Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que movilizará a los madrileños si se confirma el preacuerdo al que han llegado el Gobierno y ERC para subirle los impuestos a los madrileños.
"Es una vergüenza que un pacto entre socialistas e independentistas pretenda subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños" ha dicho el consejero de Hacienda. Lasquetty ha respondido así al anuncio de la creación de una comisión bilateral cuyo objetivo será acabar con lo que ERC llama "el paraíso fiscal de Madrid".
"Desde luego, si socialistas e independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho en la Comunidad de Madrid en tributos como Sucesiones o Patrimonio", ha añadido el consejero, "que sepan que van a tener enfrente a la Comunidad, pero sobre todo van a tener enfrente directamente a los madrileños".
ERC llega a un preacuerdo para apoyar los Presupuestos.
No todo vale
A las declaraciones de Lasquetty se ha sumado José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP. Almeida ha afirmado que los Presupuestos "no se pueden negociar a golpe de chantaje y contra las comunidades". "Lo que hace Rufián ya no es negociar más y mejor para los catalanes, sino ir contra otras comunidades".
El alcalde madrileño ha negado la acusación, habitual entre el separatismo catalán y el populismo de izquierda, de dumping fiscal madrileño. "Aquí no hay paraíso fiscal. Hay una región que aplica la legalidad. Cuando se acusa de paraíso fiscal habría que decir al independentista Rufián que se aplica el marco normativo de las comunidades".
"Lo que le pasa a Cataluña no es culpa de Madrid", ha añadido Almeida, "sino de no haber sido capaces de gobernar para todos y de generar un marco institucional que dé tranquilidad a los inversores".
"Si es cierto que finalmente el gobierno de Sánchez cede a un chantaje, a Madrid le puede pasar factura. Que se olviden de frenar a Madrid, porque Madrid seguirá con la misma línea de certidumbre, con la misma estabilidad que nos ha permitido liderar España" ha finalizado Almeida.
Acuerdo encaminado
El encargado de anunciar el preacuerdo entre PSOE, Podemos y ERC ha sido el portavoz republicano en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.
Rufián ha afirmado en rueda de prensa que el objetivo del acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC es "acabar con el paraíso fiscal que de facto la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora".
Rufián no ha anunciado explícitamente el sí de ERC a los Presupuestos a cambio del aumento de los impuestos a los madrileños y del fin del control financiero de la Generalidad por parte del Gobierno, vigente desde 2015 a raíz de una decisión del PP de Mariano Rajoy y Cristobal Montoro, pero de sus palabras se deduce que dicho acuerdo está encaminado.
Pérdida de competitividad
El incremento de la presión fiscal a los madrileños es una vieja reivindicación de ERC, que pretende compensar así la perdida de competitividad catalana frente al auge de la Comunidad de Madrid. En principio, dicha subida afectaría a los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, aunque podría ampliarse a otros tributos.
En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes de la Comunidad de Madrid cercanas a Isabel Díaz Ayuso han afirmado que utilizarán "todos los recursos legales para blindar nuestra política fiscal".
Desde 2008, la Comunidad bonifica al 100% el impuesto de Patrimonio, lo que beneficia a aproximadamente 18.000 ciudadanos con patrimonios superiores a los dos millones de euros.
Considerado por los expertos como un tributo ineficiente y escasamente rentable –la Comunidad de Madrid apenas recaudaría 900 millones con él–, el impuesto de Patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, para ser posteriormente reimplantado en 2011, a raíz de la crisis financiera y del paupérrimo estado de las arcas del Estado español.
Recentralización fiscal
Si se confirma, el acuerdo entre PSOE y ERC obligaría a forzar la reimplantación del impuesto de Patrimonio en Madrid, algo que violaría la autonomía fiscal de la Comunidad. En la práctica, el pacto entre el Gobierno y los republicanos implica conceder a ERC la potestad de decidir los impuestos que pagarán los madrileños.
El pacto no llega libre de cargas para ERC. Para castigar a los madrileños por su mayor competitividad fiscal, los republicanos aceptarán a regañadientes una recentralización de las competencias fiscales del Gobierno central en el sobreentendido de que esta sólo afectará a Madrid, no a Cataluña.
La reintroducción del impuesto de Patrimonio obliga también al Gobierno central a negar la disposición de la ley de financiación de las comunidades autónomas que concede a las regiones la potestad de decidir el mínimo exento del impuesto de Patrimonio, así como su tipo, sus bonificaciones y sus deducciones.
Mismas competencias financieras
A pesar de la acusación de dumping fiscal, lo cierto es que Cataluña tiene exactamente las mismas competencias financieras que Madrid. Dicho de otra manera. La Generalidad podría reducir su desventaja fiscal con respecto a Madrid bonificando el impuesto de Patrimonio al 100%, tal y como hace la Comunidad.
La opción escogida por Cataluña ha sido, sin embargo, la contraria. Más de 75.000 ciudadanos pagan el impuesto de Patrimonio en Cataluña, aportando a las arcas del Estado, y de la Generalidad, algo más de 500 millones de euros anuales.
Oficialmente, ERC afirma que su objetivo es incrementar la recaudación del Estado en aproxidamente 1.000 millones de euros. Casualmente, la misma cantidad que recaudaría la Comunidad de Madrid si reimplantara el impuesto de Patrimonio en los mismos términos y condiciones que lo aplica la Generalidad catalana.
En realidad, el dumping fiscal de Madrid es sólo un mito. En 2018, Madrid recaudó 84.413 millones por IRPF, IVA e impuestos especiales. Pero sólo 19.000 de esos casi 85.000 millones se quedaron en Madrid. El resto se destinó a la financiación de los servicios públicos de otras comunidades. Y entre ellas, Cataluña.
"Cataluña nos roba"
Los datos son claros. Los ciudadanos madrileños son los que más aportan al fondo común, pero sólo son los novenos en inversión por habitante. Reimplantar el impuesto de Patrimonio en Madrid castigaría la economía de los madrileños, pero beneficiaría a las comunidades menos eficientes fiscalmente, como la catalana.
El nacionalismo catalán suele esgrimir también un segundo argumento, junto con el del dumping fiscal, para exigir que se incrementen los impuestos a los madrileños. Es el argumento del supuesto "efecto capitalidad" madrileño.
Pero Madrid es la capital española desde 1561 y sólo en contadas ocasiones ha sido, como en la actualidad, el motor financiero del país.
Dicho de otra manera. El efecto capitalidad no ha jugado siempre a favor de Madrid y si lo hace en la actualidad es, entre otras razones, por su afinada política fiscal en relación a otras comunidades que someten a una mayor presión fiscal a sus ciudadanos a costa de una pérdida su competitividad.
En contra de Cataluña ha jugado también el procés, que ha dañado muy seriamente la estructura económica de la región.
Existe, sin embargo, una vía de escape para Madrid. Si la Comunidad mantiene su bonificación del 100% y el Estado impone un gravamen mínimo, este sería recaudado por el Gobierno central. Pero si Madrid impone un tipo superior al del Estado, el impuesto sería recaudado por la Comunidad.
Obviamente, esta solución castigaría igualmente a los madrileños, pero permitiría al menos que el dinero se quedara en Madrid.