El presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados el próximo 16 de diciembre, previsiblemente y a petición propia, para pasar el primer examen del estado de alarma que impuso el pasado 25 de octubre. La fecha es casi segura, al haberlo solicitado en la primera semana de vacaciones de la Cámara ante las Navidades, aunque será una simple rendición de cuentas, no se votará nada.
Así lo pactó el PSOE con sus socios cuando logró que todos ellos aceptaran el estado de alarma de medio año consecutivo, el más largo de la democracia. Además, el presidente dará cuenta ente el pleno de los últimos Consejos Europeos. Sobre todo del que se celebra sólo cinco días antes en Bruselas.
Esa cita de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 es clave. En ella, el orden del día prevé abordar la definitiva salida de Reino Unido del espacio económico de la Unión. Pero sobre todo, una solución al bloqueo impuesto por los gobiernos de Budapest y Varsovia a los fondos europeos.
Para Sánchez es clave llegar a su comparecencia en el Congreso con un acuerdo que asegure la llegada de los fondos de recuperación europeos, cuyos primeros 27.000 millones tiene comprometidos vía deuda pública en los Presupuestos Generales que sigue tramitando, ahora el Senado.
Condiciones pactadas
Fuentes del Gobierno confirman la solicitud del presidente y desde el Congreso se da por hecho que la del 16 de diciembre será a fecha de la comparecencia. Habrán pasado menos de dos meses desde la imposición del estado de alarma, y de la prórroga de medio año.
El pasado 29 de octubre, y con la ausencia del presidente que se fue de la Cámara tras escuchar a Salvador Illa defender su petición y no regresó hasta la votación, el Congreso aceptó medio año de excepcionalidad.
Después de que los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) y los socios independentistas del Ejecutivo llegaran a sondear un acuerdo para forzar comparecencias mensuales de Sánchez ante la Cámara Baja, finalmente, ERC impuso su visión. Los republicanos negociaron una enmienda transaccional con el PSOE y Unidas Podemos para que el presidente aceptara comparecer cada dos meses a pasar el examen de su estado de alarma.
Además, el ministro Illa se comprometía a hacerlo cada mes ante la comisión de Sanidad del Congreso -lo que en realidad suponía rebajar su ritmo de comparecencias, que eran quincenales-. Y finalmente, el Gobierno aceptó una revisión en marzo de la excepcionalidad constitucional, a los cuatro meses, en el seno de la Conferencia de Presidentes, previa consulta al Consejo Interterritorial de Salud.