El pacto entre Gobierno y ERC permitirá a la futura Generalidad que salga de las urnas autonómicas del próximo 14 de febrero evitar el incómodo y en la actualidad casi testimonial trámite de tener que justificar en qué gasta su presupuesto.

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Oficialmente, Cataluña se convertirá en una autonomía como cualquier otra y dejara de estar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda. En la práctica, el acuerdo entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián le permitirá al nuevo gobierno autonómico volver a la situación previa a 2015, cuando la Generalidad invirtió ingentes cantidades de dinero en la financiación del procés separatista. 

El control financiero de las cuentas de la Generalidad se había convertido en un mero trámite. Un trámite que, sin embargo, actuaba como freno, más estético que efectivo, de cualquier posible tentación que pudieran sentir ERC y JxCAT de desviar fondos públicos hacia fines ilícitos.  

El control de las cuentas de la Generalidad encontró su mayor justificación cuando varios de los líderes del procés fueron condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo por el delito de malversación de fondos públicos, además de por el delito de sedición.

Los condenados fueron Oriol Junqueras, actual líder de ERC desde su celda de la prisión de Lledoners; Raül Romeva y Dolors Bassa, también de ERC; y Jordi Turull, el único de los condenados por malversación de fondos públicos que no pertenecía a ERC. 

Cinco años de control

Hacienda controla las cuentas de la Generalidad desde 2015. Fue ese año cuando la utilización de los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte de la Generalidad generó la obligación para esta de justificar mensualmente frente al ministerio en qué se gastaba estos.

En 2017, con la intensificación del procés, ese control, que obligaba a la Generalidad a remitir a Hacienda un listado de sus gastos, se convirtió en semanal. En octubre de ese mismo año, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno asumió el control total de las cuentas de la Generalidad

Ese control absoluto acabó el 2 de junio de 2018, con la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno catalán. Ese día se levantó de forma automática el 155 y la Generalidad recuperó su autonomía tras 218 días intervenida por el Ejecutivo

A los pocos días, la portavoz del Gobierno en ese momento, Isabel Celaá, confirmó que la Generalidad podría actuar a partir de entonces como cualquier otro gobierno regional sin necesidad de justificar sus cuentas. El control inherente al FLA se mantuvo, sin embargo, vigente. 

"Hemos dado instrucciones a los bancos para que la Generalidad pueda hacer pagos sin pasar por la supervisión de las cuentas" dijo Celaá entonces. "Los bancos podrán financiar a la Generalidad en sus gastos sin necesidad de la supervisión del sello de España". 

Fin del "austericidio"

Gabriel Rufián fue muy cuidadoso el pasado martes cuando anunció frente a la prensa el acuerdo al que había llegado con el Gobierno para el fin del control financiero de la Generalidad.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Efe

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados puso el acento en las implicaciones sociales del control de las cuentas catalanas y esquivó por completo el verdadero motivo por el que estas fueron intervenidas en un primer momento: el de evitar el desvío de fondos hacia fines ilícitos. Es decir, los del procés

"Ponemos fin al 155 financiero aplicado por Montoro y Rajoy desde 2015" dijo Rufián. "El acuerdo acaba con la tutela y el abuso austericida de los ministros de Hacienda a la economía catalana". Según el republicano, el fin de ese control dará "herramientas sociales para el futuro gobierno de la Generalidad surgido de las urnas el próximo 14 de febrero".

El acuerdo del Gobierno con ERC incluye, entre otras medidas, una inversión de 2.300 millones de euros en Cataluña. Es decir, 300 más de los inicialmente previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Según Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC y presidente autonómico en funciones, Cataluña "superará la contribución en PIB que hace sobre el conjunto del Estado". 

Tras el acuerdo con PSOE y Podemos, Cataluña recibirá también casi 600 millones de los fondos europeos. De ellos, 371 se destinarán a políticas "medioambientales" y otros 225, a vivienda. 

Fin al control

José María Cano, diputado de Ciudadanos en el Parlamento autonómico catalán y portavoz de la Comisión de Economía, explica en conversación con EL ESPAÑOL en qué consiste y qué consecuencias tendrá el fin del control de las cuentas de la Generalidad por parte de Hacienda. 

"El primer control, en 2015, se deriva de la utilización del FLA" dice Cano. "A partir de ahí, y frente a la deriva separatista y el uso de esos fondos para temas ilegales, lo que se hace es reforzar ese control. Esto se ha mantenido hasta ahora, aunque se ha relajado en la forma de hacerlo". 

"Ahora, la Generalidad ha de presentar cada mes un informe de ejecución del presupuesto. También tiene que dejar constancia de que no contraviene el ordenamiento jurídico. Ese control es el que han pactado eliminar, aunque no ha desaparecido ninguna de las causas que lo justificaban".

Esas causas, según Cano, son el alto endeudamiento catalán, cercano a los 80.000 millones de euros, y la total dependencia catalana de las fuentes de financiación estatales. La opacidad y la falta de transparencia son, por su parte, problemas endémicos de la comunidad autónoma catalana. El acuerdo con el Gobierno sólo hace que perpetuarlo. 

"No sabemos, por ejemplo, cuánto se gastan en las embajadas y dónde va todo ese dinero que sólo sirve para hablar mal de España" dice el diputado de Ciudadanos. "Además, siguen en la voluntad de volverlo a hacer. El riesgo de que esos recursos se destinen a fines ilícitos sigue ahí. Tampoco está claro si el control era muy efectivo".

Injustificable en democracia 

"En 2018, ese control pasó de semana a mensual. Hasta ahí tenían que justificar cada gasto y cada factura. A partir de 2018 se volvió a la situación de 2015. Es decir, la Generalidad debe confirmar que esos fondos no se destinan a fines ilícitos. Que ya es grave que alguien tenga que justificar eso en una democracia". 

El fin del control de los gastos de la Generalidad le ahorrará a ERC justificar partida a partida y gasto a gasto. Hasta ahora, no bastaba con el certificado que confirmaba que esos gastos se ajustaban a la legalidad, sino que había que certificar cada uno de los pagos. "Ocurrió por ejemplo con las farmacias, a las que la Generalidad debía mucho dinero, que se utilizaba en otras cosas" dice Cano.

Pero si el control es prácticamente testimonial, ¿qué interés tiene ERC en su fin, más allá del propagandístico? "Hay dos factores" responde Cano. "El primero es el que ya hemos comentado, el fin del compromiso de la Generalidad de destinar sus fondos a fines lícitos".

"Pero también se trata de un gesto hacia ERC de cara a los Presupuestos. También el PSC busca eso. Porque su objetivo es el tripartito de ERC, PSC y Podemos. Y cualquier cesión que haga Pedro Sánchez en este sentido facilita ese objetivo. Es algo que ya hicieron los socialistas en el pasado, cuando le cedieron la educación a ERC".