El 76,1% de los españoles no vería con buenos ojos que Unidas Podemos estuviese representado en el Consejo General del Poder Judicial, ahora que los distintos grupos parlamentarios negocian su renovación.

Una encuesta realizada por Sociométrica para EL ESPAÑOL indica que sólo uno de cada cinco españoles (el 21,3%) desea que los de Pablo Iglesias entren en el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre formaciones.

De hecho, tan sólo los votantes del PSOE (64%) y Podemos (94,2%) -partidos que conforman en coalición el Gobierno de España- son partidarios de la incursión morada en el Poder Judicial.

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Entre los votantes del centro-derecha, el rechazo a esta posibilidad es máximo. Sobre todo, entre los votantes de Vox, de los cuales el 99,2% no considera positivo que Podemos esté representado en el CGPJ. Entre los afines al PP, la cifra es de 92,7% y en Cs, de 91,7%. Tampoco son favorables los votantes de partidos nacionalistas y/o regionalistas (79%) ni los abstencionistas (87,4%).

Cabe recordar que el partido de Iglesias reclama dos puestos en el futuro Consejo General del Poder Judicial: un juez y un jurista. Dos plazas que tendrá que ceder el PSOE del cupo que le corresponda dentro del pacto al que podría llegar con el PP para repartirse la institución.

No obstante, el Partido Popular no está por la labor de que Podemos tome asiento por primera vez en un órgano que es clave dentro del entramado institucional y que se encarga de nombrar a los altos cargos judiciales, así como de aplicar el régimen disciplinario a los jueces.

En este sentido, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, aseguraba este domingo que es "imposible" renovar el órgano con "un partido radical que está cuestionando el orden Constitucional en España".

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Con respecto a los distintos sumarios judiciales en los que está inmersa la formación de extrema izquierda, el 73% de los encuestados considera que existen "motivos reales para la imputación" frente a un 16,2% que cree que estos casos "obedecen a una campaña judicial organizada" para socavar a los de Pablo Iglesias.

Podemos lleva tiempo abonado a la teoría del lawfare -"guerra judicial"- para justificar los múltiples problemas judiciales a los que debe hacer frente. Entre ellos, una demanda por despido improcedente, la posible implicación de Iglesias en el caso Dina y una denuncia por malversación y administración desleal. Todo ello gracias a las diferentes denuncias presentadas por el exabogado del partido, José Manuel Calvente.

Los datos recabados por Sociométrica para EL ESPAÑOL evidencian que los españoles no 'compran' el argumentario de Podemos con respecto a la existencia de unas "cloacas del Estado". Sólo los votantes de Podemos (en un 83%) muestran adhesión a esta tesis.

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De hecho, hasta los socialistas -sus socios de Gobierno- se encuentran divididos con respecto a la legitimidad de las causas judiciales abiertas contra Podemos: un 40,1% considera que se deben a una "campaña judicial" y un 33,9% aseveran que hay "motivos reales" para la imputación. Un 26% prefiere no responder a la pregunta.

Entre los votantes de partidos de centro-derecha la opinión es unánime: hay irregularidades que justifican que el partido haya sido imputado como persona jurídica. Así lo creen el 97,8% de los afines al PP, el 95,2% de los simpatizantes de Vox y un 90,9% de los liberales.

Los votantes de formaciones nacionalistas y/o regionalistas (45%), así como los abstencionistas (80,9%) tampoco se creen las soflamas de Podemos contra el Poder Judicial.

FICHA TÉCNICA

Se han realizado 1.620 encuestas a través del panel online y plataforma Gandia Integra (R), entre los días 3 y 4 de septiembre, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano, situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.

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