Las descalificaciones de los dirigentes de Unidas Podemos a los jueces han merecido de nuevo la respuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Reunida este miércoles en su habitual convocatoria de agosto, la Comisión ha recordado que "el respeto a la independencia del Poder Judicial" es "expresión de la división de poderes" y "un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia".
El CGPJ también recuerda la necesidad de que los ciudadanos mantengan su confianza en el Poder Judicial, como "mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”.
Pese a su descafeinamiento -el borrador que llevaban los vocales Juan Martínez Moya, Nuria Abad, José Antonio Ballesteros y Juan Manuel Fernández, todos ellos propuestos por el PP, era más amplio y firme-, el acuerdo viene a reiterar, más suavemente, el argumentario acuñado por el CGPJ cuando considera necesario salir al paso de las descalificaciones a los jueces: los políticos deben respetar la separación de poderes y es una irresponsabilidad que minen la confianza social en la Justicia cuando no les gusta o no les favorece una decisión judicial.
El texto ni siquiera contextualiza los hechos que motivan la declaración, aunque fuentes del CGPJ indicaron que no es otro que las críticas de Podemos al juez Juan José Escalonilla, que investiga una denuncia contra el partido por presuntas irregularidades financieras.
El portavoz de Unidas Podemos y otros dirigentes del partido han dedicado al magistrado una variada suerte de epítetos, como que hace "cosas extrañas" o que el procedimiento que instruye es un "esperpento" y "un despropósito".
La rebaja del escrito fue auspiciada por el presidente Carlos Lesmes para propiciar un acuerdo unánime. Pero los tres vocales propuestos por el PSOE -Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo- no dejaron margen y votaron en contra.
Tres votos en contra
Cuesta explica en un voto particular que "el acuerdo-declaración se ha adoptado de forma sorpresiva, sin estar incluido en el orden del día y sin que hubiera el necesario consenso para su inclusión".
Fuentes del Consejo aseguraron, sin embargo, que la formulación de una propuesta era del todo previsible porque los miembros de la Comisión Permanente ya disponían desde la semana pasada de un dossier con las manifestaciones de Podemos contra el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Para Cuesta, el acuerdo "supone una solemnización de lo evidente" por lo que es "innecesaria e inoportuna, pues al no especificar a qué comportamientos o a qué declaraciones se refiere susceptibles de amenazar o menoscabar la división de poderes o el respeto a la independencia del Poder Judicial, siendo así una reacción indiscriminada, pudiera generar confusión en la opinión pública" o "cuestionar" el derecho a la libertad de expresión "o el ejercicio legítimo de su derecho a la defensa procesal".
Para los vocales de la mayoría, en cambio, el órgano de gobierno de los jueces "no puede mirar a otro lado" cuando desde una fuerza política que está en el Gobierno se emiten "constantes descalificaciones" a los jueces, más grave en este caso porque la instrucción aún está en desarrollo.
También recordaron que en los últimos días, justo a raíz de la nuevas críticas del Podemos al Poder Judicial, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como os ministros de Justicia y Defensa, Juan Carlos Campo y Margarita Robles, han realizado manifestaciones reclamando el "máximo respeto a los jueces". "Estaría bueno que salgan al paso miembros del Ejecutivo y que, en cambio, el órgano de gobierno de los jueces calle y no haga una defensa de ellos", explicaron a este periódico.
También argumentaron que se trata de una "cuestión de coherencia" porque anteriores descalificaciones del propio Pablo Iglesias y de otros responsables de su partido han sido oportunamente contestadas por la Comisión Permanente, incluso con el acuerdo de Cuesta y Sepúlveda.
Los dirigentes de Unidas Podemos se han convertido ya en los más replicados por el CGPJ debido a sus permanentes descalificaciones al Poder Judicial.
El pasado enero, el órgano de gobierno de los jueces exigió "moderación" al vicepresidente del Gobierno y tres meses después volvió a expresar su "profundo malestar" por el hecho de que "un alto miembro del Gobierno propague una "sospecha inaceptable" sobre la imparcialidad de los jueces, en relación con la condena a Isabel Serra.
El pasado 28 de julio, Pablo Iglesias insistió en que tenía la "sensación de que la justicia no es igual para todos" a propósito de la suspensión del tercer grado penitenciario para los condenados por el 'procés'.
Las negativas valoraciones que Unidas Podemos emite sobre los jueces y tribunales no les llevan a evitar acceder al órgano que los gobierna. Al contrario. El partido de Iglesias reclama dos puestos -un juez y un jurista- en el futuro Consejo General del Poder Judicial. Dos plazas que le tendrá que ceder el PSOE del 'cupo' que le corresponda dentro del pacto al que llegue con el PP para repartirse la institución.
Sería la primera vez que Podemos tome asiento en un órgano clave del entramado institucional, encargado de los nombramientos de los altos cargos judiciales y de aplicar el régimen disciplinario a los jueces.