El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el más opaco desde que existen datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB), en 2015. Su cumplimiento de las resoluciones de este organismo público pero independiente no supera las seis de cada 10. Con Mariano Rajoy en Moncloa, el sometimiento del Gobierno a las órdenes de Transparencia rondaba el 85%.

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Las reclamaciones de transparencia han ido aumentando paulatinamente. En 2015, 2016 y 2017 -años de gobierno del PP- hubo 149, 257 y 273. Fueron resueltas el 87,9%, el 85,6% y el 83,9%, respectivamente. En 2018, con Rajoy de presidente hasta la moción de censura de junio, hubo 351 solicitudes, y se esclarecieron el 82,1%.   

Ahora mismo, el Ejecutivo de coalición está enredado en al menos tres procesos por incumplimiento del libre acceso a la información, sometidos al Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno.

El primero es el de la opacidad con la que se están enviando a inmigrantes de Canarias a la Península y las diferentes versiones ofrecidas por el ministro titular del asunto, Fernando Grande-Marlaska, y sus compañeros de Ejecutivo. Eso llevó la semana pasada al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a exigir información a través de este órgano oficial. La misma ministra portavoz admitió el pasado martes que "hay que exigirle al Gobierno la mayor transparencia"... antes de no contestar a una pregunta de los periodistas.

El segundo tiene que ver con el despido del jefe policial que alertó de la pandemia en enero, adquirió mascarillas en febrero y las distribuyó con indicaciones de autoprotección a los agentes. Fue destituido en marzo por "crear alarma", aunque en su expediente se dejó en blanco el motivo del cese.

El Consejo de Transparencia ordenó el pasado 6 de noviembre a Marlaska que dejase de ocultar los motivos por los que relevó el 12 de marzo al jefe del servicio de Seguridad Laboral de la Policía Nacional, José Antonio Nieto. Interior tenía 10 días para hacer constar por escrito lo que le dijeron de palabra sus superiores, que fue por "crear alarma" entre los agentes al comprar y distribuir mascarillas, guantes y EPI (Equipos de Protección Individual) desde enero... porque venía una pandemia de coronavirus. Por ahora, no hay respuesta

Y el tercer proceso desatendido es el que exige a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que dé a conocer los nombres del "consejo de expertos" que asesoró a su Ministerio en la desescalada de la primera oleada de la Covid. Han pasado dos semanas desde que Transparencia le dio un plazo de 10 días para cumplir este requerimiento. Pero el Ejecutivo, después de decir que "estudiaría" la orden, se ha negado por la vía del silencio administrativo. Oficialmente, en el portal de Transparencia el expediente dice "no consta cumplimiento".

La ley y su cumplimiento

Según el portal del CTBG -con datos actualizados a 31 de octubre-, este 2020 ha sido, sin duda, el año en el que menos reclamaciones se han interpuesto ante el Consejo. El primer estado de alarma suspendió todos los procesos administrativos de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio.

Además, la ralentización de toda la actividad económica y política en cualquier nivel de la Administración ha propiciado que en este ejercicio sólo se hayan presentado una media de 19 reclamaciones al mes. Esto es, más o menos la mitad de las 34 de media que los españoles presentamos en 2019... y eso que fue un año de verdadera parálisis política sin Gobierno desde finales de enero y con cinco convocatorias electorales a todos los niveles.

Cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. CTBG

La llegada del Ejecutivo de coalición a inicios del pasado enero permite atribuir un ejercicio completo al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... lo que no deja nada bien a ninguno de los dos líderes, que inauguraron su acuerdo, precisamente, abrazándose en un acto solemne en el Congreso en el que no se permitieron preguntas ni siquiera la presencia de los periodistas.

Según los datos oficiales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sólo ha resuelto un 60,4% de las reclamaciones que se le han presentado en 2020, es decir, 116 de 192. Del resto, hasta en 42 el Consejo de Transparencia acusa al Gobierno de que "no consta cumplimiento", nueve están recurridas en el Contencioso-Administrativo y sólo 25 permanecen en tramitación.

Es decir, que en el mejor de los casos y si todas éstas se acabaran resolviendo en los meses de noviembre y diciembre, el Ejecutivo sólo podría aspirar a un nivel de transparencia del 73%, en un entorno similar al de 2019. Entonces, el Gobierno en solitario de Sánchez llegó al 70,9% de las 412 solicitudes, lo que en realidad ya era el peor ejercicio de la serie histórica -a más de 10 puntos de distancia respecto del mínimo anterior-, pero que se podría haber achacado a la ralentización de una Administración en funciones.

El Gobierno más opaco

De hecho, desde que hay datos disponibles, en 2015, la concienciación ciudadana no hacía sino aumentar las reclamaciones, año a año. Éste será el primero en el que hay menos quejas que en el curso anterior... pero sobre todo, 2020 va a ser, de larguísimo, el año más opaco desde que se mide la transparencia del Gobierno.

Convocatoria de prensa Consejo Ciudadano Estatal Podemos. E.E.

La Ley fue una iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, de cuando tenía mayoría absoluta y se le criticaba por sus faltas de transparencia. La idea ya estaba en el programa electoral del PP de 2011 pero cobró una nueva dimensión cuando el presidente apareció ante la prensa en una "pantalla de plasma".

Según los medios de ideología más cercana a la entonces oposición, Rajoy en realidad estaba dando acceso a los periodistas a un discurso del presidente del PP a su Junta Directiva Nacional... exactamente lo mismo que hoy hace, por ejemplo, Pablo Iglesias en sus intervenciones ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

Además, en época de pandemia, el streaming de las comparecencias de los políticos se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Cabe recordar que al inicio de la alarma, el Gobierno censuró y filtró las preguntas de la prensa a los miembros de Gabinete, hasta que los periodistas se plantaron.

Datos objetivos

Hace seis años, cuando el Ejecutivo del PP dio a luz el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, acababan de nacer "los nuevos partidos", Podemos y Ciudadanos, que vendían "una nueva política" más abierta y cercana. Y lo cierto es que, con sus carencias, la iniciativa fue un avance que hoy permite medir objetivamente la calidad del acceso a la información que dan el Gobierno central, los autonómicos y las corporaciones locales. Y la cantidad de obstáculos que ponen unas y otras.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es, hoy, el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por su publicidad y el derecho de acceso a la información y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Así está definido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Una norma que lo dota de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.

Sus funciones principales están orientadas al control de las Administraciones y de su tendencia habitual a restringir el acceso a informaciones que las puedan comprometer; a facilitar los procesos para la concurrencia y la competencia; y, en todo caso, a adoptar recomendaciones, asesorar, informar y promover el cumplimiento de las obligaciones y principios contenidos en la ley. En definitiva, evaluar a los Gobiernos y su transparencia. Y en esto, el actual de Sánchez e Iglesias, se acerca al suspenso, con la peor nota de todos los que le precedieron.

Estructura y funcionamiento

Javier Amorós es el actual presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, es el subdirector general de Transparencia, y tuvo que suplir a la presidenta, María Esther Arizmendi, por su fallecimiento, en noviembre de 2017.

El Consejo se compone de un presidente, dos subdirecciones -la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, y la Subdirección General de Reclamaciones- y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Esta comisión está compuesta por un presidente -que es el del Consejo- y siete vocales: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

El presidente se nombra por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con carácter previo a su nombramiento, el candidato propuesto debe comparecer ante el Congreso de los Diputados que ha de refrendarle por mayoría absoluta.

El presidente desempeña su cargo por un período no renovable de cinco años, con dedicación absoluta, y no recibe instrucciones de autoridad alguna.