Rodolfo Martín Villa declarará este jueves en el consulado de Argentina en Madrid. Por fin se verá las caras con la jueza Servini, que intentó detenerle en 2014 y que lo investiga por "crímenes de lesa humanidad". El exministro del Interior en tiempos de la UCD acudirá pertrechado de decenas de cartas en su apoyo. Las más reseñables van firmadas por los cuatro expresidentes del Gobierno, los padres de la Constitución y distintos líderes sindicales.
"La Transición no fue un genocidio". Ésa será la tesis enarbolada por Martín Villa ante la magistrada. "Se defenderá él, pero también defenderá una época", trasladan desde su entorno a este periódico. "Hablan de genocidio y lesa humanidad porque es la única manera de que la justicia internacional pueda entrar en la causa", indican.
Sus escuderos -Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Herrero de Miñón o Roca- dibujan al que también ostentó la vicepresidencia del Gobierno con Calvo-Sotelo como a un político proveniente del franquismo que "hizo todo lo posible" para traer la democracia. Un conjunto de opiniones que Pablo Iglesias tacha de "vergüenza".
Los querellantes -familiares y amigos de las víctimas policiales- le acusan de haber orquestado "un plan para aterrorizar y eliminar físicamente" a quienes apostaban por la llegada de las urnas.
La variedad de sus partidarios -indicará Martín Villa a tenor de las fuentes consultadas- también será destacada en el interrogatorio: "Son los adversarios políticos cuya eliminación física yo pretendía, según la querella".
Martín Villa fue jefe del SEU -sindicato universitario-, gobernador civil de Barcelona y procurador en Cortes durante la dictadura. Más tarde, y tras sus puestos ejecutivos con UCD, integró la dirección del PP y volvió a ser diputado. Como empresario, por ejemplo, presidió Endesa.
Esta rocambolesca trama jurídica comenzó en octubre de 2014, cuando la justicia argentina dictó orden de detención contra Martín Villa. Desde entonces, asegura un portavoz de la familia, "no ha querido esconderse".
El exministro del Interior reseñará ante la jueza que su voluntad "siempre ha sido declarar": "No ha querido protegerse con la ley de amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos. Tampoco en el rechazo del Gobierno español a extraditarle".
El comienzo
Aquella orden de detención de octubre de 2014 se circunscribió a la conocida como "masacre de Vitoria", acaecida el 3 de marzo de 1976. Cinco personas murieron a manos de la policía durante el desalojo de una iglesia.
Los querellantes responsabilizan a Adolfo Suárez -ministro de la Gobernación interino porque Fraga estaba en Alemania-, Alfonso Osorio -ministro de la Presidencia- y Martín Villa -ministro de Relaciones Sindicales- de haber diseñado un "operativo represivo". Los dos primeros fallecieron.
¿Qué dirá Martín Villa? "Su intervención comenzó después de haber llegado al Gobierno la noticia de las primeras muertes. Sus decisiones de dirigieron a evitar más violencia". Un extremo que no convence a los familiares de las víctimas.
Después de la primera orden de detención, la acusación se amplió a seis muertes datadas entre 1976 y 1977, todas ellas ya con Martín Villa como responsable de los cuerpos de seguridad del Estado.
La mayoría -aunque alguna de ellas fuera asesinada por grupos de ultra derecha- murió a manos de la policía. En este aspecto, las fuentes consultadas no son demasiado concretas y emplazan a la declaración de este jueves: "No sabemos qué va a decir".
En agosto de 2019, el juzgado argentino extendió las diligencias a los sanfermines de 1978, donde un joven fue disparado y matado por la policía. Martín Villa compareció en el Congreso para dar explicaciones.
¿Qué le dirá a la jueza? En su entorno remiten a las declaraciones que Santiago Carrillo vertió aquel día en la Cámara: "Es la primera vez que he visto sancionar con relativa rapidez a oficiales y jefes de las fuerzas del orden público que han incurrido en faltas graves en el ejercicio de su misión".