Sánchez ya tiene encaminada buena parte de la negociación de los Presupuestos con la disposición mostrada por PNV y Ciudadanos. A la espera de ir sumando el máximo de apoyos parlamentarios posibles, Moncloa se muestra confiada con que Unidas Podemos se avendrá a no subir impuestos. Para ello habrá que hacer un "gesto" previo hacia sus socios, como puede ser el compromiso de aumentar el gasto social.

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Debido a la situación de pandemia y a la parte de los fondos europeos que llegarán en forma de inversiones y sin condicionalidad, hay margen para no incrementar la presión fiscal y, al mismo tiempo, llevar a cabo una "política expansiva", explican fuentes de la Moncloa.

Además, creen que ni Cs ni PNV ni el resto de fuerzas "a la derecha" que se sumen a apoyar las cuentas públicas se opondrán a esta política de gasto para reactivar la economía y ayudar a los sectores más vulnerables, puesto que forman parte del paquete de ayudas la Unión Europea previsto para a este fin.

Lo que preocupa en el equipo de Sánchez es, paradójicamente, lo contrario: que el dinero procedente de Bruselas no se gaste por problemas de formalidad. "Habrá que controlar que estas inversiones no queden sin ejecutar por problemas burocráticos".

70.000 millones 

La Comisión Europea entregará a España un total de 140.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia. De esa cifra, 70.000 millones serán a fondo perdido. Es decir, transferencias directas que el Estado puede utilizar sin preocuparse de devolverlas con objetivos concretos.

Aun así, el compromiso comunitario obliga a España avanzar en algunas reformas estructurales todavía por detallar, aunque en los departamentos de Hacienda y Economía creen que afectará a sectores como el empleo y las pensiones. En definitiva, dos de los talones de Áquiles de España y que obligará a Sánchez e Iglesias a no cumplir con sus promesas electorales de hace un año, como la de derogar la reforma laboral.

La eficacia del gasto directo es, por lo tanto, clave en esa operación. La Moncloa tiene en mente el precedente del Plan Juncker de 2014, que aunque no eran fondos transferibles directamente a los Estados, fue una política expansiva que "salió mal".

A veces, por un problema de formalidad en las peticiones que realizaban los estados miembros. Y en la práctica se tradujo en millones de dinero presupuestado para proyectos nacionales que finalmente no se efectuaron.

Es por esta razón que Moncloa creará su propia unidad de seguimiento de los fondos europeos, para supervisar que se ejecuten todas las partidas destinadas a cada ministerio, área o Comunidad Autónoma.

"Los 140.000 millones no son sólo para salir de la crisis, sino también para cambiar el modelo productivo en dirección a las recomendaciones que nos ha hecho la Unión Europea", apuntan las mismas fuentes.

El equipo de Sánchez vio como una "victoria personal" del presidente el pacto alcanzado a nivel comunitario después de las reticencias previas de los países frugales: "España se ha peleado en Europa para que las ayudas vengan en forma de estímulos y no solo de créditos. Esto es marca del presidente".

Sin pacto con Casado

Con todo, no están dispuestos a dejar esta oportunidad en manos de un nuevo ente externo como la agencia que pedía crear el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para gestionar dichos fondos. Pero también son conscientes de que deberán hacer un gesto hacia sus socios de investidura.

Sobre todo cuando algunos de los puntos del pacto de gobierno que sellaron, como es la creación de un impuesto a las grandes fortunas o la subida de la tributación mínima del impuesto de sociedades, no se van a cumplir.

Desde Moncloa aseguran que, al menos en estos dos primeros años de legislatura, hasta que la situación económica no mejore, "no se van a crear nuevas figuras impositivas", más allá de la tasa Google -que se desarrolla a nivel europeo-. Y si hay algún "gesto fiscal" hacia Podemos, se limitará a un aumento del último tramo del IRPF estatal porque es una “medida razonable” y el tipo actual es "muy atípico" en comparación a los de países de nuestro entorno.

En paralelo, este aumento del gasto social servirá a Podemos para poder vender ante su electorado que su presencia en el Ejecutivo es útil (y también para tratar de evitar que los sectores más izquierdistas en el seno de la formación ganen peso). Mientras que Sánchez blindará el apoyo de su aliado, sin renunciar a dar un giro moderado a su mandato.

De hecho, la formación de Pablo Iglesias ha pasado de vetar a Cs en la confección de los Presupuestos a darles la "bienvenida" si aceptan algunas de sus peticiones. Este giro no obedece solo a la directrices de Moncloa sino a la constatación que su principal socio externo, ERC, no está dispuesto a apoyar la cuentas públicas. 

La inminente inhabilitación de Torra por el Tribunal Supremo y la posterior celebración de elecciones en Cataluña ha obligado a los de Junqueras a cambiar de estrategia con el fin de que el partido de Carles Puigdemont no se imponga a las urnas.

Como dejó entender el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras su reunión con Sánchez, su objetivo es convocar la "Mesa de Diálogo" entre gobiernos y buscar una solución al "conflicto político".

Su participación en los Presupuestos, en cambio, ha pasado en un segundo lugar por la presencia de Cs en estas negociaciones. Y, al mismo tiempo, el Gobierno de coalición ya no depende exclusivamente de ERC y de sus socios de investidura para sacarlas adelante.

Mayoría alternativa

Como informó este medio, hay una mayoría alternativa para aprobar los presupuestos públicos y que la legislatura continúe que excluiría tanto a ERC y EH Bildu por un lado, y PP, por el otro. Esta otra mayoría estaría conformada por los dos partidos de gobierno (120 +35), Cs (10), PNV (7), Navarra Suma (2), Coalición Canaria-Nueva Canarias (2), Partido Regionalista Cántabro (1) y Teruel Existe (1). Alcanzarían los 178 diputados. 

La portavoz del Ejecutivo ya ha expresado su voluntad de que sean unos “Presupuestos de país”. Es decir, que cuenten con el máximo consenso parlamentario. Por ello creen que todavía pueden sumar a ERC o al PP y apelan a la "situación de excepcionalidad" derivada de la crisis sanitaria para adaptar las cuentas públicas al nuevo escenario post-Covid y, al mismo tiempo, para que sirvan para canalizar el paquete de ayudas europeas. 

No obstante, cuentan con la tranquilidad que si ni PP ni ERC se suman a la totalidad de los pactos presupuestarios, hay margen para que tiren adelante sin comprometer la legislatura. Con moderación fiscal y gasto social.