Las llamadas del Gobierno a la “unidad” para sacar unos Presupuestos con el máximo apoyo parlamentario conviven con los cálculos electoralistas que hacen tanto PSOE y PP para tratar de evitar el desgaste institucional derivado de la crisis sanitaria y su impacto sobre la economía.
Es en esta delicada coyuntura que el Ejecutivo decidió retrasar la Ley de Memoria Democrática hasta este septiembre, pese a que el pasado 30 de junio la vicepresidenta Carmen Calvo anunció en el Senado que en la segunda mitad de julio llevaría al Consejo de Ministros su anteproyecto de Ley.
Además de “restituir la dignidad de las víctimas”, en el seno del Ejecutivo creen que esta nueva norma servirá para explotar las contradicciones del PP. No es casualidad tampoco que el momento para presentarlo coincida con la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox.
Tras el anuncio hecho por Santiago Abascal, fuentes gubernamental explicaron a EL ESPAÑOL que era “una moción contra el PP, no contra nosotros" y que se trataba de “la lucha por la primacía en la derecha".
En este sentido, la Ley de Memoria Democrática puede contribuir a debilitar al PP frente a Vox y a que el bloque de investidura cierra filas con Sánchez. “En la votación sobre la exhumación de Franco el PP se abstuvo, pero entonces Vox era un partido extraparlamentario”, recuerdan las fuentes consultadas.
El decreto ley, votado en septiembre de 2018, salió adelante con 172 votos a favor, 164 abstenciones y dos votos en contra de diputados del PP, que aseguraron que había sido por error.
La iniciativa del Gobierno contó con la convalidación del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDECat, PNV, CC, Compromís, Nueva Canarias y Bildu. El PP y Ciudadanos, por su parte, se abstuvieron porque a su juicio no era una medida “urgente” como para ser aprobada mediante un decreto.
Más PSOE que Podemos
La nueva Ley de Memoria Democrática ha sido encargada, además, al mismo equipo jurídico de Moncloa que diseñó la salida de los restos del dictador del que fue su emplazamiento durante casi 44 años.
Al frente de ese equipo está el secretario de estado de Memoria, Fernando Martínez, quien ya ocupaba la dirección general hasta enero, cuando dependía de Justicia. Y junto a su equipo colabora la oficina de Presidencia, sobre todo Félix Bolaños, secretario general y colaborador cercano de Calvo, también, en otros actos relevantes, como la organización del Homenaje de Estado a las víctimas de la Covid del pasado 16 de julio en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.
La norma pretende profundizar en la equiparación de "la Dictadura o la figura del dictador Franco" con "el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas”.
Además, declarará juicios nulos, ilegalizará a cualquier entidad que "glorifique la dictadura, la represión y la persecución a las víctimas" del franquismo, como la Fundación Francisco Franco.
Se trata de una medida que abandera Calvo desde vicepresidencia. Sus socios morados han opinado en reiteradas ocasiones que la ley “se queda corta”.
El texto que Unidas Podemos registró hace ya dos años, aún en la oposición, era una proposición de ley con un articulado aún más revisionista. De hecho, extendía el franquismo hasta el año 1982 y reclamaba la creación de la figura de "víctimas de la Transición", ya que endosaba a la época de la UCD "violencia de origen institucional".
Sin embargo, y desde sus actuales responsabilidades en el Ejecutivo bicolor, bien con buenos ojos la nueva legislación. Saben que servirá para marcar distancias con la derecha y, quizás, para ahondar en la división que suscitan todos los aspectos relacionados con la Guerra Civil.