Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se necesitan mutuamente. El 10-N, uno no podría haber siquiera soñado con ser investido sin el otro, y a la viceversa, el otro habría visto diluirse su proyecto político tras la tercera sangría de votos y escaños consecutiva en unas generales.

Noticias relacionadas

Por eso cerraron el pacto en apenas 48 horas y por eso siguen juntos, ambos se evitan crisis sistémicas: el uno seguir gobernando, el otro sobrevivir. Sánchez, los 35 votos de Iglesias; Iglesias el centenar de sueldos que ya no paga el partido (y de los que sí cobra un pico, por lo de la limitación salarial).

El matrimonio de convenciencia sigue conviviendo a pesar de que la pandemia del coronavirus ha revelado su separación cada vez más evidente: el PSOE está mostrando su dimensión de partido de Estado, y busca con gestos evidentes el acuerdo transversal en "los Presupuestos de la reconstrucción". Unidas Podemos es una confluencia impugnatoria del sistema, cuyos dogmas ideológicos no se amoldan a la emergencia económica y rechaza congelar los impuestos como ha prometido el presidente.

Las fuentes oficiales de la formación morada rechazan hacer comentarios sobre el último anuncio de Sánchez, que lo acerca definitivamente a Ciudadanos. Los votos del partido de Inés Arrimadas son imprescindibles para sacar las cuentas públicas adelante, pero mucho más lo son los de Iglesias, que se declara "incompatible" con las tesis liberales.

Los líderes de Unidas Podemos no comentan pero sí se remiten "a lo firmado" en el acuerdo de coalición: una reforma fiscal que incluía subir el Impuesto de Sociedades y la tributación de las SOCIMI, nuevos tramos para grandes rentas en el IRPF e incluso estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas -que Iglesias quiso convertir en un "impuesto a los ricos" rechazado por Sánchez-. Además, se comprometía la creación de nuevos tributos "sobre servicios digitales" y "transacciones financieras", toda una "fiscalidad verde".

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Efe

Desde el Ministerio de Hacienda, que ya está cerrando el primer borrador de los Presupuestos, dan por hecho que los morados pasarán por el aro. "Tendrán que entender que esto es lo que hay", explica un portavoz cercano a María Jesús Montero. "Al final, entenderán que conviene seguir juntos, que les conviene", puntualiza esta fuente, "y encontraremos algo que Unidas Podemos pueda rentabilizar ante sus bases".

Sueldos públicos  

Desde la llegada de Unidas Podemos al Gobierno, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el nombramiento de 40 secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y de Gabinete. Además de cinco vocales y 14 expertos asesores de diversos organismos del Estado. Pero entre los gabinetes técnicos y de asesoría de cada uno de los niveles administrativos de los cinco ministerios que ocupa la formación morada, fuentes parlamentarias han confirmado a este periódico que han sido designados no menos de 100 hombres y mujeres del entorno de Unidas Podemos.

De hecho, hasta 17 de los 20 miembros del Consejo de Coordinación -ahora llamado Secretariado- del partido de Iglesias cobran ya un sueldo público. Sólo Ana Marcello, Manuel Levin y Teresa Arévalo están en la dirección de Podemos sin un cargo político por elección o designación.

La realidad es que los fondos de la formación morada no están en su mejor momento. Tras las constantes caídas de ingresos por subvención electoral a causa de su descenso en votos de los últimos años, el partido ha debido acometer los gastos de su nueva sede central: unos dos millones de euros en la compra del inmueble, además de 1,3 más en las obras de acondicionamiento.

Además, el Tribunal de Cuentas acaba reclamar a las distintas formaciones integradas en Unidas Podemos que devuelvan al Ministerio del Interior casi medio millón de euros que les fueron concedidos en 2016 en concepto de subvenciones para sufragar gastos de seguridad, pero que no fueron utilizados para los fines que establece la ley o que ni siquiera se usaron.

Silencios

De ahí la necesidad de enjugar las cuentas y, quizá, de ciertos silencios. Algunos ante sapos que han debido tragar, en forma de nombramientos, desde la formación del Ejecutivo y otros sobre medidas de pura política. Lo que explica, también, una polémica del inicio de la legislatura, cuando los ministros morados se negaron a renunciar al acta de diputado.

Al mes de ser investido, Pedro Sánchez instó a sus ministros a dejar el acta de diputado. No era un ahorro de sueldos públicos lo que lo motivaba, sino eficiencia ejecutiva y legislativa: ocho nuevos diputados entraron en el Congreso -al correr la lista- para que ningún viaje ministerial pusiera en riesgo votaciones, y ellos podrían centrarse en sus departamentos. Sólo el presidente, Carmen Calvo, José Luis Ábalos y María Jesús Montero retuvieron el escaño. Sólo estos cuatro... y todos los de Unidas Podemos.

La decisión de los morados tenía una doble motivación económico-política. Para empezar, no perder los complementos por desplazamiento que paga la Cámara Baja y que sí son compatibles con el sueldo de ministro. Y, sobre todo, que una vez prometido el cargo, el jefe del Ejecutivo tiene tres prerrogativas personales: disolver las Cortes, nombrar y destituir ministros: ni Iglesias ni ninguno de los cargos de segundo y tercer nivel que nombraron los morados querían depender laboralmente de una posible ruptura de la coalición.