El caos jurídico y de restricciones en las distintas comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma sigue creando polémica, sobre todo tras las imágenes de fiestas y botellones en varias ciudades de España este fin de semana. Si bien el Gobierno se ha negado a ampliar el estado de alarma como solicitaban varias comunidades, ahora se abre a que estas lo pidan.

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Además, ya no se descarta realizar "alguna reforma legislativa" ante los criterios "no homogéneos" de los tribunales superiores de justicia.

Así lo ha dejado claro el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que aunque considera que "en este momento no toca" un estado de alarma a nivel nacional, "si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease" para su comunidad, "el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría".

Iceta ha hecho estas declaraciones en Radio Euskadi, precisamente la comunidad en la que su Tribunal Superior de Justicia rechazó el viernes que se mantuvieran los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno y el límite de reuniones a cuatro personas tras el fin del estado de alarma al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

Iceta ha defendido que tras el fin del estado de alarma las comunidades autonómas tienen "instrumentos suficientes" para aplicar restricciones encaminadas al control de la pandemia, algo que desde el País Vasco no comparten ya que desde hace semanas su lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado la necesidad de extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo ante la necesidad de garantías jurídicas. 

Urkullu y varios presidentes autonómicos de distinto signo político, incluso del PSOE, llevan semanas advirtiendo al Gobierno que sin el paraguas jurídico del estado de alarma no se podrían mantener restricciones como los cierres perimetrales, el toque de queda o la limitación de reuniones. Y así lo confirman varios tribunales superiores de justicia, como el de País Vasco o Canarias. Otros, como el de Baleares o Comunidad Valenciana sí avalan estas medidas. 

Reforma legislativa

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha reconocido que el toque de queda o el cierre perimetral de una comunidad o de una provincia son aplicables bajo ese paraguas del estado de alarma y ha pedido a las comunidades que antes de llegar a ese punto hay "muchísimas medidas" que pueden adoptar. Entre ellas el control de aforos en la hostelería y su horario.

En este punto, Iceta ha recordado que ante los criterios "no homogéneos" de los tribunales superiores de justicia que ya se están observando, desde este lunes las comunidades pueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el real-decreto ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.

"Si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde hacer alguna reforma legislativa", ha señalado en la línea con lo expuesto este lunes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en El País. 

Sobre la posibilidad de un estado de alarma para toda España, Iceta cree que "en estos momentos, no se plantea" y no se prevé que "se pueda reanudar en los próximos meses". Eso sí, ha matizado que "desde luego las autoridades sanitarias tienen que ir reaccionando conforme la evolución de la pandemia".

Tribunal Supremo

El Gobierno, que ha dejado en manos de las autonomías la toma de medidas tras el fin del estado de alarma, aprobó la semana pasada un real decreto-ley que establece que será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra. El objetivo, dice, es que así se mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema. De hecho, el decreto da cinco días al Supremo para resolver el recurso de casación que interponga la comunidad autónoma. 

Canarias será la primera comunidad autónoma que recurrirá al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ratificara el toque de queda este domingo. País Vasco, por ahora, no acudirá al Alto Tribunal. 

El pasado jueves el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo emitió un primer informe sobre este decreto-ley del Gobierno en el que planteaba una serie de problemas procesales y apuntaba a una "posible insuficiencia" de este tipo de norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales.

El PNV, "atónito"

Ante este nuevo escenario, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado "atónito" ante el "giro" en el posicionamiento mantenido hasta ahora por el Gobierno en relación al fin del estado de alarma, ya que "no admite que ha metido la pata".

"No tiene sentido mantener el estado de alarma sólo en algunas comunidades autónomas. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades”, ha indicado Esteban en declaraciones a Euskadi Irratia.