En Génova ya hablan de un "antes y un después". La voladura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha levantado un muro entre el Gobierno y el PP que será difícil de derribar. Una pared referida, en este caso, a la mera interlocución entre las partes, dando por supuesto que los grandes acuerdos hace tiempo que no están sobre la mesa.

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Un paso más hacia la discordia. De la imposibilidad de acordar un plan concreto contra la pandemia a la de establecer un diálogo discreto; lejos de cámaras, micros y periódicos. El equipo de Casado exterioriza su enfado y reitera que "no existen precedentes de lo que está sucediendo".

Este lunes por la mañana El País publicaba que Pablo Casado, en un principio, se prestó a estudiar con Pedro Sánchez la actualización del CPGJ. Lo hizo vía WhatsApp, en respuesta a un mensaje previo del líder del Ejecutivo. "¿Adónde vamos a parar? ¿Pablo ya ni siquiera puede escribirle sin que lo filtren? Es gravísimo", detallan fuentes populares en conversación con este periódico.

Los de Casado sitúan a Sánchez detrás de una traición ajena a cualquier protocolo parlamentario. Sostienen que el mensaje fue enviado al teléfono del presidente: "¿Qué va a ser lo próximo? ¿Contará a la opinión pública los WhatsApps que le manda el Rey? Esto no puede seguir así".

Las negociaciones para el pacto de la magistratura transcurrían en un halo de discreción absoluta. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del PP en esta materia, Enrique López, abrieron camino. Tras varios encuentros entre los equipos, Gobierno y oposición se miraban con optimismo. Hasta que Casado dio marcha atrás.

En ese contexto llegó la filtración del Whatsapp. Según razonan en Génova, Moncloa quiso asegurarse de retratar a Casado y distorsionar los motivos de su "no". La versión aireada por los gubernamentales -en público y en privado- es esta: el PP rectificó después de que Cayetana Álvarez de Toledo revelara, por sorpresa y tras ser destituida, que el reparto de jueces estaba a punto de consumarse.

Los conservadores alegan esta otra: Unidas Podemos -una parte del Gobierno con el que se negociaba el CGPJ- lanzó una cruzada contra la jefatura del Estado -y por ende el sistema- después de que se conociera la salida al extranjero de Juan Carlos I. Poco después, trascendió que los de Iglesias habían sido imputados por "financiación irregular".

Dos motivos que, según fuentes del PP en charla con EL ESPAÑOL, "obligaron" a Casado a romper las negociaciones. Unidas Podemos viene siendo -desde su fundación- una organización intensamente crítica con la monarquía, pero el PP reitera que el caso del Emérito desató "una situación distinta". "Lanzaron una campaña brutal contra esas instituciones que íbamos a renovar. No podíamos aceptar esa deslealtad", resumen.

Dicho de otra manera: en contra de lo que pudiera parecer, el PP sí estaba dispuesto a negociar con el Gobierno -incluido Unidas Podemos- la renovación del CPGJ. Y se agarra a los dos motivos mencionados para explicar su repentino cambio de parecer.

Se trata de la segunda guerra de filtraciones acaecidas entre Gobierno y oposición en apenas una semana. Tras la reunión de Moncloa, Pablo Casado aseguró ante los medios que se iniciaba la negociación de una Agencia para la Reconstrucción que gestionara los fondos europeos. Acto seguido, el Ejecutivo lo desmintió por medio de su portavoz, María Jesús Montero.

Esa misma tarde, fuentes de Génova indicaban que Casado había sido víctima de una encerrona, mientras que el aparato de Moncloa informaba de que el líder de la oposición había confundido "un gesto de cortesía" con un "pacto".