El Ministerio de Transportes, competente en materia de Vivienda y que lleva más de tres meses redactando la nueva ley sobre la materia, aún no ha recibido respuesta oficial del de Derechos Sociales a su última propuesta. El miércoles pasado, y como informó EL ESPAÑOL en primicia, el equipo de José Luis Ábalos hizo una propuesta concreta a los negociadores de Pablo Iglesias -que la calificaron de "indecente"- para la regulación de los alquileres, "pero aún no hemos recibido respuesta", explican las fuentes consultadas, "es más, hemos llamado para fijar una reunión y no nos dan fecha en su agenda".

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Tal como ha podido saber este periódico, David Lucas, secretario general de Vivienda, ha telefoneado al menos en dos ocasiones a Ione Belarra, secretaria de estado para la Agenda 2030 y negociadora jefe del equipo de Iglesias. Por ahora, no ha obtenido confirmación para volver a reunirse.

Y la sospecha del lado socialista del Gobierno es que el departamento del todavía vicepresidente segundo del Ejecutivo está jugando a dilatar la negociación para poder aprovechar la polémica durante la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid, a las que se presenta el líder de Unidas Podemos.

Eso sí, en la mañana de este martes, poco antes de que comenzara la reunión del Consejo de Ministros, los socialistas se han desayunado con un viraje en las posiciones de los morados... pero filtrado a los medios de comunicación.

Propuesta de Unidas Podemos

Según el nuevo plan de los morados, al que ha tenido acceso este periódico, Unidas Podemos ofrece la posibilidad de subir precios "hasta el 2,5%" pero sólo en determinados casos. Una concesión para mantener su empeño de intervenir el mercado del alquiler para "contener los precios abusivos o incluso bajarlos". Así lo marcan el acuerdo de coalición y el logrado por Iglesias durante la negociación de los Presupuestos, a finales del pasado mes de octubre.

Aquel pacto, arrancado de madrugada y con muchas tensiones y amenazas cruzadas entre las dos partes del Ejecutivo, ponía negro sobre blanco que ambos ministerios serían "coproponentes" de la nueva Ley de Vivienda. Pero desde el lado de Unidas Podemos critican al PSOE por limitarse a mandar, "y con poca voluntad política", borradores para que los de Iglesias trabajen sobre ellos, sin aceptar propuestas provenientes del otro bando. Además, el documento fijaba que la norma se presentaría a finales de enero en el Consejo de Ministros y un mes después en el Congreso: "Ya llevamos dos meses de retraso", lamentan del lado de Iglesias.

"Ya comenzaron tarde los trabajos", explican las fuentes moradas del Gobierno, "y luego suspendieron la negociación durante la campaña catalana", lo que levantó ampollas en el equipo negociador de Iglesias. El PSOE está convencido de que ahora es el todavía vicepresidente el que les está devolviendo la pelota, "aunque sin decirlo", para poder aprovechar la controversia como argumento de campaña. 

Polémica de campaña

La regulación de los alquileres es el principal punto de fricción entre los socios de coalición. Unidas Podemos lleva años defendiendo el control de precios "para que un alcalde tenga herramientas para imponer una bajada de precios abusivos de los pisos en las zonas tensionadas". El PSOE, por su parte, apuesta por un modelo de "beneficios fiscales" alegando que "en democracia es mejor negociar que imponer".

Y las fuentes consultadas ofrecen como explicación, "como mínimo el pragmatismo", ya que es a los "grandes propietarios" a los que, por otro lado, el Ministerio les está pidiendo un esfuerzo en el Plan de Vivienda "para sacar decenas de miles de pisos hoy vacíos al mercado del alquiler social".

Según Lucas, ésta es la mejor vía para "aumentar la oferta y que bajen los precios" sin tener que intervenir el mercado, "lo que redundaría en una contracción de la oferta, como ya se ha visto en los países europeos que han aplicado esas medidas", e incluso en Barcelona.

Del lado de Belarra se rechaza que la medida que ya aplican los Comunes en el Ayuntamiento de la capital catalana, aprovechando la vigencia de la ley autonómica -recurrida ante el Constitucional- haya fracasado. Y, en todo caso, se remiten a lo firmado. "Lo acordado es ley", recordó Iglesias en su primer mitin de precampaña, el pasado sábado, tal como ha recordado en numerosas ocasiones Belarra, quien lo sustituirá en el Ministerio.

Los morados acusan al PSOE de "incumplir" los acuerdos. Y este lunes aseguraban que, ahora, los socialistas "se abren a negociar la propuesta de control de precios esbozada por la Vicepresidencia que capitanea Pablo Iglesias". Un extremo que se niega del lado del PSOE. En el Ministerio de Transportes explican que la de este lunes fue "una reunión técnica" en la que sólo se discutieron "aspectos de la última propuesta socialista", la de los incentivos fiscales. "Se vieron, trabajaron y se emplazaron a nuevas reuniones"... ésas que aún no tienen fecha.

Iglesias exige que la ley incluya la intervención del mercado del alquiler en zonas de mercado tensionadas fijando topes a los precios en base a los índices que se elaboren en las distintas Comunidades Autónomas. Y en su nueva propuesta han añadido que "en ningún caso, la renta a abonar por el inquilino sea superior a la del anterior contrato suscrito".

El último planteamiento de la formación morada sí establece una serie de casos en los que "se puede superar dicho índice en un 2,5%" a partir de determinadas variables. Por otro lado, aboga por el despliegue de "un registro de contratos de alquiler" en el que se especificaría, entre otros campos, si el propietario es un particular o un "gran tenedor", como una 'socimi'.