La guerra contra los bulos en redes sociales emprendida por el Gobierno ha quedado políticamente desactivada tras conocerse el doble rasero del partido de Pablo Iglesias, que el pasado 6 de marzo presentó una proposición de ley orgánica para la derogación de varios artículos del Código Penal relativos a la libertad de expresión y que permitirían, teóricamente, sancionar esos bulos.

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Entre esos artículos del Código Penal que Podemos quería derogar está el 504, que sanciona a "los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma".

El artículo 504 ha sido sin embargo uno de los que Podemos ha esgrimido para denunciar la supuesta existencia de una organización criminal dedicada a la propagación de bulos contra el Gobierno

La querella de Podemos fue presentada este lunes frente a la Fiscalía General del Estado por los abogados Enrique Santiago y Martina Velarde. En ella, el partido morado solicita que se inicien las acciones penales que correspondan contra los supuestos responsables de los delitos de "simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal". 

"Incapaz de gestionar"

Según la denuncia, esta supuesta organización criminal buscaría "causar dolosamente una injustificada alarma social, acusando directamente al Gobierno de ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, así como acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos por Covid-19".

La denuncia se sostiene sobre dos únicos ejemplos. El primero es la fotografía de un supuesto almacén de ataúdes sobre la que se ha superpuesto el logotipo del PSOE. El segundo es un vídeo que muestra decenas de bolsas de cadáveres y que sus autores han situado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. La primera imagen se tomó en realidad en Italia y la segunda, en Ecuador. 

De acuerdo a la literalidad del texto elaborado por los abogados de Unidas Podemos, el simple hecho de acusar al Gobierno de ser "incapaz de gestionar la crisis sanitaria" o aludir a la posibilidad de que las cifras reales de muertos por Covid-19 sean superiores a las reconocidas oficialmente podría ser motivo de denuncia frente a la Fiscalía por parte del Gobierno. 

La querella de Podemos parece sincronizada con las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dijo haberse topado con casos de "utilización criminal de las redes sociales". A sus palabras se sumó también el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando dijo plantearse cambios legales que castiguen a "aquellos que contaminan la opinión pública". 

"Incoherencia absoluta"

"Echar mano del artículo 504 del Código Penal cuando están proponiendo su derogación es una incoherencia absoluta", dice Carlos Sánchez Almeida, letrado del Bufete Almeida, especializado en internet y en delitos informáticos y relativos a la libertad de expresión. "Esto es una querella que persigue intereses políticos" añade de inmediato.

Carlos Sánchez Almeida es también el director de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). "La proposición de ley de Unidas Podemos del 6 de marzo incluye buena parte de las reivindicaciones de la PDLI, y por eso nosotros la aplaudimos en su momento. Hay que acabar con el desfile de gente en los juzgados por opinar contra la Iglesia, o contra el Rey, o contra quien sea". 

La querella de Podemos habla de tres posibles delitos. Simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal. El primero de ellos se encuentra regulado en el artículo 561 del Código Penal y castiga a quien "afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento".

"En este caso", dice Sánchez Almeida, "ha de tratarse de un bulo muy concreto en el que se den todos los elementos del tipo: que haya falsa alarma y que además ese bulo conduzca a la movilización de policía y de servicios de emergencia. Es decir, no cualquier bulo entra en ese tipo".

Jueces reticentes

El segundo de ellos, el de calumnias e injurias a altas instituciones del Estado, se encuentra regulado en el artículo 504 del Código Penal. El que Podemos pedía derogar hace apenas un mes con el argumento de que "apenas se ha aplicado, pues lógicamente las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía".  

"Se da la circunstancia de que la última reforma del Código Penal en materia de injurias sólo establece como delito las injurias graves. Las faltas de injurias han desaparecido. Y, además, los jueces son muy reticentes a aplicar este artículo", dice Sánchez Almeida. "Y lo mismo pasa con las calumnias". 

"Las organizaciones internacionales, el consenso internacional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacen que exijamos la derogación de ese delito de injurias y calumnias contra las instituciones. Ese tipo de libelos se deberían perseguir en todo caso por la vía civil, no por la penal" añade este abogado.

El tercer delito esgrimido por Podemos, el de organización criminal, tiene según Sánchez Almeida incluso menos recorrido penal que los dos anteriores, si es que eso es posible.

"Es la típica acusación que se incluye en las querellas para conseguir entradas y registros que de otra manera los jueces no autorizarían" dice Sánchez Almeida. "Porque es inverosímil que un juez autorice una orden de registro por un delito de injurias o de calumnias. Así que se suele meter el delito de organización criminal, que exige la existencia de un grupo de delincuentes organizados jerárquicamente, para conseguir esos registros por otra vía". 

Granjas de bots

Carlos Sánchez Almeida es, además, un buen conocedor de las estrategias digitales de los partidos y de la difusión de propaganda y de bulos interesados por parte de lo que, en términos técnicos, se conocen como granjas de bots. Es decir, perfiles falsos de redes sociales utilizados por los partidos políticos para la difusión de propaganda, de bulos o de mensajes de apoyo a sus líderes.

Según aquellos que conocen lo que se cuece en las catacumbas del internet político, los principales propagadores de bulos y los mayores usuarios de granjas de bots serían los partidos situados en los extremos del escenario político. Unidas Podemos y Vox, sobre todo. Pero también otros partidos de la extrema izquierda y del nacionalismo.  

"Lo que hay aquí es una guerra entre granjas de bots", dice Sánchez Almeida. "Porque no nos engañemos, todos los partidos lo hacen. De la misma manera que estos días hay una gran movilización de troles y de bots de derechas, también los hay de izquierdas. Que no se rasguen tanto las vestiduras en el Gobierno, porque todos están haciendo lo mismo".

Represión de las críticas

Pero, ¿cuál es el porqué de esta guerra iniciada por el Gobierno contra los bulos de WhatsApp y de las redes sociales? La sospecha entre periodistas y abogados especializados en delitos relativos a la libertad de expresión es que esta podría ser una manera de reprimir las críticas legítimas de la prensa y de los ciudadanos con la excusa de la guerra contra los bulos.

"Sin duda alguna", finaliza Sánchez Almeida. "Esto lo han hecho todos los Gobiernos desde 1995. Lo hizo Mariano Rajoy, lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero y lo hizo José María Aznar. Y lo está haciendo el actual Gobierno, porque están muy nerviosos y muy desesperados. El Gobierno está enseñando la porra para rebajar el nivel de las críticas. Está claro".