

Pero el trasfondo es complejo. La suya es una pugna entre dos cosmovisiones irreconciliables dentro del feminismo: la del feminismo de raigambre marxista contra el feminismo queer, partidario de la "autodeterminación de género".

El PSOE, partido mayoritariamente afín a las tesis del feminismo clásico, sostiene que el denominado derecho a la "autodeterminación" carece de "racionalidad jurídica" y priva de sujeto al feminismo, además de desatar unas contradicciones de las cuales la primera víctima sería la propia mujer.

El argumentario del partido en esta materia se hizo público en junio de 2020 a través de un documento firmado por Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Ahí advertían de que hay una manipulación interesada de conceptos "fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género" que pone "en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer".

La Ejecutiva del PSOE emite este comunicado el día que el Gobierno aprueba la Ley de la Infancia. E.E.

Por otro lado, el feminismo queer que cuenta con predicamento en Podemos acusa al feminismo clásico de "transfóbico" por no aceptar que la identidad sexual se "autodetermina".

La teoría queer, sistematizada por la filósofa norteamericana Judith Butler, defiende que la identidad sexual no está esencialmente inscrita en la naturaleza humana, sino que es una construcción variable que depende de factores diversos como la cultura. A esta teoría se aferran las personas transexuales para afirmar que su sexo es aquel con el cual se identifican, no con el que nacen.

Al renegar del dato biológico, el sector feminista encabezado por Calvo considera que la llamada Ley Trans acepta postulados ideológicos y está "en contra de los posicionamientos que defienden los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos".

"No es progre ni de izquierdas fulminar los derechos de las mujeres", zanjan las feministas del PSOE, que se exponen a un veto el Día del Orgullo. El mismo que sufren desde hace años formaciones como Partido Popular y Ciudadanos.