El Gobierno solicitará el miércoles al Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma para sacar adelante su plan de desescalada para volver a la nueva normalidad en ocho semanas. Los grupos de la oposición se han hartado de la forma de trabajar en Moncloa, a quien acusan de no contar para nada con ellos ni con las comunidades autónomas, que se enteran "por las ruedas de prensa" de las medidas que toma el Gobierno y que tienen que aplicar. Tras mes y medio de estado de alarma, ampliar la prórroga quince días más está más en entredicho que nunca. ¿Qué pasaría si el Parlamento no acepta que el Gobierno prorrogue por cuarta vez el estado de alarma?
Expertos constitucionales consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que el estado de alarma es un precepto constitucional "circunstancial" y "excepcional" que no se deroga, simplemente sus derechos se extinguen el día que deja de tener vigencia. De esta manera, si el Parlamento vota en contra de la cuarta prórroga, todos los derechos que el Ejecutivo central ha adquirido en esta situación de excepcionalidad desaparecerían y volverían a tener vigencia los Estatutos de Autonomía, la Ley General Sanitaria y la Ley de Protección Ciudadana. "El Gobierno dejaría de tener el mando único y las comunidades autónomas recuperarían su capacidad de acción", resumen.
De esta manera, los presidentes regionales tendrían de nuevo capacidad para tomar decisiones sobre las competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía le atribuyen, incluidas Sanidad y Educación. "Se podría dar el caso que unas autonomías abrieran los colegios y otras no. Sería un absoluto caos", pronostican los expertos en la materia.
Libre circulación
Si la mayoría de los partidos deciden no prorrogar más el estado de alarma, habría otro efecto que repercutiría de forma directa en la vida de los españoles: la circulación volvería a ser libre por todo el territorio nacional sin restricciones a partir del 11 de mayo, el primer día que dejaría de tener vigo el estado de alarma. A partir de entonces, todos los ciudadanos, vivan donde vivan, podrían moverse a pie, en transporte público o en su vehículo particular. También podrían traspasar las fronteras de la provincia en la que vive sin correr el riesgo de ser multados.
La Ley Orgánica 04/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio indica que es el Gobierno quien tiene potestad para aprobar, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, aprobar el estado de alarma. Quince días después, necesita la convalidación del Congreso para mantenerlo en el tiempo, al menos, quince días más.
Sánchez aprobó el 14 de marzo el Real Decreto 463/2020 con el que cerró bares, restaurantes, locales de ocio y tiendas; limitó las salidas a la calle de los ciudadanos, a los que únicamente se les permitió salir para comprar, a la farmacia o al médico y puso a todos los cuerpos de seguridad y al sistema sanitario -público y privado- bajo las órdenes del Gobierno. Ese día, el Gobierno asumió todos los poderes del Estado y, desde entonces, la autoridad competente que dirige el estado de alarma es el propio Gobierno. Más tarde, incorporó al mando único a cuatro ministros delegados: el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Unanimidad
El Gobierno consiguió que la primera prórroga del estado de alarma ningún partido votara en contra, un hecho inédito con la escalada de tensión que vive el Parlamento desde las últimas elecciones. Sin embargo, la unilateralidad elegida en Moncloa para hacer frente a esta crisis ha provocado que el Gobierno haya ido perdiendo poco a poco la confianza que la oposición depositó en el mando único.
En estas tres prórrogas, Pedro Sánchez ha visto ya cómo dos partidos han votado en contra, Vox y Bildu. Ahora son sus socios de investidura, los nacionalistas catalanes y vascos, los piden abiertamente que en la fase de desescalada las autonomías recuperen sus competencias.
Si PNV y ERC y JxCat votan en contra, el Gobierno estaría literalmente en manos del PP para sacar adelante la nueva prórroga. En Génova ya estudian las consecuencias que tendría si dan la espalda al Gobierno y Pablo Casado ha calificado el plan de desescalda como "un sudoku que nadie entiende". También Inés Arrimadas ha confirmado que el voto de su partido para la siguiente prórroga no está todavía decidido.