El 14 de febrero se celebrarán en Cataluña las que podrían ser las elecciones más concurridas de la historia de Cataluña. La fecha, a falta de confirmación oficial y de una posible nueva "jugada maestra" de Carles Puigdemont que vuele por los aires los planes de ERC, fue anunciada ayer viernes por Roger Torrent, el presidente republicano del Parlamento autonómico, durante una entrevista en la emisora Rac1.
Si el bloque nacionalista, actualmente formado por ERC, JxCAT y la CUP, puede acabar sumando ese 14 de febrero dos nuevos partidos –un PDeCAT definitivamente escindido de JxCAT y el Partit Nacionalista de Catalunya de Marta Pascal–, el bloque constitucionalista podría sumar hasta seis formaciones en el espacio que antes ocupaban cuatro. Y eso sin contar a los 'comunes' de Podemos.
Esos seis partidos serían Ciudadanos, PSC, PP, Vox, la Lliga Democràtica de la politóloga Astrid Barrio y del expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) Joaquim Bosch, y la marca electoral de Manuel Valls, que en diciembre de 2019 registró sus estatutos en el Ministerio del Interior con la vista puesta en las futuras elecciones a la Generalidad de Cataluña. Contactado ayer por EL ESPAÑOL, el equipo de Valls no reveló sin embargo sus intenciones de cara al 14 de febrero.
En total, 12 posibles partidos para un censo de poco más de 5.500.000 votantes, de los cuales votaron en 2017 el 79,04%. Es decir, 4.393.099.
Doce partidos a los que se podría sumar también a última hora alguno de las pequeñas formaciones, grupúsculos y escisiones del nacionalismo conservador –Convergents, Units per avançar o Lliures– que durante los últimos meses han coqueteado con la idea de resucitar eso que en Cataluña suele llamarse "nacionalismo moderado" o "catalanismo pragmático", y que en la práctica es poco más o menos que la versión 2.0 del viejo pujolismo.
Muecas de escepticismo
La posibilidad de que alguno de esos nuevos partidos logre, no ya romper el eterno empate entre bloques, sino conseguir representación en el Parlamento regional, provoca muecas de escepticismo entre el constitucionalismo. La tesis mayoritaria es la de que el votante no decidirá su voto en función de su ideología, sino de la realidad del terreno de juego. Es decir, de las posibilidades reales de gobierno de los partidos que concurran a los elecciones.
Dicho de otra manera. Que el catalanismo conservador no independentista, la opción defendida con distintos matices por la Lliga Democràtica, Convergents, Units per avançar y Lliures, sea la presunta ideología de cientos de miles de catalanes no implica necesariamente que estos vayan a votar por alguno de esos nuevos partidos.
"Su voto se dividirá entre el PSC y ERC" vaticinan fuentes de la oposición. "Son las dos opciones que hoy en día se perciben de forma mayoritaria como 'catalanismo moderado' en Cataluña, y como capaces de acabar con la política de la confrontación y a cara de perro de los tres últimos años" añaden las mismas fuentes.
Una unión improbable
Todos los intentos por lograr la unión del constitucionalismo, y más concretamente la de PSC, PP y Ciudadanos, han sido de momento infructuosos. Algo paradójico si se tiene en cuenta que esa parece ser la opción preferida por una buena parte de los votantes constitucionalistas y de sus elites culturales y empresariales. Pero no por los líderes políticos que deberían llevarla a cabo, con la excepción de Ciudadanos.
El actual presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, pidió ayer viernes a los votantes constitucionalistas, durante una entrevista en Ràdio 4, que acudan a las urnas el próximo 4 de febrero. Preguntado por la posibilidad de una coalición o plataforma constitucionalista, Sánchez Costa declinó sin embargo pronunciarse: "Ya son mayorcitos para saber lo que tienen que hacer".
Sólo un poco más entusiasta respecto a esa posibilidad fue el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, durante su entrevista de ayer en TV3. Fernández no descartó la posibilidad de una coalición con Ciudadanos y PSC, y dijo estar dispuesto a trabajar por ella a pesar de las dudas que le plantea. La fórmula, en opinión del líder popular, no debería sin embargo mezclar siglas: "Mezclar las siglas PSC con PP puede provocar un cacao importante en los electores".
"Me parece una frivolidad por parte de Ciudadanos plantear una coalición en estos términos" añadió luego Fernández. "Otra cosa es colaborar. Lo hicimos el 6 y 7 de septiembre del año 2017, y hemos sido capaces de encontrar espacios de colaboración con las fuerzas constitucionalistas. Pero otra cosa es ir juntos a las urnas".
Inés Arrimadas, por su parte, reiteró ayer durante una entrevista en RNE que su candidato a la presidencia de la Generalidad es Carlos Carrizosa, pero que el cartel electoral no sería el elemento "definitorio" de cara a un hipotético pacto con el PP y el PSC.
La insinuación de que Ciudadanos estaría dispuesta a sacrificar el número uno de esa lista, a pesar de ser el partido ganador de las elecciones de 2017, no obtuvo respuesta por parte de PSC y PP.
"Estamos intentando convencer a PP y PSC de que esto no se trata de si tú subes tres escaños más o yo subo tres escaños menos, sino de que no podemos perder ni un escaño constitucionalista" dijo también una Arrimadas que se mostró sin embargo pesimista respecto a las intenciones del PSC. "El PSC suele preferir tirar hacia ERC" dijo.
Arrimadas está en lo correcto. De las declaraciones del PSC de las últimas semanas no se desprende mayor interés por una coalición constitucionalista que corre el riesgo de alienar a buena parte de sus votantes. Precisamente aquellos que podrían decantarse en un momento dado por Podemos e incluso por ERC. Con mayor razón, desde su punto de vista, si el PSC se alía con "la derecha españolista" de PP y de Ciudadanos.
Acuerdo parcial
A día de hoy, la opción más factible es, tras la del no-acuerdo, la de que PP y Ciudadanos lleguen a un acuerdo parcial que les permita concurrir juntos en las dos provincias en las que el nacionalismo es más fuerte y el constitucionalismo, más débil. Es decir, en Lérida y Gerona.
PP y Ciudadanos concurrirían sin embargo con sus siglas en Tarragona y Barcelona, donde obtienen la mayoría de sus votos y no resulta tan necesario optimizar los resultados de cara a una ley electoral que suele beneficiar de forma clara a los partidos independentistas.
La posibilidad de que el PSC se sume a una coalición o plataforma constitucionalista, aunque sea parcial y sólo en una o dos provincias, es muy pequeña. Los sondeos electorales insisten en mostrar un aumento sensible del PSC, que podría pasar de los 17 escaños actuales a los 26, lo que desincentiva cualquier tentación de aproximación al PP o a Ciudadanos, si es que esta ha existido en algún momento.
El PSC de Miquel Iceta quedaría, sin embargo, lejos de los 36 escaños de Ciudadanos en 2017. La desmovilización del electorado constitucionalista, que ese año acudió en masa a las urnas para conjurar el peligro de una nueva declaración de independencia o de una radicalización aún mayor del procés, juega en contra de PP, PSC y Ciudadanos. Pero sobre todo de Ciudadanos, que podría perder el 60% de sus escaños.
Globalmente, la última encuesta de GAD 3 para La Vanguardia otorga 58 escaños a las opciones constitucionalistas –incluyendo en ese grupo a los 'comunes' de Podemos– y 77 a los independentistas, con una ERC que podría alcanzar los 42 escaños y un JxCAT que alcanzaría los 31, beneficiados por una ley electoral que optimiza sus resultados y castiga los del constitucionalismo.
El diablo está, sin embargo, en los detalles. De acuerdo a esa misma encuesta, ERC tendría la opción de sumar una mayoria suficiente tanto con JxCAT –sin necesidad de la CUP– como con el PSC, e incluso con los 'comunes' de Podemos, si el PSC acepta garantizar la gobernabilidad desde fuera del Gobierno. La carrera hacia el 14 de febrero empieza, en resumen, cuesta arriba para el constitucionalismo.